Por Luis Davelouis

El monto total que el Estado debería pagar a los fonavistas de ganar el Sí en el referéndum del 3 de octubre no superaría los S/.3.000 millones que –pagados en un plazo de al menos ocho años– no deben representar amenaza a la estabilidad fiscal ni macroeconómica del Estado, reveló una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“La ley es clara, se debe devolver individualmente a empresas y aportantes y ello suma alrededor de S/.25.000 millones [] pero estamos revisando las cifras ministerio por ministerio y descontando las obras que desde 1979 se realizaron con dichos recursos. Preliminarmente, la cifra final no superaría los S/.3.000 millones”, afirmó la fuente.

Algunos economistas como Eduardo Morón, de la Universidad del Pacífico, y Roberto Abusada, del Instituto Peruano de Economía (IPE), opinan que el Ejecutivo ya habría asumido que perderá el referéndum y planea la forma de enfrentar el problema que ello supondrá para las arcas del Estado.

De hecho, según la última encuesta de Apoyo, a la pregunta “¿Aprueba el proyecto de ley de devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo?”, que aparecerá en la misma cédula de las elecciones municipales y regionales, el 71% responde afirmativamente.

En el MEF sostienen que de hacer recibido la autorización del Jurado Nacional de Elecciones, el Gobierno hubiera lanzado una campaña informativa a través de spots publicitarios y carteles para advertir del peligro que para la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal supone devolver el dinero aportado al Fonavi. Además se hubiese incidido en explicar a quienes esperan recibir algo de ese dinero que es improbable asignar montos de manera individual.

“Si se descontaran los aportes de los empleadores, el monto de S/.25.000 millones se reduciría a la quinta parte, si sobre eso se calculan la obras realizadas, los fonavistas podrían terminar debiéndonos plata”, sostuvo la misma fuente del Ejecutivo que insistió en no ser citada.

Para el economista Kurt Burneo, es imposible devolver el dinero del Fonavi porque este se convirtió, a inicios del primer gobierno de Alberto Fujimori, en un impuesto “y los impuestos van al fondo común del Tesoro y pueden ser utilizados para los fines que este estime conveniente en beneficio de toda la sociedad y no del contribuyente individual”.

¿PAPA CALIENTE? Tanto para Burneo como para el presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, el tema del Fonavi será heredado y deberá ser enfrentado por el próximo gobierno.

“Me imagino que el Sí va a ganar en el referéndum y que este gobierno le va a dejar una papa caliente al siguiente y habrá que cumplir pagando lo mínimo, descontando lo que ya se gastó en infraestructura y tal vez contabilizarlo y pagarlo por partes y en obras y a uno por uno [] esas son matemáticas imposibles que deberá hacer el próximo gobierno [] ha sido un enorme error llamar al referéndum”, afirmó Briceño.

Para Abusada, el tema del Fonavi es un “no tema” o un “no problema” pues “eso no lo van a pagar nunca, porque lo que hay que pagar es mínimo”. “Esos numerazos son una tontera, una vez que se deduce la parte empresarial y lo que se ha gastado en saneamiento que sí estaba dentro del programa del fondo []. Además, ¿a quién se lo van a devolver? ¿Cómo van a probar que les corresponde quienes, además, ya tienen vivienda? [] El peligro es que hay unos tipos que han formado un partido político usando este tema”. expresó.

Morón coincide en que el impacto de corto plazo probablemente sea nulo y tampoco piensa que vaya a generar un desequilibrio fiscal.

JNE NO CONTESTÓ AL EJECUTIVO El 27 de agosto pasado la ONPE negó que se pudiera cambiar la pregunta del referéndum como pretendía el Ejecutivo. Al día siguiente (el 28) el Gobierno envió una consulta formal al JNE para realizar una campaña informativa para advertir a la población sobre lo que representaría para el fisco enfrentar la devolución de los recursos del Fonavi, como lo anunciara el entonces primer ministro Javier Velázquez Quesquén.

Sin embargo, nunca hubo una respuesta oficial de parte del JNE. Solo se dio una declaración de su presidente en la que indicaba que, de acuerdo a ley, el Ejecutivo no puede realizar campañas electorales ni a favor ni en contra de posición alguna.