¿Qué políticos procesados pueden beneficiarse de decreto que permitió a Kenji Fujimori evitar la prisión?

El expresidente Martín Vizcarra y el prófugo ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, están en esta lista [ver recuadro].

El Decreto Legislativo N°1585, emitido en noviembre último por el gobierno de Dina Boluarte en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, estableció que el juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que esta no sea mayor de cinco años.

También cuando exista “la modalidad del hecho punible, el comportamiento procesal y la personalidad” del imputado “permitan inferir” al magistrado o sala que este “no volverá a cometer un nuevo delito”.

Además, el DL N°1585 pone un candado adicional, en el sentido, de que el acusado “no tenga la condición de reincidente o habitual”.

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Vizcarra Cornejo recientemente sufrió un nuevo revés judicial, luego de la que Sala Penal de Apelaciones de Moquegua revocó la decisión de declarar prescrito el proceso en su contra por el presunto delito de negociación incompatible por el Caso de la Represa de Chirimayuni.

El exmandatario había logrado que, en primera instancia, le concedieran el sobreseimiento de esta pesquisa al acogerse a la llamada “ley impunidad” (también conocida como “Ley Soto”). Esta reduce el tiempo en el que un delito puede ser investigado y sancionado.

El Ministerio Público ha solicitado que Vizcarra Cornejo reciba una condena de cuatro años y ocho meses de prisión, así como un año y ocho meses de inhabilitación. Además, la procuraduría anticorrupción solicitó que pague una reparación civil de más de S/ 766 mil. No obstante, tras el fallo a favor de Fujimori Higuchi, se abre un escenario para que el ex jefe de Estado evite una pena efectiva.

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Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, existe un riesgo de que la defensa legal del expresidente pueda invocar el DL N°1585 a futuro.

“Sí, hay un riesgo debido a que esta norma es antitécnica, y no corresponde a las necesidades de la política del Estado para enfrentar la gravísima situación de la corrupción en el país. Esta es una ley que favorece la impunidad. No va a ayudar, sino al contrario y ya lo demuestra la sentencia a Kenji Fujimori”, manifestó a El Comercio.

Maldonado refirió que el mensaje que da este mecanismo es que “los políticos pueden delinquir y no pasa absolutamente nada”.

*Desde el 6 de octubre, Cerrón se encuentra prófugo de la justicia. En ese tiempo, el Poder Judicial emitió un fallo que ordena 36 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

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Podría ir a la Corte Suprema

El secretario general de Perú Libre es otro político que podría utilizar el DL N°1585 a su favor. En octubre último, Cerrón fue sentenciado a tres años y medio de cárcel efectiva por colusión por las irregularidades en las obras del Aeródromo Wanka. Desde esa fecha el ex gobernador regional de Junín está prófugo de la justicia.

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El abogado penalista Andy Carrión recordó que, en agosto último, el Poder Judicial dejó sin efecto la pena de cuatro años de prisión suspendida en segunda instancia contra el secretario general de Perú Libre por el Caso La Oroya y ordenó un nuevo pronunciamiento. Por ello, añadió que, técnicamente, no sería reincidente.

Es decir, no tendría ninguna limitación para acudir a la Corte Suprema a solicitar que se le cambie su prisión efectiva por una suspendida.

“Este caso está firme, hubo resolución en primera y en segunda instancia, lo que podría hacer es recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso de casación. También podría recurrir a recursos constitucionales bajo el argumento de que una ley favorable al reo puede tener una aplicación retroactiva”, explicó Carrión a este Diario.

Una postura diferente tuvo el ex procurador anticorrupción César Azabache, quien sostuvo que el DL N°1585 no es un dispositivo que permita modificar condenas ya consentidas.

“El proceso a Kenji Fujimori estaba en apelación, Cerrón puede pedir para sus otros procesos, igual Vizcarra”, expresó.

Azabache, en diálogo con El Comercio, indicó que la referida norma “no hace obligatorio” para el juez suspender las sentencias que no superen los cinco años. “Esto depende de criterios vinculados al comportamiento [del procesado], a su perfil y al caso concreto”, complementó.

El ex abogado del Estado dijo que espera que el gobierno de Boluarte no haya emitido el Decreto Legislativo N°1585 solamente para favorecer al menor de los hermanos Fujimori Higuchi. Y criticó que esta medida no haya ido de la mano con la construcción de más penales y la licitación de grilletes electrónicos, cuando el objetivo principal de la norma es el deshacimiento de los penales.

El congresista Luis Picón también puede ser beneficiado con esta norma si llega a ser condenado por el presunto delito de negociación incompatible. El Ministerio Público pidió cuatro años de prisión en su contra por irregularidades en la licitación de obras en colegios en Huánuco cuando fue gobernador regional [ver recuadro].

En noviembre último, el exparlamentario Víctor Albrecht fue condenado a seis años de prisión efectiva por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

El Decreto Legislativo N°1585 señala que “el juez, de oficio o a pedido de parte, puede convertir la pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica personal en aquellos casos en que” esta no sea mayor a los 10 años.

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El exprocurador Maldonado refirió que la defensa legal de Albrecht podría solicitar su excarcelación amparándose en la norma dada por el Ejecutivo.

“Existe una complicidad entre la clase política peruana, un intercambio de favores, desde el gobierno que expide normas que pueden favorecer a procesados. Esta norma, insisto, es antitécnica, no obedece a una política contra la criminalidad ajustada al derecho. Las sentencias fuertes cumplen un papel, pero las sentencias débiles también, el de consolidar mecanismos de impunidad”, acotó.