Derrame de petróleo: ¿Hay posibilidad de involucrar al directorio de Refinería La Pampilla, como planteó el ministro del Ambiente?

“Se está evaluando, a través del procurador, ver un tipo coercitivo para garantizar que los miembros del directorio de la empresa estén presentes en el proceso penal y respondan por el daño hecho”, indicó en conferencia de prensa.

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¿Hay posibilidad de que el caso alcance a los miembros del directorio de Refinería La Pampilla? De acuerdo a los especialistas consultados por este Diario, sí es posible que la investigación pueda alcanzarlos.

Investigación

Según Roberto Noriega, abogado penalista del Estudio Linares, hay posibilidad de que los directores sean incorporados en el proceso penal como “posición de garante”.

“[El fiscal] podría llamar a los miembros del directorio de la compañía. Siempre por la posición de garante, que es aquella situación que obliga o es la ubicación que ostenta una persona dentro de una organización, que lo obliga a tomar ciertas decisiones respecto de conductas que están orientadas a evitar un resultado lesivo, un resultado que pueda causar perjuicio a terceros”, explicó.

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En ese sentido, señala que si se demuestra que existió negligencia en el caso que pudo ser prevista, la investigación fiscal podría llegar hasta incorporar al directorio de la empresa perteneciente a Repsol.

A su vez, Daniel Ramos, director del área penal en el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, señaló que, en casos como el derrame de petróleo, dentro de las diligencias preliminares se citan o involucran a los principales representantes de la compañía, pudiendo alcanzar a los miembros del directorio.

Precisó que la eventual incorporación del directorio en la investigación no implica que se les impute responsabilidad en el hecho, sino que su inclusión tiene como objetivo inicial la recolección de información adecuada para esclarecer correctamente los hechos materiales, así como para identificar a los responsables en la estructura interna de la empresa Refinería La Pampilla.

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“Lo que va a ocurrir es que en el marco de estas diligencias se van a incorporar algunas personas, como efectivamente ya ha ocurrido, y posiblemente se puedan incorporar a otras. Podrían ser miembros del directorio, pero eso nos los hace responsables penalmente. Las investigaciones que se lleven a cabo tienen por finalidad identificar, dentro de todo el organigrama de la compañía y dentro de los roles que cada uno ejerce al interior de la compañía, en qué momento se tomó una decisión inadecuada, se omitió una supervisión y se incrementó un riesgo que desencadenó en este lamentable suceso”, acotó.

Sostuvo que para que la investigación fiscal identifique si hubo responsabilidad por parte del directorio de la empresa, este directorio tuvo que haber establecido directrices y supervisar su correcta implementación.

“Para el caso específicamente de los directores, por ejemplo, si se ordena el desarrollo y la implementación de este procedimiento [descarga del petróleo], pero nunca se entrega, no se realizan labores de supervisión ni capacitación, el directorio podría estar incurriendo en responsabilidad porque es posible que hayan omitido su deber de supervisión en este extremo, que se traduce en un incumplimiento a un deber objetivo de cuidado”, añadió.

Por otro lado, desde el lado de funciones, Noriega explicó que la investigación también puede involucrar a los ejecutivos como los gerentes bajo la posición de garante. Sin embargo, precisó que este aspecto tiene la vertiente de delegación de actos funcionales y delegación plena. Es en esta última donde si el gerente general realizó la delegación plena de facultades a otro gerente -como el gerente ambiental- para tomar decisiones en dicha materia, el proceso penal alcanzaría a esta persona, pero no necesariamente al gerente general.

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“De esa manera, el gerente general ya no puede responder penalmente, porque ya tiene un gerente ambiental, que es la persona que va a encargarse de monitorear a todos los subordinados que guarden relación con los temas ambientales”, indicó.

Ramos hace mención que la Corte Suprema de Justicia, con las casaciones 311-2012/Ica y 455-2017/Pasco, determinó los criterios para formular imputaciones dentro de una estructura societaria en casos de contaminación del medioambiente.

“La Corte Suprema establece que para justificar una imputación penal por un delito de este tipo a los funcionarios de una empresa, es indispensable que la persona a la que se le atribuye la conducta contaminante tenga competencia sobre el hecho en virtud a una normativa interna de la compañía. Esta puede ser a modo de acción u omisión, pero sin duda tiene que ser el responsable de haber incrementado el riesgo permitido”, expresó.

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¿Sanciones?

En el escenario en que el directorio de Refinería La Pampilla sea incorporada en la investigación, ambos especialistas indican que las sanciones se aplican con las sentencias judiciales, no durante el proceso penal. No obstante, señalaron que sí se pueden dar medidas cautelares.

“Se podrían pedir prisiones preventivas o impedimento de salida del país, pero eso lo van a pedir a partir de la etapa de investigación preparatoria. Ahora están en una etapa de investigación preliminar”, señaló Noriega.

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Ramos agregó que también existe la posibilidad de que la Fiscalía solicite medidas coercitivas durante la investigación preliminar, pero que se realizan de forma excepcional y tienen que estar correctamente sustentadas ante el Poder Judicial.

Como se sabe, este jueves el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla realizó la audiencia por el pedido fiscal de impedimento de salida del país para el gerente general de Refinería La Pampilla, Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena -también presidente del directorio de la empresa-, así como para Renzo Tejada, Gisela Posadas y José Reyes. El fallo se dará este viernes 28 de enero.

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