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KATHERINE SUBIRANA ABANTO
El 5 de junio del 2009, en el conflicto que estalló en Bagua, Utcubamba e Imacita, fallecieron 23 policías, 10 civiles y desapareció un policía, el mayor PNP Felipe Bazán Soles. El conflicto se hizo conocido como el ‘baguazo’. A dos días de cumplirse los cuatro años de estos tristes acontecimientos, hay cuatro procesos judiciales estancados y más de 70 civiles acusados. Ninguna autoridad política de ese entonces ha sido responsabilizada.
LA CURVA DEL DIABLO En el 2009, cientos de nativos bloquearon la carretera Fernando Belaunde durante 45 días. Reclamaban la derogación de dos decretos legislativos que limitaban la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas.
El día del desalojo, el 5 de junio, los disturbios se iniciaron en la carretera, en el sector conocido como La Curva del Diablo, pero se trasladaron a las ciudades de Bagua y Utcubamba, dejando cientos de nativos, mestizos y policías heridos. Murieron 12 agentes y 10 civiles.
En este juicio hay 53 indígenas acusados, y se solicita para ellos penas que llegan a los 35 años de prisión. Para nueve de ellos se pide cadena perpetua.
El expediente se ve en el juzgado de Bagua, pero este lo envió a Lima hace poco más de dos meses. El 15 de mayo pasado, la Sala Penal Nacional determinó que el caso debería ser visto por la Sala de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua y el expediente volvió a dicha ciudad.
El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, explica que este expediente puede tener tres destinos: ser acogido por la sala de Bagua, recogiendo las recomendaciones de la Sala Penal Nacional, devuelto a dicha sala o archivado.
Santiago Manuin, líder awajun acusado en este caso, se enfrenta a una condena de cadena perpetua. “Es una pena ver que el Apra sigue moviendo sus hilos y este gobierno los apañe para que no asuman su responsabilidad. Todo empezó cuando se publicaron los decretos inconstitucionales. ¿Por qué no hay ningún político responsable?”, dice.
El Comercio trató de comunicarse con Mercedes Cabanillas, entonces ministra del Interior del Apra, pero no tuvo respuesta.
LA ESTACIÓN 6 Mientras un grupo de nativos bloqueaba la carretera Fernando Belaunde, otro impedía la producción de la estación 6 de Petro-Perú, ubicada en el distrito de Imacita, a tres horas de Bagua.
El mismo 5 de junio del 2009, al enterarse de lo sucedido en la Curva del Diablo, un grupo de nativos secuestró a los policías que custodiaban la estación y al personal administrativo de la empresa. Fallecieron 11 efectivos.
El expediente de este caso está en la Fiscalía Superior de Bagua, y por él hay 26 procesados. Todavía no se ha convocado al juicio oral ni se ha llevado a cabo la reconstrucción de los hechos. Ni la sala ha emitido acusación contra ningún procesado, ni la fiscalía ha dado su dictamen.
LOS POLICÍAS INCULPADOS Este es el único proceso en el que se ha incluido a tres de los responsables de la operación de desalojo de aquel 5 de junio del 2009: los generales José Sánchez Farfán, Luis Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano.
Sánchez era jefe de la Policía Nacional; Muguruza ocupaba la jefatura de la Dirección de Operaciones Especiales y Uribe tenía a su cargo la Dirección Territorial Policial en San Martín y Bagua.
CRONOLOGÍA 7/9/2009 Se oficializa la creación de la comisión que debe investigar los sucesos de Bagua. El grupo es presidido por Jesús Manacés.
29/12/2009 La comisión se fragmenta: Manuel Bernales, Susana Pinilla y el padre Ricardo Álvarez presentan un informe en el que no señalan ninguna responsabilidad política.
15/4/2010 Los otros miembros de la comisión, María del Carmen Gómez y Jesús Manacés, presentan su informe en minoría en el cual responsabilizan a la policía y a Mercedes Cabanillas.
9/6/2011 El Congreso aprueba por 41 votos a favor y 21 en contra el informe de la congresista Martha Moyano sobre los sucesos de Bagua. En él se concluye que hay responsabilidad política de la entonces ministra del Interior Mercedes Cabanillas, de los ex ministros Mercedes Aráoz y Yehude Simon.
23/8/2011 El Congreso aprueba por unanimidad la ley de consulta previa.
21/11/2011 La policía retoma la búsqueda del mayor Felipe Bazán con ayuda de los líderes de las comunidades.
17/5/2012 El Poder Judicial declara fallecido al mayor de la policía Felipe Bazán.
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