La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1726/2021-CR, que propone la “Ley que modifica los criterios de fiscalización de la tercerización del laboral”. Esta medida deroga el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, Decreto Supremo, que regula la tercerización laboral, impidiendo la contratación de personal bajo esta modalidad en áreas nucleares del negocio.
La comisión aprobó el proyecto con 14 votos a favor y dos en contra. La propuesta fue presentada por la parlamentaria de Avanza País, Norma Yarrow, con coautoría de los congresistas José Williams, Rosselli Amuruz, Juan Burgos, Patricia Chirinos y Diego Bazán.
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“Podemos afirmar que las disposiciones del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, vulnera la Constitución en la medida que atentan contra los siguientes derechos fundamentales: libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa”, indicó Silvia Monteza, presidenta de la comisión.
El referido decreto fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) en febrero pasado. Según anunció la cartera, la tercerización solo podrá ser aplicada a las actividades especializadas u obras vinculadas a “la actividad principal” de una empresa, pero que no tienen por objeto el “núcleo del negocio”, además de otras obligaciones. La norma fue impulsada por la hoy censurada Betssy Chávez.
“El decreto limita la capacidad que tienen las empresas de organizarse y definir desde el punto de vista estratégico cuál es la mejor forma de llevar adelante su negocio. La norma también repercute grave y desproporcionadamente en el derecho de propiedad de la empresa, ya que instaura un deber de pago de remuneraciones y obligaciones laborales a favor de los nuevos trabajadores”, agregó Monteza.
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El proyecto aprobado también exige que las empresas tercerizadoras estén inscritas en un padrón del MTPE y que los contratos de esta modalidad sean presentados ante la entidad. Además, si una empresa terceriza el 80% de la totalidad de sus puestos de trabajo, esta debe informar a la cartera, evaluará cada caso de los empleados dependiendo del sector en el que se encuentre la empresa.
Según fuentes de la Comisión de Economía, solamente faltaría que se culmine el texto final del dictamen para que este sea sustentado en el Pleno.
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