Seguridad ciudadana: autorizan a gobiernos regionales y locales el uso de recursos del canon en apoyo a la policía: ¿es una medida acertada?

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Esta medida tomada por el Gobierno central se da en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República. Otárola indicó que dicha norma “va a permitir que se repotencien las comisarías y un trabajo más estrecho entre la Policía Nacional y los gobiernos, especialmente locales”.

“Hemos aprobado un Decreto Legislativo en virtud de las facultades que nos ha delegado el Congreso. Es sobre el uso del canon y sobre canon de los gobiernos regionales y locales en materia de seguridad ciudadana”, señaló el primer ministro.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, comentó que tras la aprobación del mencionado decreto legislativo, ahora sí los alcaldes y gobernadores regionales podrán invertir en seguridad ciudadana. Detalló que esta norma permitirá a los gobernadores y alcaldes poder usar el dinero producto del canon y sobre canon en, por ejemplo, equipar y mejorar la infraestructura de la Policía Nacional en sus respectivas jurisdicciones.

“Este decreto permite a los gobernadores regionales y alcaldes poder usar e invertir el canon y sobre canon en materia de equipamiento e infraestructura en la Policía Nacional; en resumen, mejorar la seguridad ciudadana en este sector”, dijo.

Romero sostuvo que al no existir antes una norma en ese sentido, los gobiernos locales y regionales tenían la imposibilidad de invertir en equipamiento e infraestructura de la policía, por lo que hasta el momento solo habían destinado alrededor del 3,4% del presupuesto del canon y sobre canon.

“Tenían esa imposibilidad de poder invertir. Ahora no hay ningún pretexto en invertir en materia de seguridad ciudadana”, agregó.

El experto en seguridad y crimen organizado, Fran Casas, dijo a El Comercio que la medida anunciada por el primer ministro Otárola sí le parece una acción oportuna, tomando en cuenta el contexto actual, en el que cada día aumenta el número de víctimas de diferentes manifestaciones delictivas, como extorsión, homicidios, delitos patrimoniales, entre otros, por lo que resulta lógico que los diferentes niveles de gobierno se involucren e inviertan en reforzar la seguridad ciudadana.

“El problema de la inseguridad está creciendo de manera sistemática desde el 2020, entonces es entendible de que el Estado en general, es decir, gobiernos locales, regionales y nacional pues tengan que invertir más recursos para garantizar la continuidad de algunos de los servicios de seguridad ciudadana, entre ellos, el de la Policía Nacional. Me parece una acción oportuna. Pero hay que aclarar que no se trata de una estrategia”, señaló.

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Sin embargo, Casas sostuvo que existen dos cosas que hay que tomar en cuenta al respecto. La primera es que todavía no ha salido promulgada la ley, la cual, imagina, tendrá algunas acepciones que serán importantes revisar. La segunda tiene que ver con que los recursos del canon y sobre canon ya tenían una finalidad, por ejemplo, estaban destinados a mejorar la infraestructura local, las calles, los caminos, las carreteras, entre otras cosas. Entonces, el crear la posibilidad para que también se incorpore la seguridad ciudadana quiere decir que ahora estos otros fines se van a reducir y se verán afectados.

“Habría que preguntarle al ministro del Interior y a los alcaldes y gobernadores de qué manera se piensa cubrir tomando en cuenta de que faltan pocos meses para que empiece el verano y llegue con fuerza el el fenómeno el niño, sabemos que muchos alcaldes están poco preparados para enfrentar este problema”, agregó.

El experto también dijo que otro cuestionamiento que surge a raíz de este decreto aprobado por el Consejo de Ministros, es cómo se viene resolviendo un problema endémico en nuestro país: la corrupción en la policía y los gobiernos locales. “Qué propuestas, qué acciones están tomando en cuenta para evitar que ahora estos recursos no sean mal utilizados. Eso es importante que se sepa, sobre todo en el contexto de la Policía Nacional. El año pasado, a fin de año, hemos terminado con un escándalo nunca antes visto donde la corrupción en la policía había llegado a niveles bastantes altos”, comentó.

