Punta Hermosa: comuneros dicen que entregaron arsenal a policía

La operación policial que ayer permitió el hallazgo y decomiso de un arsenal de armas artesanales así como explosivos, municiones, chalecos antibalas y grupos electrógenos en la zona de Pampa Pacta, Punta Hermosa, fue calificada como una farsa por dirigentes de los comuneros que aseguran ser residentes ahí desde 20 años.

Mauricio Quiroz Torres y Vladimir Mendoza, voceros de los intervenidos, aseguraron que las 30 detenciones de las fuerzas especiales de la PNP no son de traficantes de tierras ni extorsionadores sino de gente que pertenece a las rondas campesinas organizadas en Pampa Pacta y Santo Domingo para protegerse de las mafias dedicadas a esos delitos. Incluso, afirmaron que debido a su inocencia los 30 ya fueron liberados.

Según detallaron, el armamento presentado ayer fue decomisado por las supuestas rondas campesinas de Pampa Pacta a 200 paramilitares de cinco empresas, “dos chilenas y tres peruanas”, que el sábado habrían tratado de desalojar a los comuneros.

“Ese armamento es el que el coronel Augusto Sánchez, jefe de la Dirección contra Invasiones de la Policía Nacional, presentó ayer a los medios de comunicación como si fuera nuestro. ¿Cuál fue nuestro error como pobladores? No haberle tomado foto cuando se lo entregamos al fiscal de Lurín en presencia de la policía de Punta Hermosa y Lurín. El sábado en el enfrentamiento con los paramilitares, una persona murió”, señaló Mauricio Quiroz a Radio Exitosa.

El dirigente denunció que la operación policial desarrollada en Pampa Pacta no tuvo la presencia de un fiscal. Reconoció sin embargo, que los habitantes de ese sector no cuentan con título de propiedad sino que son posesionarios.

“Somos un pueblo pacífico en Santa Rosa, vivimos 20 años, tenemos colegios, posta y no nos pueden meter en este tipo de situaciones, siempre pedimos apoyo cuando entran los invasores. Hay un grupo de empresas que en mayo del año pasado empezó a entrar al área de la misma forma, sin orden judicial y armados para destruir todas las casetas que ahí tenemos”, dijo Vladimir Mendoza.

Explicó que el terreno lo tienen “posesionado” hace 20 años y que en ese tiempo el Estado no los ha notificado por residir ahí. Detalló que en el área hay colegios, postas y parroquias funcionando con normalidad.