Caminando entre los árboles, con el calor y la humedad de la selva amazónica, Malquia Dahua indica el camino. Se conoce de memoria los bosques, las fuentes de agua y sobre todo la tierra donde el petróleo ha dejado marcas. Los dos comuneros que la acompañan abren el paso con machete, cortando las ramas y revisando que no aparezca alguna serpiente en la ruta. De pronto un olor fuerte empieza a flotar en el aire y aunque a simple vista no se sabe de donde proviene, Dahua explica que el petróleo está debajo de varias capas de tierra y acumulado en charcos de agua empozada.
“Es un pasivo que tiene unos 40 años y fue dejado por OXY [Occidental Petroleum Corporation]”, dice. Al remover el agua, afloran unas manchas negras que permanecen impregnadas a la tierra. Dahua es la única mujer monitora ambiental en Nuevo Porvenir, comunidad indígena en la zona de influencia del Lote 192 en la región amazónica de Loreto, en Perú, y desde hace varios años mapea, registra y reporta los derrames, roturas de ductos y zonas impactadas por el petróleo.
Mientras guía a un equipo de Mongabay Latam por su territorio, la dirigente indígena narra que muchos de los suelos de las comunidades han sido afectados por el crudo y que están rodeados de pasivos ambientales, como se llama a las infraestructuras, desechos y residuos peligrosos, entre otros, abandonados por las industrias extractivas.
En su comunidad Nuevo Porvenir, Malquia Dahua ha detectado y reportado alrededor de seis pasivos. Y esto coincide con las multas que han recibido todas las empresas que han operado en el Lote 192 —Occidental Petroleum Corporation (OXY), Pluspetrol Norte, Pacific Stratus Energy y Frontera Energy—, por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), por un monto que sumado supera los 15 millones de dólares y que corresponde a contaminación de agua, suelo y aire; vulneración de la normativa ambiental y el acaparamiento de agua.
Pero a Malquia Dahua no solo le ha tocado reportar la contaminación por petróleo desde su cargo de monitora ambiental, también ha lidiado con las distintas demandas de las comunidades desde cargos dirigenciales. Estos la han llevado, precisamente, a enfrentar hoy un proceso judicial que le arrebatado una parte importante del tiempo que solía dedicar a la protección de su territorio.
“Me denunció Petroperú, a mí y a otras seis personas, en ese tiempo [2019] yo tenía un cargo, era agente municipal [representante de la autoridad política local en la comunidad]. A pesar de este proceso, yo he seguido haciendo mi trabajo”, dice Dahua.
Ese año se desató un conflicto social con Petroperú por el acceso a la electricidad. Las comunidades de influencia directa del proyecto petrolero eran aparentemente prósperas y tenían energía eléctrica en las casas durante 12 horas, lo que se considera un gran avance para las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, donde los servicios de agua potable y alumbrado son una demanda constante. Sin embargo, en febrero del 2019, aseguran que Petroperú cambió las condiciones y se les recortó a ocho horas de electricidad sin mayores explicaciones.
“Ellos [los indígenas] hablaron con Petroperú para que les pase fluido eléctrico, ya que el centro de salud lo necesitaba porque tenían que atender a enfermos y cuidar de que sus medicamentos no se deterioren, pero en ningún momento la empresa respondió a sus solicitudes por lo que, en acto de asamblea, se convocó a los pobladores de Andoas a una protesta pacífica”, afirma Dorian Choque, abogado de la Plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) que le hace seguimiento al caso.
Esa manifestación fue la que llevó a que Malquia Dahua, junto a seis dirigentes indígenas más, esté siendo perseguida y criminalizada hoy por el Estado. Ella asegura que no participó de la protesta, aunque estuvo presente en Andoas el día del conflicto y considera que el reclamo por la energía eléctrica fue legítimo. “Se le está criminalizando, al ser una de las dirigentes indígenas más visibles y con mayor apoyo de la población”, afirma la abogada Jacqueline Luna quien lleva su caso.
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Un proceso costoso y desgastante
La abogada del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Andrea Bernal Chávez, dice que la criminalización ocurre cuando se hace uso de herramientas judiciales para amedrentar a los líderes y lideresas que han emprendido una acción de protesta o reclamo social legítimo. “Las denuncias pueden venir desde varios lados y se debilita la defensa ambiental, el liderazgo, así como los ingresos económicos. Aunque quien es demandado es un líder o lideresa, también esta criminalización afecta a la comunidad, porque se trata de la persona que representa a este colectivo”, asegura.
Según la anterior autoridad indígena de Nuevo Porvenir, Juan Jose Chumbico, la protesta del 2019 era legítima porque “la población estaba molesta, reclamando, y luego de que el ingeniero [un trabajador de Petroperú] contestara mal, decidieron llevarlo al local comunal para tener una reunión con él. Pasaron algunas horas hasta que se llegó a un acuerdo”, afirma. Por esa acción se les acusa de secuestrar al trabajador de la petrolera. El abogado Dorian Choque opina que realmente no se hicieron los daños que señala la acusación y, en el caso de Malquia Dahua, la abogada Jacqueline Luna asegura que “no hay pruebas y ella ni siquiera participó”.
