No queda claro, de plano, que la iniciativa haga sentido económico.
No queda claro, de plano, que la iniciativa haga sentido económico.
Editorial El Comercio

En el discurso político, hay ciertas expresiones que –a fuerza de usos equívocos– han ido perdiendo contenido y siendo usadas para justificar intervenciones estatales cuestionables en materia económica. Entre ellas se cuenta, por ejemplo, la “economía social” de mercado o la importancia de los arbitrariamente llamados “sectores estratégicos”. La persistencia en el error de continuar con el proyecto de modernización de la (PMRT) se debe, en buena cuenta, a esta última expresión desafortunada.

Como se sabe, el objetivo del proyecto –que hoy se encuentra prácticamente paralizado– es incrementar la producción diaria de 65.000 barriles diarios a 95.000 barriles y procesar crudos pesados, entre otros. A mediados de diciembre, la contraloría alertó a través de un informe de control concurrente que existían nuevos riesgos de ampliaciones de plazo y sobrecostos en la implementación del PMRT, como por ejemplo la paralización de la construcción de cuatro unidades de proceso a cargo de la contratista Técnicas Reunidas por “discrepancias internas”, lo que originó que “algunas empresas subcontratistas se [hayan] retirado de los trabajos”.

A saber, no es la primera vez que el proyecto enfrentaría una inflación del presupuesto y extensiones en los plazos de entrega. Su costo pasó de US$3.500 millones en el 2014 a US$4.999 millones actualmente, y el inicio de operaciones se ha retrasado ya un par de años.

Respecto de su rentabilidad, el domingo pasado este Diario publicó un informe en el que se señalaba que, bajo un escenario optimista, con un margen de US$13 por barril y refinación ininterrumpida, la inversión se recuperaría en 31 años. En este contexto, a 30 años, la tasa de retorno sería de apenas 0,46%. Posteriormente, indicó que, de acuerdo con sus propios modelos económicos, el período de repago sería de 20 años y la tasa de retorno sustancialmente mayor a la indicada.

Al margen de la discusión sobre el realismo de los supuestos utilizados en las proyecciones de Petro-Perú, lo inobjetable es que el enorme endeudamiento contraído para llevar a cabo el PMRT es solo posible porque detrás de la empresa estatal se encuentran los bolsillos de los contribuyentes peruanos. En otras palabras, aunque en el escenario ideal el proyecto debería generar flujos suficientes para pagar su deuda, en caso no lo logre, todos los pagadores de impuestos nos quedaremos para cubrir la cuenta.

Más aun, no queda claro, de plano, que la iniciativa haga sentido económico. La prueba ácida es simple: ¿Por qué el proyecto no es ejecutado directamente por una empresa privada en vez de una empresa pública como Petro-Perú? La respuesta es que, al costo actual y con la progresiva irrupción global de las energías renovables y la importancia del cuidado medioambiental, las condiciones financieras no serían atractivas para ningún privado.

¿Y por qué debe el entonces embarcarse en un proyecto empresarial al que capitales privados le rehuirían? La respuesta en este caso es clara: no debería. Pero los defensores del proyecto, cuando no dejan entrever cierta nostalgia por el Estado empresario de décadas pasadas, por lo menos regresan a apuntar a conceptos difusos como el mencionado “sector estratégico” al que se aludió líneas arriba. Todo ello, claro está, sin pasar por alto que, como ha demostrado el Caso Lava Jato aquí y en toda la región, muchos de estos publicitados ‘megaproyectos’ terminan abriendo espacios a la corrupción.

Finalmente, el costo de oportunidad del PMRT tampoco es desdeñable. Solo para hacernos una idea, el monto de lo que costará Talara equivale a lo gastado en orden público, seguridad y justicia este año, o a la construcción de 5.981 colegios o 7.748 kilómetros de la red vial nacional (se lograría pavimentarla al 100%).

Y es que, en el fondo, esta no es una discusión de sumas y restas. Es una discusión de principios. En un país con tantas carencias como el Perú, ¿qué sentido tiene que el Estado se endeude para hacer de empresario –con los riesgos que ello conlleva– en vez de orientar sus esfuerzos a actividades como seguridad, salud o educación? Ese sí que sería un Estado estratégico.