Entre las tres regiones con mejor ejecución se encuentran Junín, donde su gobernador Zósimo Cárdenas aseguró que el Congreso debería considerar la priorización de proyectos en la Ley de Presupuesto 2025 de acuerdo con los resultados de ejecución presupuestal. “Caso contrario sería una forma de premiar al que no tiene capacidad y castigar a quien ejecuta mayor presupuesto”, refirió.

Según recordó Cárdenas, en años anteriores se daban recursos adicionales como incentivos a la buena ejecución, pero esto no se ha dado en este 2024. “Se deben dar recursos en cumplimiento a objetivos de un presupuesto por resultados y establecer mecanismos legales y administrativos para la asignación oportuna de partidas presupuestales”, añadió.

En la misma línea se mostró el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, quien también registra una ejecución superior al 50% en proyectos. “El Congreso debería enfocar la distribución de presupuesto en función de los resultados obtenidos. Esto impulsaría una gestión más eficiente, recompensando a los gobiernos regionales que ejecuten mejor sus recursos y promuevan la mejora continua de sus indicadores, lo que contribuiría a un desarrollo más equitativo”, apuntó el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

Para el exministro de Economía, Carlos Oliva, si bien el mecanismo de presupuesto por resultados puede ser visto como positivo, no tiene como objetivo incrementar la ejecución sino que busca es mejorar la eficiencia del gasto.

“La otra práctica que existe hoy es la entrega de un bono a quienes ejecutan más. Eso, técnicamente, no es la metodología de presupuesto por resultados. Esta herramienta, particularmente, no me parece positiva”, aseveró.

Oliva considera que, en algún momento, se utilizó como incentivo. “Cuando fui ministro, también recibí esas propuestas de los gobernadores. Pero no consideramos estas herramientas porque estaríamos premiando a las entidades por lo que es su trabajo”, dijo.

No obstante, Oliva sí se mostró a favor de mecanismos que prioricen los proyectos de los buenos ejecutores. Algo que, líneas más arriba, comentó el gobernador de Junín.

Otro mecanismo que tomó como positivo son los incentivos a la ejecución que fijan objetivos. Mencionó el caso del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Existe también un fondo de estímulo para el desarrollo que aplica el MIDIS donde se tienen que cumplir metas como reducción de anemia. Ahí sí tiene sentido. Lo que se debe premiar es el la entrega del servicio, no la ejecución de la plata. Se puede ejecutar la plata y no tener la obra hecha”

Carlos Oliva, exministro de Economía

Este Diario también buscó conversar con los gobernadores regionales que no han llegado a ejecutar el 50% o apenas sobrepasan esta valla de su presupuesto para proyectos, pero la mayoría evitó responder. No obtuvimos respuestas de las gestiones de César Acuña (La Libertad), Walter Grundel (San Martín), ni de Gilia Gutiérrez (Moquegua).

En el caso de la gestión de Acuña, figuran cuatro obras atrasadas en la base de datos de la Contraloría. Entre estas tenemos la rehabilitación de 15 kilómetros de la ruta Chinchango-Julcán, y la tercera etapa del proyecto Chavimochic.

Entre las gestiones que ocupan los puestos bajos, el único que se atrevió a contestar es Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque. Pérez aseguró que existen factores para tener en cuenta respecto a la baja ejecución como las “restricciones legales”.

“Dentro del presupuesto, S/ 20 millones corresponden a fondos del programa de Reconstrucción con Cambios (RCC), los cuales tienen restricciones legales que impiden su ejecución inmediata. Este candado legal afecta nuestro porcentaje de ejecución general”, dijo.

Asimismo, Pérez alegó que, según sus proyecciones, cumplirá sus metas para fin de año. “A pesar de los procesos en curso y la programación para los próximos meses indican que lograremos una ejecución presupuestal sólida, alcanzando un 90,4% al cierre del año”, aseveró.

El dato

El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, alegó que su proyecto de inversión más importante para este año será el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento La Libertad, ubicado en la provincia de Huancayo.

Mientras que el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, indicó que su proyecto más importante para este 2024 es la recuperación del servicio ecosistémico de control de erosión de suelos en las comunidades campesinas priorizadas, con un presupuesto de S/ 16 millones.

Para Karla Gaviño, especialista en Gestión Pública, los problemas que hoy tienen los gobiernos subnacionales para ejecutar su presupuesto son múltiples. “Un tema importante son sus capacidades. A diferencia de lo que ocurre en los ministerios, tienen personas haciendo múltiples tareas en paralelo y sus contrataciones suelen ser un poco precarias. No encontrarás profesionales que cuenten con la capacitación necesaria para sus funciones”, acotó. También recalcó que entre las contrataciones no se prioriza el criterio técnico debido y algunas decisiones están politizadas.

“Otro aspecto adicional es que las transferencias que reciben llegan muy tarde. Las transferencias que les hace el gobierno llegan a lo largo del año. Cuando esto ocurre, el recurso que llega en la segunda mitad del año ya no se ejecuta, porque ni siquiera podrán hacer el proceso de selección. Algunos incluso piden al ministerio que ya no se transfieran los recursos porque no se podrán gastar y ‘saldrán mal en la foto’”, agregó.

Oliva coincidió con esta descripción y recalcó que la asignación, muchas veces, no sigue criterios técnicos sino discrecionales del Ejecutivo. “En junio o incluso después le inflan el presupuesto a los gobiernos regionales y locales. Dinero que a veces el mismo gobierno nacional no ha podido ejecutar. Ahí hay un tema que es responsabilidad del gobierno central. Las transferencias deberían desaparecer. Desde el 1 de enero, los gobiernos subnacionales deberían tener el dinero para poderlo gastar. La foto sale bonita para el ministerio porque ejecutó el 100%, pero el gobierno subnacional baja su nivel ejecución por el ingreso de nuevos recursos”, remarcó.

Tanto Oliva como Gaviño coinciden en que los problemas de la baja ejecución de los gobiernos regionales y locales no están necesariamente en la Ley de Presupuesto Público. Gaviño, por ejemplo, menciona que el cambio debe estar en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

“Esta ley no es anual, sino que se mantiene a lo largo del tiempo y define el ciclo presupuestario. Además, cada una de esas etapas del ciclo tiene una directiva específica. Creo que la reforma va más ahí, en las reglas del funcionamiento de la ejecución presupuestal, de cómo medir y analizar el gasto. Porque, al final, la Ley de Presupuesto define la entrega anual de recursos. Si priorizamos esa entrega anual y no vamos a temas más de fondo, no creo que veamos muchos cambios”

Karla Gaviño, especialista en Gestión Pública.

Oliva, por su parte, se centró en la necesidad de implementar la Ley Servir en todo el Estado. “Es bien sabido hoy que el personal, al no estar dentro del Servicio Civil, rota con mucha facilidad. La mayoría de los contratos son temporales o tipo CAS. Por lo mismo que no es personal de carrera, no es personal capacitado. Hoy no hay una bala de plata para resolver el tema de la ejecución, pero una de las medidas más importantes es implementar la Ley Servir en todos los niveles de gobierno. Ese es uno de los más fáciles de identificar”, dijo.