El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este martes que el Ejecutivo transferirá S/ 21 millones adicionales a la Contraloría General de la República para aplicar el control concurrente a las acciones del gobierno como respuesta a la pandemia del coronavirus (COVID-19).
“Se transfieren S/ 21 millones adicionales a la Contraloría, precisamente para que haga este control concurrente simultáneo al sector publico: Gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales”, dijo hoy el mandatario en conferencia de prensa.
Los recursos se suman a los casi S/ 10 millones destinados al órgano de control para la fiscalización de la ejecución de los recursos destinados a la prevención, control, vigilancia y respuesta a la emergencia sanitaria del COVID-19.
“En esta etapa de emergencia nacional ya le habíamos transferido S/ 10 millones. Con estos S/21 (millones) tiene S/ 31 millones la Contraloría para que pueda desempeñar con la premura, la oportunidad y el profesionalismo necesario esta labor de supervisión y control simultáneo que es sumamente importante”, refirió.
Vizcarra aseguró que ya se han evidenciado algunos casos de corrupción entre algunas instituciones públicas, por lo que han decidido aumentar los recursos económicos con los que contará la Contraloría.
“Hemos visto que ya hay denuncias de corrupción. Siempre existe gente comprometida, responsable pero también hay gente mala, que trata de aprovecharse, de cualquier circunstancia. Para ellos necesitamos este elemento de control necesario”, puntualizó.
La transferencia de los S/ 21 millones anunciados por el presidente serán oficializados mediante decreto supremo el cual será próximamente promulgado.
El Ejecutivo ha emitido diversas normas en las que ha establecido medidas extraordinarias en materia económica y financiera, que implican transferencias de recursos a favor de diversas instituciones del sector público.
Los recursos transferidos a las entidades públicas serán ejecutados considerando la emergencia y oportunidad de la entrega de los servicios a la población, por lo que el Gobierno considera pertinente su fiscalización.
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