Fiscalía reabre caso de esterilizaciones forzadas durante gobierno de Fujimori

La Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima decidió reabrir las investigaciones sobre el plan de esterilizaciones forzadas al que fueron sometidas unas 1.500 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori. El caso había sido archivado hace dos años y medio.

Las pesquisas preliminares, a cargo de la fiscal Fanny Escajadillo, comprenden a los ex ministros de Salud de ese gobierno Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, así como a ocho altos ex funcionarios.

Carlos Rivera, asesor legal de las víctimas, declaró a elcomercio.pe que fueron notificados por el Ministerio Público de la reapertura del caso el jueves último, y que a partir de la fecha, tanto Aguinaga como Costa Bauer han retomado la condición de investigados.

Se trata de un conjunto de casos, la Fiscalía debe estar considerando por los menos unas 1.500 mujeres como víctimas. Si bien es cierto hay esa cantidad de víctimas en la resolución que nos han notificado, lo más probable es que la fiscalía presente su denuncia por casos concretos donde sea posible determinar pruebas de carácter objetivo y contundente, señaló Rivera.

Agregó que en las investigaciones anteriores se tomaron muchos testimonios reunidos en 64 tomos. No estamos frente a una investigación que recién este comenzando, ya tiene mucho de avanzado y hay suficientes pruebas y evidencias que demuestran que se cometieron delitos, añadió.

Según Rivera, tanto Aguinaga como Costa Bauer han intentado en este tiempo que el caso no se reabra argumentando que ya había sido archivado anteriormente.

A PEDIDO DE LA CIDH El archivamiento del caso se dio al considerar que no se había encontrado indicios de responsabilidad penal en los investigados. No obstante, en octubre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano que reabra la investigación debido a que el número de mujeres afectadas era muy alto, y una de ellas había fallecido.

La Fiscalía de la Nación emitió una resolución disponiendo la reapertura de la investigación en noviembre del año pasado.

Rivera señaló que hace tres meses este tema volvió a manos del propio Fiscal de la Nación, José Peláez, con el pedido de que sea nuevamente archivado, pero este lo devolvió a la fiscal Fanny Escajadillo, quien dispuso la reanudación de las investigaciones preliminares por los delitos de secuestro, coacción, y lesiones graves, en algunos casos seguidas de muerte.

Agregó que para estos delitos las penas son no menores de seis años y puede llegar hasta los 16 años en el caso de lesiones graves seguido de muerte.