En el 2011, cuando era candidato, el señor Humala anunció que los medios de comunicación estatales tendrían directorios independientes. Hasta hoy la promesa no ha sido cumplida. Por supuesto, es esperable que al presidente le cueste soltar el control de los mismos, pues ¿a qué gobernante no le gustaría tener tremendo aparato mediático al servicio de sus campañas de popularidad?

En el canal y la radio estatales, por ejemplo, la programación es interrumpida en cualquier momento para mostrar escenas de actividades que favorezcan la imagen del señor Humala y de su esposa. Incluso, como se hizo público hace algunos meses, TV Perú no tenía problemas en dar a la esposa del presidente una exposición mediática superior a la del primer ministro. Asimismo, aún está fresco el recuerdo de cómo se quiso cambiar el logo de ese canal por uno que, coincidentemente, era muy similar al de Gana Perú. Y es un reto imposible encontrar una portada de “El Peruano” que critique (aunque sea levemente) algún aspecto del gobierno.

Por supuesto, este conveniente uso de los medios estatales no ha sido exclusivo de esta administración. Todos recordamos, por ejemplo, cómo el gobierno anterior interrumpió la programación regular de TV Perú para difundir la proclamación de la candidata del Apra. En el gobierno del señor Toledo, por su parte, la portada de “El Peruano” fue utilizada para denunciar, luego de que la prensa criticara a la señora Karp, que los “medios no contribuyen con el país” (portada que a su vez mostraba una foto de la esposa del presidente llegando al país con el rótulo “Retorno con calor popular”).

Lo más indignante de este aprovechamiento es que, además, se produce a costa de los recursos de todos los peruanos. Como informamos ayer en un reportaje de Héctor Villalobos, el presupuesto de apertura del Instituto Nacional de Radio y Televisión (entidad que agrupa a TV Perú, Radio Nacional y radio La Crónica) se acerca a los S/.78 millones. Y el 97% de esos recursos es financiado por nuestros impuestos, pues el mencionado instituto no es capaz de generar mayores ingresos (probablemente porque la mayoría de anunciantes no encuentra conveniente invertir en medios que, en cualquier momento, detienen su programación para convertirse en altavoz del oficialismo). Algo similar sucede con la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. (que tiene a su cargo “El Peruano”, la agencia de noticias Andina y la unidad de negocios Servicios Editoriales Gráficos). La mayor parte de sus ingresos proviene de avisos publicados en el diario oficial por entidades estatales, es decir, con nuestros tributos.

¿Por qué faltando tantos recursos para inversión en infraestructura, seguridad o lucha contra la pobreza, los peruanos tendríamos que consentir que se use dinero público para financiar al megáfono del gobierno? Es difícil de entender.

No obstante, hay quienes sostienen que es importante que los medios estatales existan porque el oficialismo necesita poder hacer escuchar su voz. Esta posición pasa por alto que los medios privados siempre están interesados en difundir lo que el gobierno tenga que decir (es su negocio, después de todo) y que, de hecho, hasta estarían felices de que el actual presidente tuviese más disposición a sentarse más a menudo con ellos.

El problema que tienen los gobernantes no es que falten medios que difundan su voz. Es, más bien, que con los medios privados se corren el riesgo de que su voz encuentre una respuesta incómoda, en vez del cómplice silencio que ellos desearían que exista cuando se trata de un tema espinoso.

La existencia de medios informativos estatales, en fin, es más que discutible. Y, en todo caso, si por alguna razón vamos a tenerlos, la única forma aceptable debería ser sometiéndolos a directorios independientes, que puedan garantizar que el oficialismo no los utilice como herramienta para incrementar su popularidad a expensas de todos los peruanos. Por ello, el señor Humala, de una buena vez, debería hacer lo que ningún gobierno se ha animado a hacer con el megáfono estatal: soltarlo.