“A los días me sorprendí porque me llegó la notificación. Me llamaron y me dijeron: te están denunciando y no podía creerlo”, dice Dahua.
EarthRights International en su informe ‘Criminalización de defensores y defensoras de la Tierra’ llama la atención sobre lo que está sucediendo en Perú al indicar que “se usa el derecho penal para deslegitimar, debilitar y callar a los defensores y defensoras del territorio”.
La denuncia le preocupa mucho a Malquia Dahua, las audiencias se dieron en medio de la pandemia de forma virtual, pero en su comunidad la cobertura es muy baja y le cuesta conectarse. Su abogada, Jacqueline Luna, considera que este proceso la ha afectado en su desempeño como lideresa. “En Nuevo Porvenir, como en muchas comunidades indígenas, sigue siendo muy difícil para las mujeres asumir el liderazgo. Ella tenía todas las posibilidades para ser la máxima autoridad de la comunidad, tener el papel de Apu, pero la gente cree que la denuncia le impide ser representante”, comenta Luna.
“A raíz de los problemas con la luz y por reclamar nuestros derechos, Malquia y Juan José Chumbico están en un problema tremendo con la empresa Petroperú. Solo que ellos no estaban presentes en dichas protestas; fue por el hecho de ser autoridades que los denunciaron. Eso siempre hace el estado peruano, lamentablemente a nosotros nos tratan así, denunciándonos”, reflexiona el actual apu de Nuevo Porvenir, Juan Richar Dahua Sandi.
A Dahua y a Chumbico el proceso judicial los ha golpeado directamente en su economía. La comunidad ha decidido apoyarlos, dándoles trabajo y prioridad en la empresa comunal, ya que, por ejemplo, Dahua ha tenido que conseguir fondos para trasladarse a las audiencias orales que se realizan en la ciudad de San Lorenzo, donde se encuentra la Fiscalía Provincial Penal Datem del Marañón. Se puede gastar hasta 5000 soles [1348 dólares] por audiencia, por el transporte de Nuevo Porvenir a San Lorenzo para ellos y la abogada, los gastos de representación, el alojamiento, entre otros. Entre Nuevo Porvenir y San Lorenzo hay ocho horas de viaje y solo se pueden transportar en bote, luego, ir a Iquitos puede costar hasta 200 dólares en avioneta.
Para conocer el estado del proceso legal, Mongabay Latam se comunicó con la oficina del Fiscal a cargo del caso, José Manuel Tejada, donde manifestaron que solo faltaba una audiencia para cerrar el caso y no dieron más detalles porque el fiscal estaba de licencia.
El abogado Dorian Choque de PUINAMUDT afirma que se está dilatando demasiado la audiencia y esto hace que el proceso continúe prolongándose. “Hay una participación activa del Ministerio del Interior y Petroperú que están presionando para que no se archive el caso”, comenta.
Mongabay Latam envió varios correos a las oficinas de prensa del Ministerio y Petroperú, pero hasta la publicación de este reportaje no se recibió respuesta.
Una tensa relación con las petroleras
El reloj marca las 11 de la noche del lunes 23 de mayo de 2022. Es el aniversario de la comunidad Nuevo Porvenir y Malquia Dahua es una de las anfitrionas principales. Una agrupación de cumbia se alista para salir al escenario y los jefes de las comunidades Los Jardines, Andoas Viejo, Capahuari y Pañayacu han llegado a saludar. Lo mismo ha hecho una delegación de 40 indígenas ecuatorianos de las etnia quechua y shuar que han cruzado la frontera y el río Pastaza. La energía eléctrica se corta de pronto ante el asombro y la molestia de todos. Es la hora límite que ha establecido Perupetro —actual encargada del Lote y una de las empresas que garantiza la energía eléctrica en la zona— y aunque los apus solicitaron una excepción por el aniversario, simplemente todo se apagó.
“Esto es una provocación, luego nos culpan de ser nosotros los que protestamos en vano”, dicen los dirigentes indígenas. Intentan comunicarse con el encargado, y recuerdan que no siempre contesta. En medio de la fiesta afloran las tensiones con la petrolera.
A pesar de los desencuentros, Malquia Dahu y el Apu de Nuevo Porvenir afirman que los indígenas quechua que viven en Nuevo Porvenir no se oponen a la explotación petrolera en el Lote 192. Tras más de 50 años de presencia de las empresas en la zona, han generado una economía que se mueve en torno a los servicios que brindan a los trabajadores de las petroleras, los cuales van desde la limpieza para el aeropuerto, oferta de hospedajes, venta de alimentos, alquiler de autos y transporte.
Esas son sus fuentes de trabajo pero, a la vez, tienen una gran preocupación porque en el Lote 192 “las tuberías están gastadas desde hace años y cada cierto tiempo ocurre una fuga de petróleo”, menciona el ex apu de Nuevo Porvenir, Juan José Chumbico. Pluspetrol, la empresa que más tiempo operó en el Lote tiene un proceso judicial con el Estado peruano por no remediar los pasivos ambientales, tal como publicó Mongabay Latam hace unas semanas.
