La investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, María Isabel Remy, y la economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Silvana Huanqui, discuten los problemas del proceso de descentralización peruano. (Ilustración: Giovanni Tazza).
La investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, María Isabel Remy, y la economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Silvana Huanqui, discuten los problemas del proceso de descentralización peruano. (Ilustración: Giovanni Tazza).
Silvana  Huanqui

La racionalidad detrás del proceso de sugiere que el acercamiento entre el Estado y la población provee de una mayor y mejor información sobre las necesidades de los ciudadanos y, en consecuencia, produce una mayor eficacia y eficiencia en la provisión de bienes y servicios.

En países como el Perú, que tiene una fuerte heterogeneidad en términos geográficos, demográficos, culturales, sociales y económicos, existe una necesidad imperante de pensar de manera descentralizada para lograr el desarrollo territorial. Sin embargo, la descentralización en el Perú va a cumplir casi dos décadas, desde la aprobación de la reforma constitucional en el 2002, y se puede concluir, de manera objetiva, que la gestión de los gobiernos regionales y locales se caracterizan por su grave deficiencia, a tal punto que decidir avanzar en las diferentes etapas del proceso de descentralización implica poner en riesgo la ya mermada calidad del gasto público.

El tema presenta varias aristas, pero la principal está asociada a un mal diseño del proceso que no supo incorporar las herramientas que promuevan el fortalecimiento institucional de las entidades subnacionales, así como los mecanismos que aseguren la consistencia de las decisiones regionales y locales con los objetivos nacionales. Desde la definición clara de las competencias y funciones en cada nivel de gobierno, el establecimiento de mecanismos de coordinación y articulación de las decisiones en las diferentes fases del ciclo de la gestión pública, hasta el desarrollo de capacidades institucionales.

Respecto de la definición de competencias y funciones, el desarrollo de la matriz de competencias es una tarea pendiente del nivel nacional desde hace muchos años, que urge elaborar en coordinación con la PCM, Ceplan y las entidades subnacionales. Esta matriz tiene la finalidad de definir los espacios de intervención de cada nivel de gobierno respecto de los principales objetivos y estrategias nacionales y sectoriales.

Complementariamente, se deben crear los mecanismos de coordinación entre entidades y fortalecer los existentes. Instrumentos como los Programas Presupuestales (PP) son fundamentales para buscar alinear las acciones en intervenciones coordinadas.

Adicionalmente, la vinculación de los objetivos estratégicos con la ejecución presupuestal permitirá fortalecer el debilitado proceso de planificación estratégica con resultados concretos a través del seguimiento de indicadores.

Finalmente, y condicionado a lo anterior, así como a fortalecer las capacidades institucionales de las entidades, la descentralización fiscal es un medio necesario para estos fines. Hoy en día, los gobiernos regionales no cuentan con las capacidades para la generación de ingresos propios y los gobiernos locales se han caracterizado por una pereza fiscal, lo que los mantienen altamente dependientes de las transferencias del Gobierno Nacional. Sin embargo, el sistema de transferencias está mal diseñado, no se encuentra integrado y genera altas desigualdades entre entidades horizontales y verticales. Una mayor autonomía permitirá una mayor previsión a mediano plazo de los recursos y, con ello, una mejor planificación del gasto público.