Otro flanco más

Este lunes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por el desembolso de S/41 millones de parte de Essalud a favor de la empresa Aionia en febrero pasado. Como dijimos anteriormente, se trata del primer caso de presunta corrupción que estalla en este gobierno y que salpica a otros funcionarios que estuvieron o están todavía en puestos altos de la actual administración.

La trama en cuestión se remonta al 2020, cuando Aionia ganó una licitación de Essalud para adquirir pruebas rápidas de COVID-19 por un total de S/41 millones. Poco después de que la empresa entregara los reactivos, sin embargo, una serie de pruebas demostraron que estos no eran aptos para la detección del virus (es decir, no servían), por lo que el Seguro Social le comunicó que había incumplido las obligaciones contractuales y congeló el pago estipulado.

La empresa acudió entonces a la vía arbitral para exigir el desembolso de los S/41 millones más intereses legales, y finalmente el 7 de diciembre pasado el Centro de Arbitrajes de la CCL le dio la razón y ordenó que Essalud le depositara el dinero. Es así como el 20 de enero último la empresa le envió una carta al ministro Adrianzén requiriéndolo por el pago. Como se sabe, Essalud está adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y, según conversaciones de WhatsApp reveladas por la Unidad de Investigación de este Diario en junio, el titular de la cartera se interesó particularmente por que este desembolso se concretase lo más rápido posible.

Cinco días después de recibir la misiva de Aionia, el ministro Adrianzén se reunió con el entonces presidente ejecutivo de Essalud –también comprendido en las pesquisas de la fiscalía–, Aurelio Orellana, para tratar el tema. Tras varias gestiones, el 6 de febrero el gerente de gestión financiera de la entidad estatal, Publio Román, advirtió que el monto por desembolsar era de S/37 millones, pues debía aplicarse una penalidad a la compañía por incumplir los plazos de entrega. Dos días después, Adrianzén le escribe a Orellana: “Finanzas les ha parado el trámite […]. Favor, indaga y salgamos de esta incomodidad”. La operación se concretó dos días después y no incluyó la penalidad de S/4 millones contra la empresa.

La investigación comprende también a la exasesora de la presidenta Dina Boluarte, Grika Asayag, quien se reunió el 3 de febrero con Orellana en un restaurante en San Isidro, supuestamente para tratar este tema. Y salpica además al actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pues existe una conversación en la que Adrianzén le pide a Orellana que lo llame “para hacer una tripartita con PCM”. Otárola ha negado cualquier implicancia en el desaguisado, pero Asayag le ha contado a este Diario que la comunicación entre las entonces cabezas de Essalud, el MTPE y el actual PCM para tratar el tema de Aionia sí se realizó.

¿Por qué el ministro de Trabajo se mostró especialmente interesado en que este pago se realizara lo más pronto posible? ¿Hubo otros funcionarios que compartieron su interés? Pues estas son preguntas que la investigación fiscal seguro responderá y que podrían abrirle otro flanco a este gobierno.

Por último, conviene recordar que Aionia fue apenas una más de tantas empresas que durante la pandemia no cumplieron con entregar aquello que ofrecieron, una situación que linda con la negligencia, habida cuenta de que durante la emergencia sanitaria un diagnóstico inexacto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de un enfermo y de sus seres más cercanos. ¿Cuántos ejemplos más habrá que todavía no han salido a la luz? Y tampoco conviene olvidar, finalmente, que estos casos se gestaron durante la administración del expresidente Martín Vizcarra, por lo que resulta vital que las autoridades no pierdan de vista este dato, pues, así como el Caso Aionia salpica a este gobierno, también hay un aspecto de este que deja en muy mala posición al exgobernador regional de Moquegua que ha venido pasando desapercibido en todo este entramado.