Ay Dina, los militares. Crónica de Fernando Vivas sobre un serio lío de comandos

La foto que faltó

Ha habido varias visitas de los 4 comandos a los presidentes, a veces con su homólogo de la PNP, a Palacio. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) los obliga a reunirse con el poder político de vez en cuando. Pero hubo una oportunidad, el 30 de septiembre del 2019, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, en la que la visita de 5 (los 4 militares más el policía), causó revuelo. El entonces comandante general del comando conjunto, César Astudillo, hoy en retiro, me contó su versión: “Era mi cumpleaños y estaba fuera del comando, pero una vez que surgieron los hechos, los llamé a todos. El presidente nos convocó para comunicarnos lo que ya se sabía por los medios, que había disuelto constitucionalmente el Congreso. Apenas empezada la reunión pasó un señor, tomó una foto y la colgó en los medios, suponiendo un apoyo que en ningún momento fuimos a ofrecer ni se nos pidió. Es evidente que los altos mandos no fuimos a tomarnos ninguna foto. Los uniformes usados [casuales] así lo evidencian”.

Quien tomó la foto, según me lo confirmó, fue Óscar Vásquez, periodista y asesor de Vizcarra. Tuvo buen ojo y buen olfato porque había surgido, en el remolino de esa tarde, la insólita situación de que el Congreso hizo jurar a la vicepresidenta, y además congresista, Mercedes Aráoz. La pasajera sensación de vacío de poder nacional, se difuminó, en gran parte, gracias a la difusión de esa foto. Aunque la decisión de Vizcarra sigue abierta a la polémica y a la revisión crítica, los militares no se equivocaron en su conducta esa tarde. El TC normalizó la situación excepcional y se convocó a un congreso complementario que más tarde vacó al presidente.

La foto del ‘30 S’ tuvo un costó inmediato para los comandos. Al año siguiente, cuando Vizcarra fue vacado, Manuel Merino también buscó su foto, y en ella los 5, que no podían rehusarse al llamado presidencial, posaron con su mascarilla de rigor. Al año siguiente, el 2021, les tocó lo mismo con alguien en sus antípodas políticas e institucionales, Pedro Castillo. Y comparecieron en la foto con cara de pocos amigos. El general Astudillo, cuyo mandato debía acabar en diciembre de ese año, evitó ese trance porque pidió su baja, y lo reemplazó el actual comandante Gómez de la Torre.

El pasado lunes 8 no debía haber foto. El comando no acudió a Palacio a mostrar su respaldo a la presidenta, sino al revés; a asegurarse de que ella los respalde y los respete. Tras el impacto de lo dicho el domingo, una foto hubiera estado fuera de lugar. Dina había dado a entender que solo las Fuerzas Armadas –”puedo ser la jefe suprema de las FFAA pero no tengo comando”, dijo- son las únicas responsables de las contingencias de sus actos. Como si ella no hubiera firmado el DS 143-2022-PCM del 14 de diciembre que decretó el estado de emergencia en virtud del cual se autorizó a las FFAA colaborar con la PNP en mantener el orden interno. Al día siguiente murió una decena de personas en Ayacucho, algunos en enfrentamientos con militares. Las FFAA, según mis fuentes, no instigaron esa decisión política que acabó involucrándolos en procesos por violación de derechos humanos. En realidad vino del poder político (Boluarte y el entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola) y del Ministerio del Interior.

Alberto, contigo es

La PNP no se ha dado por aludida. Es cierto que Boluarte no la menciona en su frase desafortunada; pero, por extensión, podría asumirse que piensa lo mismo de la policía, que, por cierto, tiene muchos más casos en investigación que los militares. En todo caso, la PNP atraviesa su propia crisis institucional, tras la abrupta salida de su comandante general, Raúl Alfaro, envuelto en el escándalo de ‘El Español’; y no está para alharacas. Dejémosla ahí.

Las expresiones de molestia contra Dina empezaron el domingo cuando apareció la entrevista en El Comercio. Se imponía, desde el interés palaciego, un rápido desagravio a las FFAA y su ejecución debía ser en cancha militar, sino no tenía gracia. El domingo, había sido invitada a un evento militar, pero había cancelado su presencia, todo esto antes de la aparación de sus declaraciones. En la mañana del lunes, hubo la ceremonia de inauguración del Ejercicio Combinado Multinacional Cooperación IX, en la llamada Plaza de Armas de la Base Aérea de Las Palmas. Mis fuentes militares me han asegurado que la presencia de Boluarte estaba confirmada con antelación; pero sin duda decidió pocas horas antes que esa era la ocasión para hacer el desagravio. Lo hizo con estas palabras: “Ratifico mi pleno respaldo a las FFAA y a la policía nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad nacional, el orden interno y el desarrollo del país”. Mis fuentes también me cuentan que allí mismo Dina se acercó a los comandantes generales y los invitó a que la visiten su despacho por la tarde. Allí hubo un desagravio en privado, mezclado con una charla sobre temas de coyuntura.

