Caso Gasoducto: Preguntas y respuestas claves sobre el allanamiento a inmuebles

Miembros del equipo especial del Caso Lava Jato del Ministerio Público, liderados por la fiscal Geovana Mori, realizaron el martes un operativo de allanamiento con descerraje y fines de incautación en la casa de la ex primera dama Nadine Heredia, así como en inmuebles de otros investigados y oficinas de tres estudios de abogados. La medida fue autorizada por el juez Juan Carlos Sánchez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en delitos de corrupción.

Según el fiscal Rafael Vela, la medida se da en el marco de un proceso de colaboración con Odebrecht, por actos de corrupción encontrados en la obra del Gasoducto Sur Peruano.

Mori señaló a la prensa que se trataría de los presuntos delitos de colusión agravada —concertación ilegal entre un funcionario y un particular en negocios públicos— y de negociación incompatible —provecho propio de funcionario por un contrato u operación en la que interviene por razón de su cargo—.

1. ¿Para qué sirven estas medidas?
El allanamiento es una medida urgente usada para registrar inmuebles con el fin de buscar a un imputado o una persona evadida, o bienes delictivos o cosas relevantes para una investigación. Según el artículo 214 del nuevo Código Procesal Penal, debe dictarse siempre que sea previsible que el ingreso al recinto vaya a ser negado.

La incautación, por otro lado, es una medida ordenada para conservar cosas relacionadas con un delito u objetos necesarios para aclarar una investigación, pero también para prevenir que se escondan o desaparezcan bienes generados con la comisión del delito o usados para cometerlo. En este punto, se parte de la premisa, que eventualmente tales bienes serán decomisados (el Estado se vuelve titular de los bienes relacionados al delito).

Según el penalista investigador de la línea anticorrupción del IDEHPUCP, Rafael Chanjan, “la medida se basa en el peligro manifiesto de que un efecto, instrumento u objeto del delito se pueda perder”.

Según la resolución judicial que la autoriza, esta información requerida “sería negada por parte de los investigados, existiendo la alta probabilidad que ellos desaparezcan u oculten elementos de convicción de gran utilidad, pertinencia e idoneidad para lograr esclarecer los hechos que son materia de investigación”.

2. ¿Tienen sustento?
En este caso, el juez ha autorizado ingresar a estos inmuebles, así como incautar todos los bienes y documentos que de alguna forma estén relacionados con presuntos actos de corrupción del proyecto Gasoducto Andino del Sur, concesionada primero a Kuntur —de la que Odebrecht fue propietario— y del proyecto Gaseoducto Sur Peruano —integrado por Odebrecht y su socia española, Enagás—.

Se sostiene que el Comité de Proseguridad Energética, a cargo del proceso, habría favorecido a Odebrecht, descalificando indebidamente al consorcio competidor, en base a informes jurídicos emitidos por dos estudios de abogados —Echecopar y Delmar Ugarte—.

Según la resolución judicial, la medida se dictó con el fin de “encontrar bienes y/o información que sean de interés para la investigación, como, por ejemplo, agendas (anotaciones) correos electrónicos, mensajería, videos, audios, teléfonos celulares y cualquier otro medio audiovisual o documento físico y/o informático que acredite algún tipo de coordinación entre los investigados".

Entre las diligencias a practicar están “el registro del inmueble, la incautación de todos los bienes y documentación, que de forma directa o indirecta tenga vinculación con los delitos que son materia de la presente investigación o los que en el transcurso de esta se puedan determinar y el registro personal de las personas que se encuentren presentes en el inmueble o que lleguen posteriormente”.

Para la penalista Vanessa Valverde, la medida podría ser cuestionada con relación a la proporcionalidad. “Para dar una medida así, debe haber un peligro casi inminente de que esa información se pueda perder”, señala. En esa línea, cuestiona si pudo haberse solicitado antes dicha documentación a los respectivos estudios de abogados.

