Rafael Vela: “Es una estrategia que lo que busca es retirarnos de los casos y generar un caos total”

—La Autoridad Nacional de Control ha decidido suspenderlo como fiscal coordinador por casi nueve meses, reactivando una queja de hace más de tres años. ¿Cómo toma ello?

En principio, como el corolario de una permanente campaña de abuso y de acoso sistemático de parte de la autoridad de control, desde la llegada del extraditado Alejandro Toledo. Porque estas investigaciones han sido reactivadas con posterioridad a su llegada, pese a que el actual jefe de la autoridad de Control está en funciones desde entiendo septiembre del año pasado. Pero desde septiembre hasta abril, nosotros no teníamos ningún tipo de actividad procesal en esas investigaciones. Es, a raíz de la llegada del señor Toledo, que se nos inicia una investigación, todas [las pesquisas están] enmarcadas dentro de declaraciones que hacemos los fiscales del Equipo Especial como parte de nuestro trabajo y, mi caso específico, como vocero de la institución.

—¿Por qué la llegada de Toledo es clave?

Lo que sucede es que dentro del proceso mismo de averiguación de la verdad y de progresividad de las investigaciones, muchas de ellas ya están en etapas finales acusatorias. El Equipo Especial ha formulado 15 acusaciones, dentro de las principales y que son de conocimiento público: contra el señor Alejandro Toledo, extraditado; Pedro Pablo Kuczynski; Ollanta Humala; Martín Vizcarra, la señora Susana Villarán. Entonces, dentro del avance progresivo de las investigaciones, hay un punto de inflexión en la llegada del señor Alejandro Toledo que también produce un efecto importante, de mayor impulso, de las acusaciones que estaban todavía pendientes de calificación en el Poder Judicial. Nosotros también reclamamos ello, porque había 15 acusaciones que estaban dentro del trámite judicial y que no se resolvían y que daban la impresión de que esa responsabilidad era del Ministerio Público, cuando esas etapas las lidera el Poder Judicial. Por eso nosotros pedimos que se analizara la posibilidad de tener jueces a dedicación exclusiva, como sucedía en el caso Fujimori-Montesinos, porque somos un Equipo Especial a educación exclusiva, la Procuraduría Ad hoc tiene dedicación exclusiva. Entonces, estimamos que un caso de tan alta envergadura, es el caso de mayor trascendencia en la vida del país respecto a una serie de graves delitos cometidos dentro de organizaciones criminales, aparatos de poder, lavado de activos y corrupción, merecería la educación exclusiva para que la averiguación de la verdad se vea favorecida en términos de su prontitud, y podamos conocer la verdad en estos graves casos en un plazo menor del que ya se viene dilatando.

—A partir de esta protesta se vuelven a reactivar estos procesos....

Yo diría que son paralelos a una agresiva campaña mediática y de opinión contra los fiscales del Equipo Especial. Nosotros, dentro de la política comunicacional de la institución, también teníamos una menor participación dentro de los medios de comunicación y, por tanto, esos espacios eran ocupados también por líderes de opinión, abogados, personajes que además que están claramente identificados dentro de los intereses en contra de la averiguación de la verdad en este caso. Entonces, no es un hecho aislado, sino es un hecho que se da de manera paralela. Nosotros incluso lo informamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque era bastante evidente de que dentro de ese espacio de temporalidad, se habían incrementado los ataques tanto en redes sociales, como en algunos medios escritos y televisivos.

— Hay un detalle que llama la atención. La suspensión es la máxima sanción que puede emitir la autoridad a un fiscal. ¿Es factible aplicar ello por declaraciones?

Evidentemente, desde mi punto de vista, es absolutamente injusto y arbitrario. Porque el derecho a la crítica a las resoluciones judiciales está dentro de la Constitución y no solamente lo ejercemos los fiscales, lo ejercen los abogados litigantes, los medios de comunicación permanentemente. Y, precisamente, eso fue lo que sucedió en el caso de la señora Keiko Fujimori, dentro del ejercicio de la vida en tribunales. Porque lo que yo declaré fue producto de la litigación, no fue revelar algún aspecto reservado como incorrectamente algunos abogados opinan, en un absoluto desconocimiento. Que nosotros entendemos que es porque tienen también un evidente conflicto de interés.

—Lo que se dice en la resolución es que se lanzó improperios en contra de la jueza que presentó la queja y contra el resto de colegiado...

