Nos explotó en la cara. Crónica de Fernando Vivas sobre los manotazos contra la inseguridad

Nos quedamos en ‘shock’ el fin de semana, y el lunes volvimos a la misma receta que se prescribe para desastres de distinta naturaleza: declarar distritos o provincias en emergencia, lo que faculta a pedir el concurso de las FF.AA. No hay ejemplos recientes de éxito de la simbiosis de fuerzas del orden. En rigor, tal como queda claro en el Decreto Supremo 105-2023-PCM, “la PNP coordina con las FF.AA. [...] para que presten colaboración”. Ni siquiera está establecido que van a colaborar sí o sí, ni la forma en que lo harán. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, en una breve conferencia al día siguiente, subrayó esa colaboración probable y subordinada, mas no afanosa ni planificada.

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Los militares no levantan la mano para decir “acá estoy” cuando se les pide colaborar en el combate a la inseguridad. Chávez Cresta ha dado varias muestras de ser, digamos, abstencionista en materia policial. Y esto no va a cambiar porque la presidenta reitere, en ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas (es hoy 24 de setiembre, pero se celebró el viernes 22), el apoyo ofrecido en el decreto supremo. Ni porque el alcalde Rafael López Aliaga, con respaldo de su consejo metropolitano, pida el mismo apoyo. El respaldo de las FF.AA. no pasará, por ahora, de funciones específicas que la ley manda, tales como el resguardo a los activos críticos como aeropuertos e instituciones públicas.

Entrevisté al alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón, y me dijo que uno de los factores que han elevado la criminalidad en su provincia hasta provocar que siete de sus ocho distritos se declaren en emergencia es que la extensa frontera que tiene con Ecuador es una coladera de contrabando y delincuentes. He ahí un punto a debatir: ¿cuánto se debe o puede reforzar la vigilancia militar de las fronteras por razones de seguridad? Pero el reto mayúsculo está, pues, en manos de la PNP, y de su órgano político rector, el Mininter. No vemos señales de empoderarlo para que resuelva, en una instancia de alto nivel como el Consejo Nacional de Seguridad (Conaseg) o una nueva, los desfases con el Poder Judicial, el Ministerio Público o el INPE.

Le pregunté en RPP al primer ministro Alberto Otárola si se crearía una comisión de esa envergadura y me respondió que hay un plan –evitó llamarlo ‘Boluarte’– a cargo del sector Interior. Sin embargo, varios actores y expertos del combate a la seguridad insisten en la urgencia de esa instancia coordinadora y empoderada. Sorprende encontrar entre los vericuetos del Estado que, además del Conaseg, existe otra comisión contra la delincuencia. El fiscal superior Alfonso Barrenechea me contó que él es representante del Ministerio Público en el grupo de trabajo multisectorial encargado de implementar la política nacional multisectorial de seguridad y defensa nacional al 2030. O sea, ¡ya existe un grupo que aborda la inseguridad en su multicausalidad con agenda hasta el 2030! Pero se reúne bimensualmente sin pena ni gloria. Necesitamos algo así, en sesión permanente, con poder e impacto.

Del ‘shock’, junto con la declaración de emergencia focalizada y el apoyo militar, surgió la idea de llamar “terrorismo urbano” a esta explosión extorsiva. Ya van dos proyectos conocidos: uno presentado por el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Oliva, y otro por Renzo Reggiardo, teniente alcalde metropolitano, en nombre de la comuna. Lo que está en juego en estas iniciativas no es una urgencia legislativa, sino una declaración efectista. Llamar terroristas a los delincuentes, como Nayib Bukele lo hace en El Salvador, es convertir la lucha contra la inseguridad en una épica colectiva contra el mal, demonizarla e ideologizarla un poco. ¿Pero acaso no vencimos al terrorismo en los 90? Ese triunfo está en el acervo, no solo del fujimorismo, sino de la derecha nacional. Entonces, ¿volver a izar ese concepto no es contradictorio? El debate está abierto.

El estado de emergencia, siendo focalizado, no ha arqueado cejas preocupadas por posibles excesos. La pandemia nos acostumbró a tolerar recortes en aras del combate a una plaga desbordada. Ni la derecha libertaria ni la izquierda garantista de derechos humanos han puesto objeciones. Lo que sí hay, como vimos más arriba, es el reclamo de observadores que buscan, detrás de gestos, declaraciones y decretos, un plan concreto (o, al menos, el plan al 2030 ajustado a esta coyuntura), una alta comisión multisectorial empoderada (o, al menos, una reunión del Conaseg) o un nuevo liderazgo (o, al menos, empoderar al ministro del Interior, Vicente Romero). En lugar de eso, acusan lo que Rubén Vargas llama el “plan huevearte”, y Juan Carlos Tafur, el “plan boludearte”.