El verano moderado de los Fujimori. Una crónica de Fernando Vivas

La condena de Kenji en primera instancia (por su condición de ex congresista, el caso se ha dado íntegramente en la Corte Suprema) fue por 4 años y 6 meses en noviembre del 2022. Su defensa apeló esa sentencia de la Sala Penal Especial. Si la Sala Penal Permanente la confirmaba, iba de todas maneras preso, pues la pena efectiva solo se puede suspender en condenas de hasta 4 años. Pero sucedió que en el 2023, en el paquete de decretos legislativos fruto de las facultades delegadas al Ejecutivo en materia de seguridad, se modificó la norma para que la pena se pueda suspender en condenas de hasta 5 años.

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La Sala Penal Permanente, presidida por el juez César San Martín (¡sí, el que condenó a su padre en el juicio histórico del 2007!), confirmó la sentencia pero suspendió la pena. Ojo, no estaba obligado a suspenderla, pero ahora podía hacerlo y lo hizo. Si me preguntan si el decreto que ampliando de 4 a 5 años el plazo para aplicar la suspensión se dio pensando en Kenji; no les puedo responder con convicción. Este calza en la política pública de destugurizar las cárceles y beneficia a muchos. Si hubo un acercamiento de Kenji al gobierno de Boluarte con ese fin, es un misterio.

Lo que sí les puedo contar, gracias a mis fuentes, es que Kenji ha querido despolitizar lo más posible su caso, a diferencia de Keiko, que está atrapada en el círculo vicioso de la judicialización política: ‘me persiguen porque soy política, soy política porque me persiguen, ad infinitum’. Conversé con la abogada de Kenji, Susana Velásquez, y me dijo: “Desde que presentó [en el juicio oral] su informe de hechos, Kenji ha dicho que no quiere saber nada de política, que la política lo llevó a esto”. No he podido conversar con él para esta crónica, pero fuentes cercanas a él me contaron que emisarios de Fuerza Popular le pidieron en más de una oportunidad que se reinscriba (fue expulsado de la bancada en el 2018 y él renunció al partido) y que se llegó a barajar la idea de que fuera candidato a la alcaldía de Lima en el 2021.

También se barajó la posibilidad de que Elio Riera, el abogado de su padre, asumiera su defensa. Pero ver a Riera alegando ante San Martín, hubiera tenido el filo político que Kenji quería evitar. Riera se limita a defenderlo en el caso Limasa, el almacén del que era uno de los propietarios, y donde se encontró droga. Tras conocerse el fallo del martes, Riera declaró rechazando el fallo y prometiendo recursos constitucionales. Muchos creímos que era un defensor oficial anunciando su estrategia, hasta que Kenji posteó en X un agradecimiento a las buenas intenciones de Riera con una aclaración que Velásquez era su única abogada en este caso. Le pregunté a ella si pensaba igual que Riera: “Para nosotros está claro que la vía judicial ya acabó. Recurrir a la vía del Tribunal Constitucional es algo que está en evaluación,no hay una decisión tomada al respecto”. O sea, no piensa como Riera. Mientras la defensa de Kenji busca una salida de la política, la de Alberto y la de Keiko son conscientes de que sus patrocinados son parte de una maquinaria que los tiene de referentes para llegar al poder.

Un líder fujimorista me cuenta que Keiko está renuente a hablar de su candidatura al 2026. Por lo tanto, no hay ni decisión ni certeza al respecto. Pero mantiene la presidencia de un partido cuyas decisiones claves en los últimos tiempos –no pelear la presidencia del Congreso, no tener un ministro en el gabinete Otárola, cuidar de no ser arrastrados en causas perdidas por sus colegas de Avanza País y Renovación Popular- se han dado en función de no enervar al anti fujimorismo; aunque esa contención sea, en sí misma, otra causa perdida.

Me contaron que, tras su separación de Mark Villanella, Keiko está gozando de sus hijas a las que en unas temporadas, muy probablemente, no tendrá cerca pues el plan familiar es que estudien en el extranjero. Pero hay un nuevo habitante en su casa, alguien con quien no compartía techo desde que abandonó Palacio de Gobierno en el 2000: Alberto Fujimori. A sus 85 años, el ‘Chino’ no luce bien. Está lúcido pero físicamente afectado. Él mismo explicó, en la última audiencia del caso Pativilca el viernes pasado, que es oxígeno dependiente varias horas al día. Fue a renovar su DNI acompañado de su balón de oxígeno. Un amigo de la familia me contó que ha descubierto Netflix y el streaming y sus nietas lo han actualizado en el uso del celular. El melodrama fujimorista ha perdido intensidad, ha entrado en una fase de anti clímax.

¿Dará todo un giro dramático cuando empiece el juicio oral y Keiko encare a jueces y fiscales? Llamé a su abogada, Giuliana Loza, y me contó que la acusación estuvo lista en marzo del 2021. De allí siguió la farragosa etapa del ‘control de acusación’, en el que la defensa plantea varias objeciones que deben ser resueltas. Por fin eso acabó, y el 1 de diciembre del 2023, el juez Víctor Zúñiga del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó el 1 de diciembre del 2023 el ‘auto de enjuiciamiento’, o sea, la resolución de que el juicio debe empezar con la lista de testigos, pruebas y argumentos allí consignados.

Sin embargo, hace pocos días, el mismo juez Zúñiga hizo un auto aclaratorio, corrigiendo y precisando algunos detalles del voluminoso expediente. La defensa y la fiscalía, según me contó Loza, están haciendo su observación a ese auto aclaratorio, lo que tomará unas semanas. Calculemos que este capítulo imprevisto se prolongue hasta febrero o marzo. Recién entonces se designará al juzgado que llevará el caso. Y este se tomará un corto tiempo para fijar la fecha de la primera audiencia. Calculemos que esta ocurrirá en el otoño.

¿Habrá una sentencia antes de las elecciones del 2026? Le pedí un cálculo a Loza. Lo ve muy difícil. La cantidad de acusados, de pruebas y de testigos –citarán hasta los que hicieron aportes en cócteles, según se desprende del auto de enjuiciamiento- hace presagiar un juicio bastante largo. Sea o no candidata, lo más probable es que no haya una sentencia sobre Keiko Fujimori mientras dure la campaña. “Yo no hago esa pregunta, me limito a hacer la defensa”, dice la abogada cuando le pregunto por la eventualidad de una candidatura en pleno juicio. Su defensa no admite que hubo aportes de Odebrecht, sino de otras fuentes nacionales (como el el difunto Juan Rassmuss Echecopar según contó Jaime Yoshiyama). Loza me dice que los detalles de las finanzas de las campañas corresponderán a la defensa del partido, en manos del ex procurador Christian Salas. Por cierto, Fuerza Popular es una de las dos personas jurídicas entre los 40 coacusados. La otra es MVV Bienes Raíces (la inmobiliaria de Mark). Así de judicializada esta la vida de los Fujimori y las instituciones que tocan. Pero en este capítulo de verano, Keiko es la eterna incógnita, Alberto un apacible abuelo y Kenji el fenómeno del Niño moderado.