Vladimir Cerrón: Avanza a paso lento proceso por resguardo irregular que puede llevarlo nueve años a la cárcel

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El Comercio accedió a un oficio que el fiscal provincial anticorrupción de Junín Carlos Rodrigo Mera, a cargo del caso, envió la semana pasada al juez Walter Camarena Madrid, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de esa región. Según se evidencia en el escrito, Mera solicitó que se dé trámite a la acusación que presentó el último 28 de febrero, al haber transcurrido ya más de un mes y el caso no avanzaba.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar muy respetuosamente disponga a quien corresponda cumpla con correr traslado de la acusación fiscal (...) por cuanto la misma fue presentada el día 28 de febrero; asimismo, los medios probatorios fueron remitidos con fecha 6 de marzo, habiendo transcurrido aproximadamente 1 mes de dicha presentación”, remarcó en el documento el fiscal del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín.

Fuentes de este Diario confirmaron que hay una “demora” en la citada corte pues, a pesar del tiempo transcurrido, hasta el momento aún no se fija fecha para el inicio del control de acusación contra Cerrón, quien hace apenas unos días cumplió ya seis meses en la clandestinidad por otros dos casos.

“Es un caso totalmente sólido, se tienen informes de la contraloría, informes periciales grafotécnicos (de falsificación de documentos) en donde se confirma que uno de los policías que debió estar resguardando al gobernador regional de Junín estaba en la ciudad de Lima resguardando al señor Cerrón, cuando ya no era gobernador”, remarcó una de las fuentes consultadas.

Recién hace unos días se habría empezado a correr traslado del expediente a todas las partes para que brinden sus descargos; apenas uno de los pasos a seguir para que el caso empiece a ser analizado en la etapa intermedia de control de acusación y, de proceder, sea elevado a su vez para el juicio oral por parte de un colegiado de magistrados.

Las fuentes consultadas advirtieron, además, que la condición de prófugo de la justicia de Cerrón no tendría por qué ralentizar la etapa intermedia de control de acusación, y más bien han mostrado su preocupación por el “retraso”.

El Comercio intentó recoger la postura de la Corte Superior de Justicia de Junín; sin embargo, al cierre de este informe no hubo respuesta.

Andy Carrión, abogado penalista

El fiscal cierra la investigación y o bien acusa o bien archiva. En este caso, ha decidido acusar y llevar el caso a juicio. Entonces el fiscal envía la acusación al juez competente y lo que sigue es que el juez no solo reciba esa acusación por parte del fiscal y correr traslado a las partes; es decir, a los acusados, a la procuraduría, etcétera. Para que en el plazo de 10 días hábiles puedan realizar todos sus descargos, presentar pruebas, recursos, etcétera. Y transcurridos los diez días de recepción de esos descargos, que en el derecho penal se llama absolución, ya lo que hace el juez es iniciar la etapa intermedia; es decir, citar a audiencia para que en la audiencia sea discutida la acusación y los recursos absueltos por parte de las defensas y las pruebas aportadas. Es la audiencia de control de acusación. Y de ahí serán varias sesiones, dependiendo de la complejidad del caso, en la que el juez señale si es pertinente seguir a juicio o no y, si lo hace, con qué pruebas va. Es toda una etapa que puede durar algunos meses.  

Tal como se informó, el último sábado Cerrón cumplió seis meses en la clandestinidad, mientras mantiene dos órdenes de captura vigentes: una por la condena —también por corrupción— que fue confirmada el pasado 6 de octubre de 2023 por el Caso Aeródromo Wanka y a raíz de la cual pasó a la clandestinidad.

A ello se suma que, a fines del año pasado, también se dictó una orden de prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación que se sigue por lavado de activos y en donde se investigan las finanzas de Perú Libre.

Tras varios meses de investigación, la fiscalía anticorrupción estableció en 10 hechos este caso complejo en el que están comprendidos Vladimir Cerrón y otras 13 personas, entre los que se encuentran cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, según la acusación fiscal a la que accedió El Comercio.

Los hechos, a su vez, han sido tipificados en delitos como colusión agravada, por el cual se requiere nueve años de prisión en contra de Cerrón; así como de negociación incompatible, falsedad ideológica e, incluso, falsificación de documentos.

Uno de los principales hechos establecidos por la fiscalía es cómo se gestionó al interior del Gobierno Regional de Junín una “bonificación especial” para los efectivos a cargo del resguardo de Cerrón, medida que continuó en la siguiente administración de su sucesor, al amparo de normas que ya no se encuentran en vigencia y que significó, en la práctica, en una doble percepción de ingresos del Estado para los efectivos a cargo de su custodia.

