Sodalicio: cinco bancadas piden ver caso en pleno del Congreso
Sodalicio: cinco bancadas piden ver caso en pleno del Congreso
Gustavo Kanashiro Fonken
Gustavo Kanashiro Fonken

La bancada de Fuerza Popular confirmó ayer que mantendrá su decisión de no permitir que se cree una comisión investigadora dentro del Congreso que se dedique a analizar las denuncias contra Luis Figari y otros miembros del . En lugar de eso, han planteado que sea la Defensoría del Pueblo la que tome cartas en el asunto.

A consideración de la bancada fujimorista, el caso Sodalicio no debe ser investigado en una comisión porque el Congreso efectúa un control "eminentemente de responsabilidad política en asuntos de interés público" y porque "no se habrían visto involucrados funcionarios públicos".

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- La labor de la Defensoría -
Según la Constitución de 1993, la Defensoría del Pueblo debe "defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona" y, sobre todo, "supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos".

El portal web de la Defensoría del Pueblo ahonda en esta definición y detalla que "no desempeña funciones de juez o fiscal, ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones". La labor del defensor del Pueblo termina en la elaboración de informes con recomendaciones a autoridades como un "colaborador crítico del Estado que actúa con autonomía".

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"En ninguna oportunidad la Defensoría va a poder reemplazar una comisión investigadora, tampoco es fiscal. Son funciones totalmente distintas. La defensoría puede investigar pero no tiene el mismo peso", dijo a El Comercio Samuel Abad, ex defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo.

- Ya están actuando -
En ese sentido, y cumpliendo con las competencias que tiene la Defensoría del Pueblo, esta entidad ya ha demostrado que está actuando. Este miércoles 8 de marzo, antes que Fuerza Popular enviara un oficio al defensor Walter Gutiérrez, la defensoría informó que ha pedido al Ministerio Público que reinicie la investigación del caso Sodalicio.

"Más allá de las competencias que tiene la Defensoría del Pueblo, el tema acá es que el Congreso está abdicando de su función de investigar asuntos de interés público. Ellos tranquilamente podrían formar una comisión investigadora, pero no lo hacen por motivos políticos", añadió Samuel Abad.

A consideración del ex defensor adjunto, la importancia de una comisión investigadora justamente recae en la labor parlamentaria que va más allá que cualquier condena del Poder Judicial. "Al ser un asunto de interés público, el Congreso podría aportar no solo en el tema penal, sino en el sentido de evaluar qué ocurrió ahí y emitir políticas públicas para evitar que vuelva a suceder", añadió.

El Comercio contactó a la Defensoría del Pueblo para conocer su respuesta al oficio que Fuerza Popular envió esta mañana. Hasta el cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

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