El retiro de la empresa Frontera Energy en el 2021 ha significado la disminución de puestos de empleo y empobrecimiento de las comunidades quechuas. Todos los productos de primera necesidad en la zona son caros, solo una botella de agua de medio litro puede costar cerca de un dólar. Con el anuncio del término de sus operaciones, y sin ninguna otra empresa que actualmente opere el Lote 192, cada vez se disminuye más el servicio eléctrico en la zona.
Hablar de los impactos del petróleo en Nuevo Porvenir no es un tema fácil. La presencia de las petroleras es un asunto que genera distintas opiniones entre los propios dirigentes. “Si se reactiva el Lote se tienen que reparar esos ductos que siempre están con corrosión, pero mientras eso pasa también necesitamos alternativas de trabajo”, menciona Richard Dahua, presidente de la Organización de la Nacionalidad Andoa del Pastaza del Perú.
Mongabay Latam intentó conversar con fuentes de Frontera Energy, la última operadora del Lote 192, cuyos trabajadores aún realizan algunas labores en Nuevo Porvenir. Desde la mirada personal de uno de los trabajadores —quien ha pedido no ser citado—, las empresas petroleras no tienen el deber de brindar energía, lo hacen como parte de su responsabilidad social pero dice que eso le corresponde al Estado. “También el mantenimiento de los ductos debería ser contemplado por el gobierno, sabemos que la actividad petrolera es de riesgo, pero ha ayudado mucho al progreso en la zona”, puntualiza.A pesar de esto, en sus siete años de operación en la zona, Frontera Energy ha sido multada cinco veces por contaminación de suelo y agua y su deuda asciende a más de 516 mil dólares. Antes de su retiro total, los comuneros esperan que no deje pasivos ambientales por remediar como ha sucedido con las anteriores empresas. Hasta el momento, la empresa no ha respondido oficialmente a nuestras consultas.
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Los pasivos olvidados de OXY
Malquia Dahua no solo se enfrenta a un proceso legal que la tiene intranquila. En comunidades donde las principales autoridades son hombres, ser mujer y hacerse respetar como monitora ambiental le ha tomado tiempo.
“Al principio no me hacían caso cuando iba a hacer el monitoreo, no me consideraban mucho por ser mujer, pero yo aprendí, lo hice todo rápido y ahora me respetan. Dicen: ‘ella conoce’”, cuenta Dahua.
Además de los derrames, la lideresa ha identificado un par de pasivos ambientales de hace 40 años que corresponden a desechos tóxicos y un pozo de la época en que OXY operaba en territorio de su comunidad y los cuales, asegura, representan un peligro evidente. A cinco minutos de Nuevo Porvenir, aún en territorio de la comunidad, Dahua camina entre árboles, muestra el suelo y unos objetos de caucho, plástico y metal resaltan entre las ramas y el suelo arcilloso. “Este era un relleno, aquí hay muchos de estos objetos y están al alcance de todos”, señala.
A unos metros, por una pequeña trocha se puede llegar hasta un pozo olvidado. Todavía chorrea petróleo y como tiene una tubería conectada, llega a hasta un charco de agua empozado. Allí el crudo se ha ido acumulando entre los sedimentos.
“El agua se estanca y no drena, hay otra tubería que va para el otro aguajal [zona donde crecen frutos amazónicos llamados aguaje]. El petróleo está por todos lados y algunos restos se quedaron en el subsuelo. Esto es como una poza de agua estancada con petróleo”, afirma Dahua. Al ser un espacio de propiedad colectiva, los comuneros usan el bosque, extraen madera de los alrededores y ya se han acostumbrado a encontrarse con los restos de petróleo en el camino.
“Estaremos contaminados, no he querido hacerme el examen toxicológico”, dice la lideresa con una expresión pensativa. El temor se sustenta en que el Ministerio del Ambiente presentó en el 2018 el estudio ‘Niveles y factores de riesgo de exposición a metales pesados e hidrocarburos en los habitantes de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto’, donde se encontró plomo, cadmio, arsénico y otros metales en el agua, el suelo y peces de consumo humano de Nuevo Porvenir y las comunidades que pertenecen al distrito de Andoas.
A pesar de estar criminalizada y sentirse perseguida, Malquia Dahua no teme mancharse la ropa con petróleo, viaja a las reuniones con el Ministerio de Energía y Minas, sigue hablando en quechua y en español y dice que no desistirá en la lucha por defender su territorio.
*Imagen principal: Malquia Dahua dirigenta quechua y monitora ambiental de Nuevo Porvenir. Foto: Gloria Alvitres.
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Nota del Editor: Mongabay Latam recibe fondo de Hivos – Todos los Ojos en la Amazonía para desarrollar una serie de artículos de investigación sobre la situación de los pueblos indígenas en Perú, Ecuador y Brasil. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
El artículo original fue publicado por Gloria Alvitres en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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