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En diciembre de 2018, antes de asumir para su segundo período en el Gobierno Regional de Junín, Vladimir Cerrón pidió directamente el destaque de dos efectivos PNP para su resguardo personal: Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, su amigo y con quien estudió la secundaria en la década de los 80′s, y a Edwin Mamani Cáceres. Luego se sumaría a ellos el efectivo Yrineo Rodolfo Perales López. Los pedidos procedieron, a pesar de que las asignaciones deberían ser de oficio y no de parte.

En los primeros días de enero del siguiente año, se empezó a gestionar al interior de la entidad regional el sustento administrativo y legal para efectuar el pago de lo que sería una irregular bonificación especial para cada uno de ellos de S/1.000 mensuales, de enero a diciembre, vía órdenes de servicio.

Todo se plasmó finalmente en una resolución ejecutiva regional emitida por Cerrón a fines de ese mismo mes que declaraba procedente “otorgar el pago por bonificación especial” de enero a diciembre de 2019, pese a que —como lo advierte la fiscalía— “las normas citadas en dicha resolución se encontraban derogadas”.

“Existe certeza de que los primeros días de enero de 2019, en la provincia de Huancayo, el acusado Vladimir Cerrón Rojas en su condición de gobernador del GRJ interviniendo directamente por razón a su cargo, mediante concertación con el acusado Carlos Wilfredo Zárate Villalobos defraudaron patrimonialmente al Estado, por cuando concertaron para que se produzca la contratación ilícita de este último, de Mamani Cáceres y Perales López, quien brindarían el servicio de seguridad y resguardo al gobernador regional de Junín, para lo cual se emitió de manera ilícita una serie de órdenes de servicio con conocimiento de que la Policía Nacional del Perú venía asumiendo el pago mensual de dichos efectivos policiales”, remarcó la fiscalía anticorrupción en su acusación.

Esta bonificación especial para el resguardo continuó incluso cuando Cerrón salió del poder a mediados del 2019 tras una sentencia judicial, prolongándose a lo largo del 2020 (a mediados de ese año se sumó un cuarto efectivo policial) y hasta agosto de 2021, situación que generó un perjuicio económico de S/103.500, según advierten tanto la contraloría como la fiscalía.

Incluso en el 2020, en plena pandemia del COVID-19, se tuvo que modificar los recursos de la institución ya presupuestados para poder efectuar estos pagos.

Pero el hecho que gatilló esta investigación, hoy formalizada ya en una acusación fiscal, tiene que ver con el resguardo irregular que sostenía Cerrón en 2021, a pesar de que ya no ostentaba ningún cargo público, una situación advertida en un reportaje realizado por el dominical ‘Punto Final’ a mediados de ese año.

Se puso en evidencia en imágenes cómo Zarate Villalobos acompañaba a Cerrón en actividades, pese a que su deber era brindar resguardo al gobernador regional de Junín; en ese entonces, Fernando Orihuela. Los documentos presentados en Huancayo señalaban que Zarate estaba en esa ciudad, pero las imágenes daban cuenta de que estaba en Lima.

“Se advierte que el acusado [Edwin Mamani Cáceres, el otro efectivo PNP] dejó constancia de la presencia del SB. PNP Zarate Villalobos en la ciudad de Huancayo, indicando que el mismo prestó servicios de seguridad y resguardo al gobernador regional de ese entonces Orihuela Rojas; no obstante, dicha información resulta falsa, toda vez que el efectivo policial en cuestión se encontraba en la ciudad de Lima los días 22 y 26 de julio de 2021, conforme lo registrado en video”, remarcó la fiscalía en su acusación.

Incluso, el Ministerio Público logró establecer mediante pericia grafotecnia que “las inscripciones consignadas en el cuaderno de registro de asistencia del personal USEG-HYO 2021, correspondientes al 22 de julio de 2021, no proceden del puño gráfico de Zarate Villalobos”.

“Por lo que se infiere que el acusado no asistió a laborar dicho día, más aún considerando que el día 22 de julio de 2021 fue visto en el local del partido político Perú Libre ubicado en la Av. Brasil en la provincia de Lima, conforme consta del video publicado”, se advierte.

Estos y otros elementos están contenidos en la acusación fiscal de casi 130 páginas presentada por el fiscal provincial Carlos Mera; y en la cual se comprende a un total de 14 personas que, de alguna manera u otra, intervinieron en los hechos investigados.