Editorial El Comercio

Hace apenas dos semanas, que la denuncia que había caído sobre la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Rosio Torres por el presunto recorte de sueldo a diversos trabajadores de su despacho marcaba un capítulo más de lo que parecía ser una historia sin fin. Una andanada de denuncias semejantes, efectivamente, se conocieron y sancionaron durante las últimas dos décadas en el Legislativo. Y en lo que concierne a esta particular conformación parlamentaria, la fiebre dio signos de haberse transformado días atrás en auténtica epidemia, pues se supo que las representantes (también de APP), (no agrupada) y (Podemos Perú) se encontraban en idéntico trance.

Pues bien, como si hicieran falta más ejemplos para confirmar que estamos ante un drama de nunca acabar, la semana pasada fue denunciada por el mismo delito –concusión– la congresista de . Desde luego, la maquinaria de la investigación y eventual sanción del caso se echó a andar dentro y fuera del Parlamento, pero la impresión general era que tardaríamos algún tiempo en tener noticias al respecto, pues la morosidad tiende a ser el rasgo predominante en quienes conducen tales procesos.

Un singular ingrediente, aparecido este domingo en un reportaje del programa “Punto final”, le ha dado, sin embargo, a este episodio un giro distinto: un exasesor de la legisladora, que la ha acusado de haberle exigido inicialmente el 50% de su salario por varios meses y luego el 75% del mismo, atribuido a ella en el que se la escucha apremiarlo para que haga el irregular pago. “Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez”, demanda la voz en cuestión. Y en otra parte del audio, añade: “Vamos al banco, lo necesito ahora”.

Se trata de dos formulaciones que exponen la angurria de quien habla por hacerse indebidamente del dinero del entonces asesor de manera tan cruda que inmediatamente la a la congresista Cordero de todas las comisiones que integraba y, a través de su vocera, Patricia Juárez, la ha denunciado ante la Comisión de Ética del Parlamento. Hay que señalar, no obstante, que aquí, como en otros casos que comprometen a representantes del partido naranja, se echa en falta un pronunciamiento de la lideresa de FP, , porque es evidente que asuntos como este rebasan el ámbito del brazo parlamentario de la citada organización política. El silencio de la excandidata presidencial en los casos de, por ejemplo, y (ambos denunciados por violencia contra la mujer) es también inexcusable.

Volviendo a lo que revelan los audios, es de notar además que en determinado momento la voz que supuestamente corresponde a la parlamentaria Cordero arguye que necesita la plata de sus subordinados para pagarles a personas que la “ayudaron” en la campaña, lo que plantea una nueva dimensión del problema.

Otras de las particularidades de este caso son que, según el exasesor, la legisladora obligaba también a sus trabajadores a cubrir los gastos de sus viajes a Tumbes por las semanas de representación, y que ella contaba con un cómplice: el trabajador del área de Archivo del Congreso, Braden Paredes Calla, en cuya cuenta el denunciante habría hecho depósitos mensuales de entre S/4.500 y S/5.000 que tenían como destino final otro bolsillo... Una situación que nos obliga a preguntarnos sobre la extensión de este mal en las distintas dependencias del Legislativo.

Por todos estos motivos, no es descabellado sostener que el episodio que nos ocupa es la síntesis de la plaga de los recortes de sueldo en el Congreso. La expresión “vamos al cajero de una vez” promete convertirse en el corto plazo en un equivalente del tristemente célebre “¡Juro por Dios y por la plata!” a la hora de describir las sombras que permanentemente se ciernen sobre esta o cualquier otra de nuestras representaciones nacionales. Y esa es razón de más para actuar con la rapidez y la severidad que la circunstancia demanda.

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