Según la resolución judicial, la medida cumple con el principio de proporcionalidad, ya que resulta “idónea para la búsqueda de pruebas, como parte de la averiguación de la verdad”.

Además, indica que “es necesaria, porque no existe otro medio, igualmente idóneo, para dicho cometido, pues, de habérsele requerido a los afectados su entrega voluntaria, esta posiblemente no se hubiera realizado” y, efectuando una ponderación de los intereses en conflicto, señala que “es evidente que el derecho a la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la intimidad, debe ceder frente a la trascendencia social de los graves hechos que se investigan, debiéndose anteponer el interés de la sociedad en la averiguación de la verdad a los derechos personales afectados”.

3. ¿Es la primera vez que se allana el inmueble de Nadine Heredia?
Esta es la primera vez que se dicta una orden de allanamiento contra el inmueble de Heredia. Según su abogado Wilfredo Pedraza, el bien ha sido objeto de distintas medidas procesales en tres investigaciones diferentes: Gasoducto Sur Peruano (dividido en dos carpetas fiscales), Hospital Lorena y Aportes de Odebrecht.

Por el primero, el bien fue objeto de un embargo, una inhibición y una incautación, y ahora de un allanamiento; y por el segundo, se ordenó un embargo y una inhibición. Finalmente, por el tercero, se dictó una medida de incautación que fue luego dejada sin efectos en noviembre del 2018.

La medida de embargo sobre el bien busca garantizar un eventual pago de la reparación civil, en este caso, por presuntos actos de corrupción, mientras dura el proceso; la medida de inhibición prohíbe que se pueda disponer del bien, con lo cual no puede ser donado o vendido; y la medida de incautación busca que el Estado se quede con objetos que han sido generados o usados por la comisión de un delito.

“En la incautación —de hace un año—, nos obligaron a sacar todos los bienes muebles y dejar la casa vacía, cosa que se hizo de manera parcial porque no fue posible en pocas horas, pero esta es la primera vez, respecto a la incautación de documentos”, precisa Pedraza. En aquella otra medida, la fiscalía solo incautó la casa, por eso, le solicitaron retirar todo lo que había dentro. 

En la diligencia ocurrida ayer, precisa, no se logró incautar más que el celular de la señora Heredia. "Han ingresado al dormitorio principal, al de los hijos, han revisado los teléfonos de los niños, y una tablet. Había una caja de seguridad, cuya clave no recordaba Nadine ni tenía la llave y nosotros le pedimos a la fiscal traer a un cerrajero, así que se abrió por la fuerza y se vio que solo habían documentos inocuos", explicó a este diario.

Siempre que el motivo de la medida procesal sea diferente, es posible que el mismo inmueble sea objeto de distintas medidas cautelares. “Depende de la causa por la cual se dicta la resolución, y si la intervención se ha realizado por varios hechos delictivos, podría [el inmueble] ser sujeto de varias medidas como estas”, señala Chanjan.

4. ¿Se puede allanar un estudio de abogados?
No hay ninguna restricción legal que impida realizar un allanamiento e incautación en un estudio de abogados. Pero, por sus características, hay algunas variables que deben tomarse en cuenta al dictarla. Esto, dado que los documentos que podrían ser incautados estarían, en principio, protegidos por el secreto profesional entre un abogado y su cliente, y el derecho a la defensa de este último.

“El fiscal debe tener especial cuidado en que lo incautado sea documentación exclusivamente vinculada al objeto de la investigación delictiva; y en este caso, el secreto profesional podría ceder ante un interés público superior, que es la investigación y persecución de delitos de corrupción, que es un interés constitucional”, señala Chanjan.

Esta no es la primera vez que se allana un estudio de abogados. Pasó también en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos contra la ex lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, en el estudio Oré Guardia.

En ese momento, el juez Concepción Carhuancho señaló que el secreto profesional no es un derecho absoluto frente a la administración de justicia: “Es por ello que no se extiende cuando el abogado está vinculado con la realización del acto ilegal o criminal, o en aquellas que constituyen en sí mismas parte de un crimen”.