Eso es absolutamente falso. Porque si fuera así, eso sería un delito y la jueza me habría podido hasta interponer una querella, y eso no ha sido objeto de ningún tipo de acción penal al respecto. La señora jueza, lo que entiende en ese momento, es que para ella la crítica ha sido injusta, pero eso es parte de la obligatoria tolerancia que tiene un juez. Porque si los jueces tendrían que responder a cada fiscal, a cada abogado, a cada comunicador social que critica una de sus decisiones, imagínese lo que sería eso en términos de la realidad del ejercicio de la libertad de expresión. (…) Y por supuesto si habría sido de otra manera, una cuestión muy grave como se pretende decir, habría sido materia de un impulso inmediato, porque las faltas muy graves se deciden de inmediato. Son las máximas sanciones disciplinarias que corresponden a quien haya transgredido la ley de carrera fiscal. Y por eso es que es absolutamente carente de cualquier razonabilidad y proporcionalidad que se sancione 8 meses y 15 días, sin goce de haber, además, con lo que determinan otras consecuencias, porque todos vivimos de nuestro salario. Y permítame añadir algo: con un fiscal que, ese mismo día, se había hecho cargo de la investigación, y que estuvo por la mañana en mi despacho notificándome otras decisiones. O sea, que el señor no solamente fue capaz de emitir tres decisiones, sino la cuarta —de más de 50 páginas— en un intervalo de prácticamente horas. Eso genera una notoria sospecha de carencia de objetividad y de imparcialidad.

—Dentro de este proceso, ¿no se le dio la oportunidad de dar sus descargos?

No, se me ha negado toda la prueba de descargo. He solicitado testimonios, he solicitado ser escuchado... todo se ha negado. Porque lo que se buscaba era acelerar el procedimiento disciplinario el máximo posible. Porque también hay plazos de prescripción que se puedan vencer, entonces notoriamente había una voluntad previa ya de sanción, y toda esta festinación de trámites, está claramente evidenciado en toda esta circunstancia. Yo ni siquiera he sido escuchado antes de ser sancionado.

—Porque la resolución se cita un escrito que usted dirige...

Sí, lo que sucede es que cada etapa del proceso tiene la posibilidad de un descargo. Primero hay una investigación preliminar, en donde uno efectivamente hace un descargo, pero después de ello hay una fase instructiva donde uno puede producir prueba adicional, cuando ya se le abre un proceso disciplinario formalmente. Eso es lo que se ha negado, toda esa actividad y el derecho a ser escuchado fundamentalmente. Es curioso que el señor juramenta el miércoles por la tarde, y el jueves está resolviendo un caso altamente sensible como comprenderá, por todo lo que representa, sin incluso dar el derecho y la posibilidad de defenderse.

—Con esta resolución no se podría objetar ninguna decisión del PJ. ¿No es poner un candado a lo que un fiscal pueda decir?

Desde mi punto de vista, revela un prejuicio. Porque si eso pasara para cualquier otro fiscal, entendería que es una regla de entendimiento común. Pero eso no sucede en la práctica. Yo creo que es evidente que mis colegas permanentemente están en los medios de comunicación, como es su deber, porque es parte de la política comunicacional de la institución. Yo no estoy reclamando que les abran un proceso disciplinario, por el contrario, creo que revela la desigualdad, la inequidad y la voluntad predeterminada de, precisamente, afectar a quienes integramos el Equipo Especial; y que tenemos casos sumamente sensibles y que, precisamente, lo que se busca es retirarnos de nuestras funciones. Una situación muy parecida sucedió el 31 de diciembre del 2018, con el sentenciado y destituido fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry, que nos cesó en funciones al fiscal José Domingo Pérez y a mí, para que no se firmara un acuerdo de colaboración eficaz. Bueno, acá vemos una serie de identidades, el juicio de Toledo comienza en dos semanas, Jorge Barata tenía que declarar el día martes, así como ello está pendiente de que se inicie el juicio oral de la señora Keiko Sofía Fujimori, el caso del señor Martín Vizcarra comienza el 30 de octubre, el caso de la señora Susana Villarán está concluyendo la etapa de control formal de acusación y, como tal, todos los casos van madurando. Entonces hay también un reagrupamiento de las fuerzas que buscan la impunidad, que finalmente se coaligan también en contra de las personas que tienen la responsabilidad de, a través de las acusaciones, destruir la presunción constitucional de inocencia en juicio oral.

