El indulto a Alberto Fujimori podría ser visto en la Corte Suprema. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
El indulto a Alberto Fujimori podría ser visto en la Corte Suprema. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
Josefina Miró Quesada

El pedido de control de convencionalidad (revisión que hacen los jueces para determinar si un acto o norma interna es acorde o no a tratados internacionales) para anular el humanitario otorgado al ex presidente fue admitido a trámite ayer por el vocal supremo de Instrucción, Jorge Castañeda.

En declaraciones a El Comercio, el abogado de Alberto Fujimori, Miguel Ángel Pérez Arroyo precisó que ya fueron notificados y hoy revisarán la resolución para responder al Poder Judicial.

“Seguramente convocarán a una audiencia para citar a las partes”, indicó. Adelantó que su defensa se centrará en cuestionar que el “control de convencionalidad” es un criterio de evaluación que debe hacerse en medio de un proceso abierto y, en su opinión, no existe ninguno en este caso.

“Si pretenden la nulidad del indulto, debieron instar un procedimiento, que era el amparo y ahí se pudo aplicar el criterio de control de convencionalidad, pero acá no hay ningún procedimiento vivo y han usado ese criterio para iniciar uno; esa es la principal objeción”, explicó.

Sin embargo, el abogado reveló que está evaluando seguir o no con su defensa. “Estoy con bastantes ocupaciones y hay casos que requieren una mayor atención de mi parte y el señor Fujimori requiere un abogado con absoluta disponibilidad porque cada vez se le vuelve más complejo su tema”, manifestó Pérez Arroyo.

Además de este caso, el ex mandatario está incluido en el caso Pativilca como presunto autor mediato del asesinato de seis personas.

Arroyo también se mostró preocupado de que los escándalos de corrupción en el sistema de justicia influyan negativamente en la aplicación de la ley. “Hay una suerte de temor generalizado para aplicar las normas con rigidez, de si los jueces o fiscales niegan algo, ¿qué es lo que va a decir la sociedad?”, comentó.

Por su parte, Gloria Cano, abogada de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, indicó que el control de convencionalidad se hace en el marco de la ejecución de la condena de 25 años de cárcel por los delitos de Barrios Altos y La Cantuta, interrumpida por el indulto.

Reiteró que este mecanismo de control de convencionalidad es una obligación que deben cumplir todos los jueces de los Estados suscritos a la Convención Americana.

Agregó que este no es un caso anómalo porque se ha hecho antes con las leyes de amnistía en el gobierno de Alberto Fujimori, anuladas por la jueza Antonia Saquicuray en 1995 y con la reciente resolución del juicio por la matanza en Pativilca, de febrero de este año.

En comunicaciones con este diario, el Ministerio de Justicia anotó que fueron notificados para enviar la documentación requerida sobre el expediente del indulto. Precisaron, sin embargo, que aún no son parte del proceso.