Se registran 102 conflictos sociales que llevan más de 3 años sin resolverse

El último informe de Defensoría del Pueblo, de septiembre, registró 206 conflictos. Respecto al mismo mes del año anterior, la cifra refleja 18 conflictos menos. Así, se redujeron 29 de tipo socioambientales y dos de tipo laboral, aumentaron nueve de asuntos de Gobierno Nacional y otros dos de asuntos de Gobierno Regional, entre otras variaciones menores.

Desde la publicación anterior (junio 2024) se registran 6 conflictos menos, se han resuelto 20 conflictos y han surgido 14 nuevos. De los nuevos conflictos, tres son de asuntos que competen al Gobierno Nacional, y uno de tipo comunal. En caso de los conflictos que se han resuelto, siete son de tipo socioambiental.

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Respecto a la antigüedad de los 206 conflictos registrados a septiembre, 102 (50%) llevan más de 36 meses sin resolverse, cifra similar a la del mismo mes del año anterior cuando se contabilizaban 110 (49%). La resolución de 60 de esos conflictos depende del Gobierno Nacional, y 28 de los Gobiernos Regionales.

Los conflictos de septiembre están compuestos por 45 conflictos con estado latente (permanecen ocultos, silenciosos o inactivos) y 161 activos. De los conflictos activos, 90 se mantienen en fase de diálogo (20 menos que en septiembre 2023), 40 en la de desescalamiento (cinco menos que en septiembre 2023), 13 en escalamiento (sin variación respecto a septiembre 2023), y dieciocho en fase temprana (once más que en septiembre 2023).

En septiembre también se observa que al menos un conflicto social se mantiene en todos los departamentos. Seis departamentos representan el 52% de todos los conflictos: Loreto, Cusco, Puno, Apurímac, Piura y Ayacucho. Es importante resaltar que el 60% de la atención de los conflictos sociales son responsabilidad del Gobierno Nacional, y el 28%, de los Gobiernos regionales.

El departamento con más conflictos continúa siendo Loreto. Sus 32 conflictos configuran el 16% del total nacional, y de ellos 7 tienen 69 meses sin resolverse desde enero del 2019. Además, del total mencionado, 24 están relacionados a la actividad económica del sector hidrocarburos (100% de las actividades económicas). La provincia Loreto es la que más conflictos acumula (17). Le sigue Datem del Marañón (10).

El segundo departamento con más conflictos sociales es Cusco, con 22. Esto representa el 11% del total nacional. De ellos, 4 conflictos tienen 69 meses sin resolverse desde enero del 2019.

Chumbivilcas es la provincia con más conflictos (seis), seguida de Espinar (cinco). El 83% de los conflictos están relacionados con la actividad minera.

En los últimos 12 meses se incorporaron 50 nuevos conflictos, que representan un 39% más que en el período octubre 2022 - septiembre 2023. Estos nuevos conflictos siguen mostrando un cambio en sus tipologías. Y es que, actualmente los conflictos socioambientales, asuntos de Gobierno Nacional y por asuntos del Gobierno Local representan el 53%, 13% y 5%, respectivamente. Pero, si miramos solamente los nuevos conflictos, los socioambientales representan el 34% del total, los de gobierno nacional un 26% y los de gobierno local un 10%. Estas cifras siguen marcando una tendencia creciente en los asuntos de Gobierno Nacional y Local, y una reducción del socioambiental. Así también, los nuevos conflictos relacionados a minería e hidrocarburos pasan, respectivamente, de 63% a 65%, y de 29% a 20%.