El lobby de un hotel ayacuchano; el pasillo de un avión en Juliaca; las escaleras de un edificio miraflorino: en el Perú la locación es irrelevante porque en el Perú hay violencia en todas partes. Uno de los episodios más recientes ha tenido lugar en Ica. Un video compartido a través de redes sociales muestra una escena en una calle del distrito de San Juan Bautista: es de día, hay niños alrededor, gente transitando. Desplomada sobre la vereda, una mujer solloza de dolor. La vemos porque hay alguien que reaccionó a tiempo: tomó su celular (quizá la única herramienta que tenemos a la mano para brindar ayuda) y registró el hecho. Ese alguien es otra mujer.
“Señora, grábelo. Fílmelo para la policía”, se escucha de fondo. “¿Siempre es así?”, pregunta una de las vecinas detrás del teléfono. Petronila Ramos, la víctima, ha sido pateada en la cadera y está inmovilizada. Su hija de dos años, asustada, llora mientras la observa. “Siempre es así, pero nadie interviene”, se contestan a sí mismas. “No permitas, madre, denúncialo, no tengas miedo. Hazlo por tu hijita, te puede hasta matar algún día”. Lo que las vecinas no saben es que Petronila ya lo había hecho: en mayo de este año acudió a la comisaría y en agosto le dieron medidas de protección. Pero a Petronila todavía la pueden matar algún día. Cualquier día.
A unos 600 kilómetros de Juan Bautista, en la arequipeña urbanización Pedro Paulet Mostajo, el cuerpo de Khaterine Monroy Huanca –universitaria, 18 años– fue encontrado esta misma semana carbonizado en una vivienda. Antes de quemarla, su ex pareja –Renzo Condori Sucari– la había asfixiado. Condori tiene 19 años. Hace ocho meses una joven cajamarquina de nombre Eyvi Ágreda fue rociada con gasolina y encendida viva mientras iba en un bus. Tras una brutal agonía, falleció a causa de sus quemaduras. Esto es el 2018.
ASUNTO DE CUIDADO“Lo primero que hay que entender sobre las garantías es que la problemática incluye a todas las personas vulnerables, no solo contempla la violencia de género”, explica la abogada penalista Romy Chang. Ante un episodio de abuso, las víctimas pueden acudir a la Prefectura y obtener una resolución, efectivamente, “pero no tienes una solución práctica porque eso implica una serie de medidas que involucran presupuesto, recursos”, continúa Chang. Un círculo vicioso que obliga a muchas de ellas a regresar a la misma vivienda que comparten con sus agresores o, lo que es peor, a desistir de reportar el abuso. ¿Qué queda por hacer? La realidad indica que las opciones son casi nulas. “Si algo te pasa, la garantía te dice que tu agresor será considerado como un presunto responsable. Eso es todo. Aquí no se trata de buscar una fórmula para encontrar al culpable: se trata de evitar que ocurra la agresión”. Cómo, es la pregunta que millones de mujeres –y hombres– en el Perú se plantean con cada vez más insistencia.
“Necesitamos mujeres empoderadas que conozcan sus derechos, que se sepan defender por sí mismas. Si no lo hacemos nosotras, nadie lo hará”. Lady Guillén sabe muy bien de lo que habla. La abogada tiene dos cosas claras: la primera es que los testimonios ayudan a visibilizar la problemática (“es importante que otras mujeres sepan que se puede salir de esto”); la segunda es que el sistema no mejora. “No somos pobrecitas. Sí, nos pegaron. Tenemos procesos, no nos hacen caso. Pero, a pesar de eso, hemos seguido adelante: podemos rehacer nuestras vidas y cumplir nuestros sueños”. El pasado setiembre Guillén dio a luz a su primera hija. La llamó Victoria.
“El sistema castiga el que te levantes, que te conviertas en activista de la causa. Que te pongas maquillaje, que te arregles”, coincide la periodista Lorena Álvarez, autora del libro No te mato porque te quiero. Catorce meses después de denunciar la agresión que sufrió por parte de su ex pareja (quien, entre otras cosas, intentó ahorcarla), el proceso empezado por Álvarez recién ha llegado a la fase indagatoria. “Ha demorado todo este tiempo porque el expediente policial va directamente a un juzgado para garantías, y de ahí entra a la sobrecarga del Poder Judicial”, sostiene. “De alguna manera, las instancias no acaban siendo complementarias”. En ese camino, la vitrina en medios y redes sociales sobre su caso no siempre ha jugado a su favor. “Me informaron a través de terceros que no hiciera mucho ruido, que iban a hacer un peritaje muy estricto conmigo [por el ruido]. No te lo dicen directamente, pero es así”. Que una mujer continúe con su trabajo, que no llore, que no tenga intentos de suicidio: el sistema también castiga a quienes se recuperan. ¿Por qué?
JUEGO DE MANOSAgosto de 2018 ha supuesto un avance. La Ley 30838 cambia la manera en la que se entienden los tocamientos. Ahora se sanciona con una pena de hasta seis años de cárcel a cualquiera que toque a otro sin permiso, no importa qué motivo haya detrás. “Antes, si alguien te metía la mano, no era considerado delito”, explica la abogada Romy Chang. Entenderlo es crucial para poner en perspectiva lo denunciado por una aeromoza de nacionalidad brasileña el miércoles 14 de noviembre. Según indica el parte, el congresista Moisés Mamani le habría tocado los glúteos desde la cintura hacia abajo. “He podido rozar, pero nunca he faltado el respeto a nadie”, sostuvo en declaraciones el legislador, quien niega los cargos aduciendo problemas de salud. En un comunicado oficial, la empresa LAN –donde trabaja la denunciante– mostró su respaldo a lo ocurrido y rechazó intereses políticos detrás del hecho. Somos consultó sobre la importancia de establecer protocolos para prevenir o manejar incidentes vinculados a abusos a nivel institucional, pero la empresa ha preferido mantener reserva.
“Me parece un cambio fundamental que una empresa privada avale a esta mujer, incluso sin tener una captura de pantalla o un video, que es a lo que nos estamos acostumbrando”, explica Ivonne Macassi, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Flora Tristán. “Para abordar la violencia y, sobre todo, tratar de prevenirla, no solamente necesitamos organizaciones feministas o políticas de estado: convocar y comprometer otras partes de la sociedad es vital”, añade. El mundo digital es acaso el reflejo más alarmante de lo que está ocurriendo.
Los casi dos millones de seguidores que Juliana Oxenford tiene en Twitter –y otra buena tajada de usuarios– conocieron de los hostigamientos que la periodista viene recibiendo estos días porque ella misma los ha compartido: memes que la tildan de prostituta y anoréxica, ante los cuales ha elegido responder. “No sé a quién me enfrento y todo el mundo me dice que no lo haga. Quizás no debería, pero tengo una hija de cinco años que el día de mañana encontrará estas fotos en Google y verá que su madre se defendió”. Para Oxenford el ataque no es gratuito (“se presenta en una coyuntura donde el fujimorismo tiene mucho protagonismo”) y evidencia un problema cultural mucho más arraigado: el odio. “Estamos hablando de una trinchera que está contaminando cada vez más. Es un odio a la mujer, a cómo está representada. Si tú ya eres una ciudadana de cuarta o quinta categoría, ¿ahora te me haces la machita? ¿sales a la calle y me gritas ‘Ni Una Menos’?”.
Un video donde la conductora hace frente a sus troles se ha vuelto viral. Principalmente, por la difusión –y el interés– de las generaciones más jóvenes. Aún hay tiempo de volver a empezar. //