(Foto: archivo El Comercio)
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Johnny Aurazo

Este martes, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Chiclayo reiteró el pedido de prisión preventiva, pero esta vez de 24 meses contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Pichotito, acusado de ser el presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Wachiturros de Tumán’.

El pedido fue hecho por el fiscal a cargo del caso, Juan Manual Carrasco Millones, ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. De acuerdo con la denuncia, el también empresario azucarero es acusado de ser el “autor mediato” del asesinato de los ex dirigentes Manuel Rimarachín Cascos y Percy Waldemar Farro Witte.

La muerte de Rimarachín ocurrió el 11 de octubre de 2012, mientras que la de Farro, en mayo de 2015. La Fecor Chiclayo investiga a Oviedo por los presuntos delitos “contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita en agravio del Estado y contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado en agravio de Manuel Rimarachín y Percy Farro”.

En mayo de este año, el fiscal Carrasco Millones solicitó 12 meses de prisión preventiva contra el mandamás de la FPF, además de 26 años de prisión por los delitos imputados. En diálogo con Perú 21, Carrasco “afirmó que hay un inminente ‘peligro de fuga’ de parte de Oviedo debido a sus presuntos nexos con la red criminal ‘Los Cuellos Blancos de Puerto’, que involucran a jueces, empresarios y ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura”.

En conversación con El Comercio, José Carlos Isla Montaño, abogado de Edwin Oviedo, rechazó lo dicho por el fiscal Carrasco y dijo que su patrocinado “es el primer interesado en que se esclarezcan estos graves hechos”.

“No existe un solo hecho de convicción que lo vincule [con los hechos imputados] y cuenta con arraigo tanto laboral como domiciliario. Él ha puesto su pasaporte a disposición de la fiscalía, él está en el país, no piensa fugar tampoco, y no pretende perturbar la actividad probatoria”, expresó Isla.

Según Isla, Oviedo es investigado por el mismo caso desde hace tres años y “en todo este tiempo no se le ha podido demostrar nada ni precisar los cargos que se le imputan conforme lo ordenó la Corte Suprema”.

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