A finales de la década de 1830, cuando El Comercio nació, el Perú vivía un tiempo de insufribles componendas y luchas civiles; la política era un campo minado que los peruanos detonaban cada cierto tiempo. El diario decano debió lidiar con la censura de los breves y agresivos regímenes en el poder para no perder la perspectiva de sus campañas por la abolición de la esclavitud o por el respeto de la ley y la Constitución. El militarismo intimidaba, pero no debía ser el pretexto para claudicar en esa búsqueda de la verdad.
LA CLAUSURA POR LA GUERRA CON CHILE
Todo ese esfuerzo de las primeras décadas del diario, lamentablemente se truncó a causa de la guerra con Chile (1879-1883). Un poco antes del asalto a Lima, en enero de 1881, el periódico fue clausurado por el caudillo Nicolás de Piérola en 1880, en un acto de prepotencia y abuso del poder.
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El Comercio sólo volvería a las calles el martes 23 de octubre de 1883, el mismo día en que las tropas de ocupación chilenas abandonaban la capital. “No hay plazo que no se cumpla”, decía la primera frase de la nota editorial con la que se reabría el diario decano.
Como si fuera una imagen de película, el editorial describía que esa misma mañana los limeños pudieron ver cómo se alejaban, a paso aún marcial, los batallones chilenos con dirección al Callao, donde esperaban sus barcos. Lo hacían después de 33 meses de funesta ocupación.
Una emoción intensa debió haberse vivido entonces. El editorial, con la libertad de expresión recobraba plenamente, afirmó: “Este fausto acontecimiento que hace época en los anales de nuestros infortunios, marca también el comienzo de la era de la reconstitución y del trabajo”.
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Así, El Comercio volvía “a la vida azarosa de la libertad”, volvía a salir libre de presiones internas y externas, a las que el diario siempre se había negado tras la defensa de la capital en San Juan y Miraflores. En esos momentos vitales para el Perú, se recomendaba desde el editorial de aquel día “moderación y cordura”.
En ese documento histórico, se añadía: “En esta dificilísima situación debemos solo pensar en la salud de la República, y sacrificar en gracia al bienestar común, los pequeños intereses de cada cual”. Con estas ideas cruzamos el umbral de la nueva centuria: hacia el siglo XX.
LEGUÍA: SU ONCENIO POLÉMICO
El segundo periodo de Augusto B. Leguía (1919-1930), el conocido “oncenio”, fue turbulento en cuestiones de libertad de prensa y de libre expresión. El 10 de setiembre de 1919, a dos meses de haber dado un golpe de Estado, una turba de seguidores de Leguía saqueó y quemó la casa del director de El Comercio, Antonio Miró Quesada de la Guerra, así como una parte de la imprenta en el local del diario, el cual fue defendido por los propios dueños y trabajadores de esta casa periodística.
La solidaridad con el diario se dejó sentir de inmediato, porque no era solo un atentado a una empresa familiar; lo era a una idea de cómo vivir en un país democrático, y a la idea misma de libertad de expresión. Aun así, El Comercio mantuvo la calma, la suficiente serenidad para seguir su línea informativa, ajena a inquinas, venganzas o acusaciones.
Sin embargo, fue durante el “oncenio” de Leguía que se persiguió y deportó a varios ejecutivos del diario; y muchos periodistas de esta casa sufrieron acosos que terminaron a veces en la cárcel. Ciertamente, Leguía no solo persiguió al diario decano, también buscó censurar a La Prensa, el medio de la competencia, pero hermano en la lucha por la libertad de expresión.
El 24 de marzo de 1921, la gendarmería clausuró el diario de la calle Baquíjano, propiedad del doctor Augusto Durand, quien además era jefe del Partido Liberal. El Intendente de Policía entregó al director del periódico, Luis Fernán Cisneros, el decreto del Ministerio de Gobierno que acusaba a aquel diario vecino de llevar “una sórdida campaña de mentiras, calumnias y difamaciones”. Eran las formas del gobierno de conseguir sus objetivos políticos.
APRISTAS EN ACCIÓN Y EL GESTO DICTATORIAL DE ODRÍA
En noviembre de 1945, a cuatro meses de haber asumido el poder José Luis Bustamante y Rivero, el Partido Aprista Peruano (PAP) intentó imponer una ley que atacaba directamente a la prensa independiente. El Comercio no se quedó callado y denunció la vieja maniobra aprista.
La “Ley de Imprenta”, como se la conoció, nació de un proyecto de ley que los del PAP lograron aprobar en el Congreso. El 30 de noviembre de 1945 hasta un mitin y marcha organizaron con tan poca concurrencia que solo dieron unas vueltas por el jirón de la Unión, Belén y Chota, en el centro de Lima. El escaso número de marchantes se entendía porque la mayoría no concordaba con esa forzada ley que solo buscaba dañar la libertad de prensa en el Perú.
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La campaña que el diario decano realizó en contra de tal iniciativa parlamentaria tuvo una respuesta positiva en el público lector, al punto que no sorprendió la llegada de decenas de personas al edificio del periódico, en el cruce de Lampa y Miró Quesada. En el hall, con la imprenta a la vista, se dieron muestras de verdadero apoyo.
Por otro lado, el dictador Manuel A. Odría se ensañó especialmente con La Prensa, y en febrero de 1956, poco antes del final de su “ochenio” (1948-1956), puso presos a 30 periodistas de ese medio y de Última Hora, un diario vespertino. El Comercio no solo dio cuenta en detalle de la execrable persecución sino que se solidarizó públicamente con Pedro Beltrán, el director del diario de Baquíjano, que fue preso en el penal de El Frontón durante unos días.
EL GOLPE MILITAR VELASQUISTA, PRENSA Y REGRESO DE LA DEMOCRACIA
En 1968, el presidente Fernando Belaúnde Terry fue depuesto por un golpe militar. El régimen castrense devino casi de inmediato en una dictadura que trataría, como todas las dictaduras, de acabar con la libertad de prensa.
El Comercio de nuevo, como en otras ocasiones, respondió con valor a esos intentos iniciales del gobierno golpista de dañar la imagen como institución nacional del diario decano. No obstante, el plan de acabar con la libertad de expresión, que se llamó “Ley de Prensa”, se concretaría el 27 de julio de 1974, con el respaldo de las armas.
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Así se produjo la expropiación del periódico por la dictadura velasquista, que maquilló el acto usurpador con un fraseo demagógico. Se dijo que así se favorecería directamente al sector del agro, a los campesinos peruanos; sin embargo, estos no obtuvieron la voz que pensaban tener sino que los que aprovecharon el espacio fueron las autoridades del gobierno dictatorial.
Durante seis años El Comercio, y otros medios de comunicación nacionales, estuvieron confiscados. Luis Miró Quesada de la Guerra, director del diario en 1974, no pudo ver el retorno del diario decano a sus legítimos dueños, ya que falleció el 24 de marzo de 1976, a los 95 años.
El 28 de julio de 1980, Fernando Belaunde Terry asumió por segunda vez la presidencia de la República, y cumplió una promesa que había repetido durante su campaña electoral: devolver los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. De esta forma, el diario decano recobró la aceptación y el respaldo de sus lectores y anunciantes.
EL AUTOGOLPE DEL 5 DE ABRIL Y EL CASO “FIRMAS FALSAS”
En 12 años de libertad de expresión ininterrumpida (1980-1992), el golpe del 5 de abril de 1992, dado por el propio régimen constitucional de Alberto Fujimori, puso nuevamente el tema de la libertad de expresión en el tapete.
Los medios de comunicación no se salvaron del acoso militar a nombre de Fujimori. Muchos de ellos fueron intervenidos o presionados en sus líneas editoriales para que no salieran al aire esa misma noche o al día siguiente condenando los actos de intimidación y presión que sucedieron en esas horas contra la oposición y las instituciones democráticas.
Representantes militares del gobierno visitaron el diario decano y aunque no desalojaron a nadie, dejaron dudas y sospechas sobre sus intenciones antidemocráticas. Luego, a finales de esa década de 1990, el régimen encontró la manera de acosar y atacar a sus opositores, no a través de medios intervenidos, sino con sus propios medios (“diarios chicha”), pagados por el Servicio de Inteligencia para ejecutar una agenda apropiada a sus intereses.
Ya en marzo del 2000, en plena campaña reeleccionista, el diario El Comercio denunció el caso de las firmas falsas del Frente Nacional Independiente Perú 2000, organización que promovía el gobierno de Alberto Fujimori para una tercera elección. Estas supuestas firmas sirvieron para lograr la inscripción de dicho frente e intervenir en el proceso electoral de ese año.
HUMALA Y SUS AMENAZAS CONTRA LOS MEDIOS
Durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), las intervenciones del propio jefe de Estado, que disfrazaba sus amenazas contra la libertad de expresión con el pretexto de un supuesto “monopolio” o “pulpo mediático”, obligaron a El Comercio a dejar en claro que la asociación entre el grupo El Comercio y Epensa era un ejercicio de libre empresa, y no se buscaba acaparar la información que el lector o consumidor elegiría de todas formas ante una diversidad de opciones periodísticas.
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Incluso el ministro de Justicia de entonces, Daniel Figallo, ya se había mostrado a favor también de una regulación de la prensa escrita; sin embargo, algunos miembros del gobierno, como la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, al mismo tiempo lo descartaron, puesto que ello podría poner en peligro la libertad de expresión o de prensa.
Estos son, en síntesis, algunos de los momentos que vivió el diario decano en defensa de una libertad que se defiende en el Perú sin medias tintas: la tan necesaria libertad de expresión.
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