La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), junto a diversas cámaras de comercio regionales, pidieron al Gobierno que se derogue la ley que prohíbe la tercerización laboral para actividades que forman parte del núcleo de negocio de una empresa por “carecer de fundamentos técnicos”.
“[La norma] constituye un duro golpe para los trabajadores formales del país, contratados bajo esta modalidad, que se encuentran hoy frente a la posibilidad de perder sus empleos o transitar hacia la informalidad. De igual manera, es un perjuicio para las empresas pequeñas, medianas y grandes, las cuales contratan diversos servicios especializados y verán incrementados sus costos de producción”, dijeron en una declaración conjunta.
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Los gremios empresariales advirtieron que el Decreto Supremo N° 001-2022-TR afectará incluso a las instituciones públicas que demandan servicios de transporte de activos a diversas regiones del Perú o la ejecución de programas sociales.
“El principal problema de la norma es que prohíbe - asumiendo que todas las empresas abusan - cuando esto no es correcto y se resuelve con mejor supervisión y no con prohibiciones. La tercerización es una herramienta para organizar la producción de bienes y servicios de manera más eficiente, que se refleja en mejores precios y mayor competencia en beneficio del consumidor”, señalaron.
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A consideración de estas organizaciones, la emisión de esta norma da cuenta del perjuicio generado por el Poder Ejecutivo tras desligarse de profesionales con capacidad en gestión pública, quienes también han denunciado “nombramientos a dedo de personas sin experiencia”.
“Rechazamos el autoritarismo y la intransigencia del presidente Pedro Castillo y de la ministra Betssy Chavez quienes de forma arbitraria y a puertas cerradas, han emitido una norma ignorando el necesario diálogo social que caracteriza al Consejo Nacional de Trabajo. Así, la norma que acaban de promulgar fue propuesta por la propia ministra el 28 de enero en el CNT y luego emitida pasando por encima de los criterios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y del debate en los entes correspondientes”, puntualizaron.
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