Al lado de Boluarte, durante el desagravio público, estaba el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Este vivía su propio dilema. Los altos mandos, según mis fuentes, esperaban de él una manifestación pública de su desacuerdo. Algunos connotados militares en retiro, como los congresistas José Cueto o Jorge Montoya, no lo quieren porque presumen que está muy a su izquierda, tanto, que fue viceministro de Energía y Minas durante el gobierno de Castillo. Muchos uniformados vieron con secreto goce su interpelación.

Sin embargo, a muchos militares y políticos, se les ha pasado que Chávez Cresta, al responder el pliego de preguntas de su interpelación el 4 de abril, ha dicho algo grave y contundente contra Boluarte y Otárola, por defender a las FFAA. Se los cuento. La quinta pregunta del segundo pliego interpelatorio, lo inquirió para que responda si había recibido alguna orden de Dina y/o Alberto en el sentido de que las FFAA restrinjan el uso de la fuerza que les está permitida. Enfatizando cada palabra, esta fue su respuesta: “Quisiera ser lo más claro y enfático en este punto. La señora presidenta de la república y el señor presidente del consejo de ministros no han dado ninguna orden o disposición verbal y/o escrita al sector defensa para restringir el uso de la fuerza en el marco del DL 1095 que comprende a las FFAA”.

Chávez Cresta ha guardado silencio –el jueves, tras una actividad de su sector, trato de relativizar y contemporizar con lo dicho por la presidenta-, pero ello no significa que se quedó de brazos cruzados. Podemos presumir que fue impulsor del desagravio en público en Las Palmas y del privado en Palacio. En la mañana del lunes estuvo al lado de Dina en la ceremonia aérea. En la tarde no debía estar en Palacio y no estuvo. La que metió la pata fue la presidenta, de modo que era ella, sin ayuda ni respaldo de él, quien tenía que disculparse. La presencia del ministro hubiera sido incómoda pues no sabría de qué lado ponerse. Si la reunión la hubiera promovido el comando conjunto, sí hubiera sido pertinente la presencia de Chávez Cresta, respaldándolo.

Los ministros y mandos guardan silencio, pero sus colegas en retiro no. Hay asociaciones de oficiales en retiro (Adogen, Unión Naval, Unión Fuerza Aérea), que suelen emitir comunicados, a veces en clave alta. Pero hay uno, el Pronunciamientos de los Ex Altos Mandos del Ejército, que tiene especial ponderación y filo. Y buena memoria. Luego de rechazar en 3 puntos lo que ellos perciben como un intento de la presidenta de eludir responsabilidades y distorsionar el rol de las FFAA, dicen en el punto 4: “Considerando las declaraciones que anteriormente brindó el Presidente del Consejo de Ministros, se evidenciaría que el gobierno elude su responsabilidad política e intenta que, ante cualquier denuncia producida durante un estado de emergencia, se responsabilice únicamente a las FFAA y la PNP”.

Si Alberto Otárola presumía secretamente esta semana, de que fuera Dina la que tuviera que meter y sacar la pata; he aquí que los militares le dicen ‘hey, contigo también es, no nos olvidamos de lo que dijiste’. Sucede que el 5 de marzo trascendieron a la prensa, manifestaciones de Otárola a la fiscalía en las que parecía negar que Boluarte y el gobierno hubiera permitido el uso de armas letales en la represión de las protestas.

Una cruel ironía para Boluarte es que su salida a los medios se debió, en buena parte, a fortalecer su figura ante el apantallamiento de Otárola. Y vaya que esta última semana, empezó con la presidenta más visible que el premier, pero no como hubiera querido. El miércoles no hubo la acostumbrada conferencia de prensa luego del consejo de ministros presidida por ella (le hubieran llovido preguntas incómodas), y en su lugar se hizo una rápida ronda de pie, dirigida por Otárola.

Más allá de la razón o sin razón de los argumentos de defensa de Boluarte y Otárola, la opinión pública es tan severa y crítica de los presidentes, que ello alienta la penalización de sus responsabilidades políticas. No solo hay tradición anti presidencial, sino jurisprudencia. Fujimori está preso por violaciones de derechos humanos cometidas por un escuadrón paramilitar. Y Manuel Merino es imputado por su presunta responsabilidad en las muertes y lesiones de manifestantes durante su efímero gobierno (el Congreso no levantó su inmunidad).

Mira: Dina Boluarte ratificó su respaldo a las FFAA.

Estos antecedentes, y la investigación que ya tiene encima Boluarte por las muertes en las protestas, son una alerta que complica el ejercicio de la presidencia en el Perú. Son un desincentivo para cualquier candidato intachable que tema verse envuelto en investigaciones penales tras protestas con saldo trágico. Pero no tiene sentido que la presidenta haga públicos argumentos de defensa que merecen desarrollarse ante fiscales y jueces, si podía prever que ello tendría un impacto político negativo. Los militares se sienten culpados de antemano por la presidenta y la opinión pública ve el triste espectáculo de una autoridad que elude responsabilidades. Caímos, entre diciembre y febrero, en un círculo vicioso y sangriento de protestas y represiones que provocan la penalización del presidencialismo.