—Este hecho que se notificó el jueves, le hace recordar a lo que ocurrió en el 2018…

Absolutamente. Porque tiene las mismas características y, además, viene acompañada de las mismas arbitrariedades; es decir, del impulso acelerado de los procesos, el desconocimiento de los derechos a defenderse, el instrumentalizar el órgano de control como un mecanismo de abuso, terror y amenaza. Y que, finalmente, determina también la misma consecuencia, que es la salida del cargo de fiscales incómodos al poder. Porque finalmente se termina materializando la misma situación, pero a través de un mecanismo paralelo distinto que, en este caso, es el que está ejercido por la Autoridad Nacional de Control.

—La autoridad de control tiene otra investigación en curso en su contra y contra el doctor Domingo Pérez por presuntamente faltarle el respeto a la fiscal de la Nación Patricia Benavides...

Y hay otra más, por una queja del señor José Luis Sardón, del Tribunal Constitucional.

—¿Cómo augura que va a ser el resultado en estos procesos?

Evidentemente, tienen el mismo nivel de impulso y de festinación de trámites administrativos, de tal manera que estamos dentro de una estrategia más bien, para acumular sanciones. Porque las sanciones tienen también un sentido de progresividad en sus agravamientos. Entonces, ahora tenemos 8 meses y 15 días y, seguramente, en los otros casos la sanción seguramente va a buscar ser similar o incluso mayor. ¿Para qué? Para después perfilar seguramente alguna solicitud de destitución, que no depende de ellos, sino de la Junta Nacional de Justicia. Es una estrategia en realidad que lo que busca es retirarnos de los casos y generar un caos total, que favorezca a las personas que, finalmente, ahora están sufriendo las consecuencias de nuestro trabajo.

—Le consultaba ello porque este proceso, por las declaraciones del 2020, tuvo una resolución en cuatro meses desde que se inició formalmente. Con estos otros procesos, que también son por faltas muy graves, ¿no podría concretarse un alejamiento ya no por nueve meses sino por un año o más tiempo?

La ley establece incluso límites para esas temporalidades, pero parece que aquí el abuso no tiene límites. Por eso nosotros también estamos analizando la posibilidad, en términos de mi defensa legal, de acudir también a instancias constitucionales e incluso también de informar, como corresponde, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que ya tiene conocimiento previo de toda esta situación), para que eventualmente se pueda analizar la posibilidad de alguna medida cautelar. Porque, reitero, estas decisiones vienen asociadas a campañas de desprestigio permanente.

—Yendo un poco a la parte personal, prácticamente son nueve meses en los que evidentemente no solo se les está suspendiendo del cargo, sino que también la sanción es sin goce de haber. ¿No es una forma indirecta de solicitarle a usted su renuncia?

Sí, por supuesto. Es una forma de coacción, de abuso de poder. Efectivamente como usted lo dice, dentro del desarrollo de la dignidad del ser humano, está el derecho también a trabajar. Nosotros, como fiscales, recibimos una remuneración y somos empleados del Estado; y como tal ajustamos nuestra vida, nuestras obligaciones personales al salario que percibimos y a la garantía que tenemos de inamovilidad dentro de nuestros cargos. Un hecho que me veo obligado a revelar es que, por ejemplo, este año yo también ya tengo los requisitos para poder incluso postular a un ascenso. (…) Todo ese proyecto de vida, se ve afectado por estas decisiones de carácter abusivo, y lo que buscan en general todas estas coaliciones que buscan la impunidad y que el abuso del poder, es precisamente poner no solamente una bota en el cuello, como se da, claro, cuando un fiscal superior viene a notificar una resolución que perfectamente puede ser notificada por el correo o con un mensajero. A nosotros nos vienen a notificar fiscales superiores premunidos de su medalla, solamente para mirarnos a la cara y decirnos o darnos un mensaje de abuso de poder y de dominio. Pero nosotros no nos vamos a amilanar ante esa situación, porque tenemos claro cuál es el cumplimiento de nuestros deberes y tenemos la determinación y la convicción de hacer nuestro trabajo. Ciertamente, el abuso de poder muchas veces utiliza e instrumentaliza la ley, pero nosotros nos vamos a defender con todo el énfasis que corresponde dentro de una situación abusiva y sistemática que, por supuesto, esperamos que la justicia pueda eventualmente corregir.

—¿Un candidato a fiscal supremo podría seguir el proceso de ascenso con dos faltas muy graves?