Casas también mostró su preocupación por esta y otras medidas que el Gobierno ha ido anunciando en materia de seguridad ciudadana, pero que parecen no responder a una estrategia clara.

“Uno no sabe cómo articular esta propuesta normativa con la del agravamiento de penas para los delitos de robo de celulares, ni con la propuesta normativa sobre orden y seguridad de la Policía Nacional, de la cual aún no sabemos nada. Está todo como muy difuminado y uno no sabe cómo armar el rompecabezas, no responde a una estrategia”, consideró.

Finalmente, el especialista dijo que las autoridades han estado proponiendo un montón de iniciativas, de las cuales se desconoce si realmente están impactando positivamente en la seguridad. De hecho, indicó, parece que no, a la luz del aumento de los delitos. En esa línea, sostuvo que es necesario una evaluación del gasto público, a fin de saber si realmente el presupuesto, que viene de los impuestos de los ciudadanos, realmente está siendo bien utilizado o simplemente se están proponiendo acciones que no tienen ningún resultado.

“Este es un gran problema porque si no resolvemos este asunto de que el gobierno no tiene realmente una estrategia, ni sabe hacia dónde está apuntando, lo que va a ocurrir es que sí se va a garantizar que haya mayor disponibilidad de recursos, pero estos van a terminar en el vacío, en el agua, porque no se va a resolver el problema. El problema nunca es el presupuesto, en primer lugar, el problema ahorita es que no hay una estrategia, entonces por más que se puedan proponer este tipo de medidas no se está resolviendo el problema de fondo”, puntualizó.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Otárola también anunció la aprobación por el Consejo de Ministros de un decreto de urgencia, que dicta medidas extraordinarias para fortalecer las unidades de flagrancia delictiva.

“Esta es una norma que consideramos potente, muy importante, y que va en línea con la lucha frontal contra la delincuencia que ha emprendido este gobierno”, señaló.

Vale precisar que las unidades de flagrancia reúnen en un mismo espacio al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, y permite dictar sentencia en tiempo récord contra delincuentes detenidos en flagrancia, es decir, hasta 48 horas después de cometido el delito.

Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, explicó que con esta norma se dispone la transferencia de partidas de distintos montos para que distritos y áreas involucradas en la lucha contra delincuencia puedan tener herramientas legales y económicas a fin de hacer efectiva la lucha contra la delincuencia.

A continuación los montos a destinar a los sectores involucrados:

• Mininter: S/35′538.000
• Minjus: S/2′200.000
• Poder Judicial para que instale las Unidades de Flagrancia: S/29′630.000
• San Juan de Lurigancho: S/34′240.000
• San Martín de Porres S/8′460.000

Este no es el primer decreto legislativo en materia de seguridad ciudadana que promulga el Gobierno al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso para combatir la delincuencia y la ola de criminalidad que azota al país.

A inicios de este mes, el Gobierno aprobó su primera iniciativa la cual contempló la modificación del Código Penal para permitir la expulsión de extranjeros que cometan delitos en flagrancia. También se dispuso una sanción para aquellos extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas hacia el Perú, así como para el reingreso clandestino e ilegal de aquellos sentenciados que ya fueron expulsados.

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En tanto, la segunda norma dictada por el Gobierno tiene que ve con la ampliación de 4 a 12 horas del plazo que tiene la Policía Nacional para realizar el control de identidad de los ciudadanos extranjeros en el país en caso de sospecha.

Una tercera medida estableció la modificación del Código Penal en la figura de robo agravado e incorporó el robo de equipos celulares, informáticos u otros similares, como agravante. Asimismo, se precisó que este hecho delictivo será sancionado con una pena de 12 a 20 años de prisión efectiva. La pena será de 20 a 30 años cuando se utilicen explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito.

Por otro lado, la cuarta iniciativa perfecciona el marco legal aplicable para la persecución de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar..