Una de las preguntas que han estado ausentes en la discusión pública en los últimos tiempos es: ¿cuán importante es la inversión pública para el bienestar de los peruanos? A diferencia de la inversión privada, cuyos efectos en la creación de empleo y riqueza son fáciles de medir, el impacto de la inversión pública sobre el nivel de vida de la población es un proceso más complejo y menos evidente.
Frecuentemente, los analistas políticos y económicos utilizan el nivel de ejecución de los recursos de inversión pública como una aproximación para calificar cuán exitosa es la gestión de un ministro, gobernador o alcalde. Bajo esta perspectiva, mientras más cerca del 100% de ejecución se encuentre un ministerio, un gobierno regional o un municipio, se considera “positiva” dicha gestión. Así, por ejemplo, en el grafico 1 se aprecia que en el bienio 2014-2015 se logró el máximo nivel histórico de ejecución a nivel agregado para los tres niveles de gobierno, mientras que entre el 2007 y el 2008 apenas se ejecutó poco más de la mitad de los recursos presupuestados.
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Este indicador, sin embargo, no es necesariamente el mejor para comparar, por ejemplo, la gestión de dos municipios similares. Hace unos años me tocó visitar un municipio altoandino colindante con un centro de explotación minera. Este municipio ejecutaba casi el 80% de su presupuesto de inversiones, cifra muy superior al poco más de 50% que registraban otros municipios. Una vuelta a la plaza principal permitía apreciar la majestuosidad del palacio municipal, la nueva iglesia renovada bajo el rótulo de centro comunal, la piscina municipal temperada y –cerquita nomás– el coliseo cerrado polideportivo. El pueblo, sin embargo, carecía de servicios de agua y saneamiento de calidad para la mayoría de personas, y la escuela y el centro de salud se encontraban en condiciones deplorables. Es claro que se estaba ejecutando mucho, pero no necesariamente bien.
Entre el 2005 y el 2021, el país ha ejecutado inversión pública por un monto aproximado de S/400 mil millones en los tres niveles de gobierno. Este monto enorme equivale a casi la mitad de la producción total del país en un solo año. Todo este gasto, ejecutado principalmente en infraestructura de transportes, de centros de salud, de escuelas, y de sistemas de agua y saneamiento a lo largo y ancho del territorio, ha permitido que la población peruana incremente el número de hogares que tienen conexiones domiciliarias de agua, desagüe y luz, que haya un centro de salud más cerca y que se haya incrementado la matrícula escolar. Esta disminución en las brechas de acceso ha contribuido –como lo muestra el investigador de la Universidad del Pacífico Enrique Vásquez– a que disminuya la pobreza en el Perú medida en términos multidimensionales. Según ese indicador, que valora el acceso de los peruanos a dichos servicios, la pobreza en el Perú disminuyó de 29,5% en el 2010 a 21,8% en el 2015, y se ha mostrado en ese período un comportamiento similar al de la pobreza monetaria.
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Es importante mencionar, sin embargo, que a pesar de estos avances en el nivel de acceso de los hogares peruanos a servicios públicos (por ejemplo, el acceso a conexiones de agua para los hogares rurales se ha duplicado entre el 2011 y la actualidad) el reto pendiente es la calidad de dichos servicios. De manera específica, la calidad de los servicios básicos fundamentales –que son agua y saneamiento, educación y salud– es bastante mala medida en estándares mundiales. Si nos comparamos con Colombia, Chile y México –que son los países latinoamericanos que nos acompañan en la Alianza del Pacífico y ya son parte de la OCDE–, la calidad de nuestra enseñanza escolar, de nuestros servicios de salud y la del agua y saneamiento que entregamos a los hogares del país es bastante mala, con lo que se limita fuertemente el impacto en el desarrollo [ver gráfico 2, Calidad de los servicios básicos].
Esa mala calidad de los servicios básicos está íntimamente ligada a los modelos de gestión que usamos desde el Estado para proveerlos. La educación, la salud pública y la provisión de agua en el Perú siguen casi exclusivamente el modelo de gestión pública que –casi sin excepción– es poco prolijo en la calidad de los servicios que entregan a los ciudadanos. Existen, sin embargo, algunas experiencias en curso en el país que muestran que dicha calidad se incrementa sustantivamente cuando el sector privado participa en la gestión de los mismos. Es el caso de los colegios Fe y Alegría, de los hospitales Barton y Kaelin, así como de los policlínicos de la red de Essalud que son gestionados en su totalidad por el sector privado y de las concesiones parciales en producción de agua y tratamiento de desagües que administra Sedapal. La discusión que debemos enfrentar a futuro no debe ser si gastamos más o menos; debiera centrarse en cómo gastar mejor, y para ello es indispensable aumentar la participación del sector privado en la provisión de servicios básicos.
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