OCDE recomienda estudiar la separación de reguladores de la PCM

“Están bien, pero pueden mejorar”, con esta frase resumió Manuel Gerardo Flores, representante de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), los resultados de la evaluación que hicieron a los órganos reguladores peruanos.

Como se recordará, nuestro país ha manifestado su interés en poder formar parte de la OCDE, institución reconocida como el selecto "club" al que pertenecen los países desarrollados, incluyendo ya a dos latinoaméricanos: México y Chile. No solo eso, Fernando Zavala ha señalado que será una prioridad en la agenda de su gestión. Y para lograrlo es necesario adecuar la forma en que opera el Gobierno con las mejores prácticas gubernamentales que priman en la OCDE en diferentes aspectos, incluyendo la labor de los organismos reguladores. Cumplir esas condiciones es clave para poder ser parte del grupo.

Según Flores, experto en análisis regulatorio, para poder formar parte de la OCDE, cuando hagamos la solicitud formal respectiva, se requerirá modificar algunas leyes. “Hay determinadas políticas regulatorias que urge adoptar”,afirmó.

Flores consideró que nuestros reguladores tienen un buen nivel de independencia y autonomía tal como están funcionando ahora, pero existen varias mejoras pendientes en cartera. Se debería empezar a debatir, destacó, la conveniencia o no de que los reguladores sigan dependiendo de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). Lo recomendable, dijo, es que se tengan separadas las funciones de regular con las de promoción de uso de los servicios y que se tenga la suficiente flexibilidad administrativa, algo un poco difícil de lograr si se está ligado a terceros que ya están sobrecargados de labores administrativas.

Lo que no debería ocurrir es que algún regulador pase a formar parte de la cartera de su sector, destacó. "Sería un retroceso, por ejemplo, pasar al Osiptel al MTC, pues perdería autonomía", afirmó categórico. Lo que se debe debatir, dijo, es si se desligan de la PCM y se agrupan con los otros entes regulatorios en una instancia independiente, pero no hacerlos depender de la cartera del sector. Mientras más alejados del Poder Ejecutivo, mejor, opinó.

“Aun siguen teniendo lazos muy cercanos con el Poder Ejecutivo. Mantenerse allí, o independizarse de esta instancia gubernamental y elevarse a tener un rango constitucional, es una discusión que se debe tener en el país”, enfatizó.

MÁS REFORMAS

Flores consideró que a nuestros reguladores les falta mejorar en términos de transparencia al informar sobre el impacto de la regulación. Lo que necesitamos, detalló, es una norma que establezca como obligación presentar un reporte detallado de cómo se cumplen las normas regulatorias y del impacto cuantitativo de las medidas en el mercado.

Añadió que prácticas como los procesos de consulta (prepublicar las propuestas normativas para recibir comentarios), están bien logradas en algunas instituciones como el Osiptel, pero deberían ser ejercidas por todos los reguladores.

Otra medida que es urgente adoptar, añadió, es el rediseño de políticas a nivel del Gobierno Central, de forma tal que se reduzcan las trabas administrativas que afectan el desarrollo de los entes reguladores. No es dable, explicó, que se tengan demoras para aprobar reformas salariales o viajes de funcionarios, esas son gestionen que deben fluir para dar flexibilidad en la gestión.

RESPUESTA DE OSIPTEL

Durante el evento “La Calidad Regulatoria del Osiptel, desde el punto de vista de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico”, Flores recomendó al Osiptel mejorar sus prácticas de evaluación de resultados de las normas que imponen, porque la medición constante del impacto que estas tienen permitirá perfeccionarlas.

Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del Consejo Directivo del OSIPTEL, respondió a la sugerencia reconociendo que atienden las recomendaciones de la OCDE y por eso planean implementar el análisis de impacto regulatorio para la normativa futura del sector de telecomunicaciones.

“La premisa del organismo es que la regulación debe basarse en evidencia, es decir, que existe un problema que afecta al ciudadanos y en la que los beneficios sean mayores a los costos. En la medida que se pueda evidenciar ello, y se involucre de manera transparente a los usuarios, las decisiones regulatorias del Osiptel se podrán perfeccionar”, puntualizó Flores.