Eso es otra cuestión. Porque (se) mancha la trayectoria de un fiscal que aspira precisamente a tener el alto honor de llegar a la máxima investidura que tiene el Ministerio Público, que es ser un fiscal supremo. En ese sentido, permítame decir que yo, dentro de mis 22 años de ejercicio de la magistratura, primero en el Poder Judicial como juez anticorrupción de primera y segunda instancia de apelaciones; y como fiscal superior, durante todo este tiempo nunca he tenido una medida disciplinaria en mi carrera. Y lo que buscan es precisamente macularla, mancharla, a través de estas sanciones disciplinarias también para poder postergar cualquier tipo de aspiración personal en ese sentido.

—En la práctica no solo se está descabezando al Equipo Especial Lava Jato sino también al subsistema de lavado de activos. El plazo no es menor, son casi nueve meses. ¿Cómo podría afectar a nivel general los procesos en curso?

Lo que sucede es que transmite un mensaje de inestabilidad dentro del ejercicio de las actividades del Ministerio Público, transmite una sensación, además, de una carencia de garantías respecto a lo que significa la posibilidad de que los fiscales sean autónomos en el ejercicio de sus funciones. Porque también es posible especular que la autoridad de control se puede terminar convirtiendo en un mecanismo de presión en todo sentido de la autonomía fiscal. Porque finalmente estas decisiones determinan la salida de los fiscales de sus cargos, y eso por supuesto que es un gran poder dentro de lo que significa la estabilidad en el ejercicio de nuestras actividades.

—¿Y usted va a renunciar?

Yo voy a luchar por el ejercicio de mi derecho. He construido una carrera que considero que ha sido siempre respetuosa de la ley. Reitero, dentro de mis casi 22 años de ejercicio profesional, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, nunca he sido merecedor de una sanción disciplinaria. Siempre me he conducido en el respeto irrestricto por la ley y por las formas también, dentro de lo que significa el litigio. Nosotros siempre hemos respetado de que las decisiones finales, que tienen que ver con la dirección de las investigaciones y las acusaciones; finalmente es responsabilidad de los jueces y estamos sometidos a ese instituto de legalidad y a ese nivel de garantía. Entonces como tal, siempre ha habido un respeto irrestricto en ese sentido, y por supuesto, yo voy a luchar con determinación y creo con solvencia, para demostrar estos abusos. Evidentemente siempre la expectativa cuando alguien solicita ejercer un derecho es el de obtener justicia, y de obtener lo que corresponde. Ciertamente, yo todavía no tengo una proyección exacta de lo que puede llegar a suceder, pero tampoco dejo de tener un análisis razonable de lo que usted me pregunta, y dentro de las consecuencias y de los escenarios naturalmente siempre está también la posibilidad de que estos sectores de poder y de abuso, puedan prevalecer dentro de sus propósitos ilícitos.

—¿Qué casos podrían verse paralizados con esta situación?

Paralizados en el sentido de lo que se transmite. Comprenderá usted que esto es un pésimo mensaje desde el punto de vista de lo que significa la seguridad jurídica también dentro de los múltiples procedimientos que nosotros realizamos. Porque si no tenemos una garantía de estabilidad dentro de nuestras posiciones, comprenderá usted que eso también conspira gravemente contra las estrategias de investigación. Por ejemplo, uno de ellos son los acuerdos de colaboración eficaz. ¿Cómo es posible negociar un acuerdo de colaboración eficaz si yo no sé si mañana voy a seguir en el cargo, por ejemplo? ¿Y qué garantía le doy al colaborador de que ese acuerdo se va a cumplir, si finalmente no tiene ni siquiera la garantía propia de poder continuar en el ejercicio de sus funciones? De tal manera que transmite un pésimo mensaje. Y porque además también cuando se desarticulan los equipos y las experiencias de trabajo, ciertamente hay una afectación intrínseca de lo que significa el momento en el que nos encontramos. Y por eso le hacía referencia a las 15 mega acusaciones que ya están presentadas, muchas de ellas ya iniciándose los juicios orales.

—¿Qué medidas va a adoptar usted ahora a partir de esta resolución?

La apelación inmediata, estamos ya trabajando en ella, agotaremos esa instancia. No tenemos evidentemente confianza en que vamos a tener un trato justo, objetivo, pero es lo que corresponde incluso dentro de la posibilidad de que esta decisión arbitraria abusiva se ejecute. Solamente la posibilidad de suspenderla es a través de la apelación. En paralelo, estamos analizando algunas estrategias legales, y buscaremos agotar todos los mecanismos que la ley faculta en ese sentido para garantizar no solamente el hecho de que continúen las investigaciones sin afectaciones y sin campañas de odio y de caos, sino que adicionalmente también se busque, por supuesto, el imperio de la ley en una decisión que carece absolutamente de razonabilidad.