Gas es la palabra que más han mencionado los peruanos en estos últimos días, debido a su asociación con la tragedia ocurrida en Villa El Salvador, la cual tuvo su origen en una deflagración de GLP o gas licuado de petróleo.
Hablamos, acá, de un tipo específico de gas: el propano-butano, bastante conocido por su envasado en balones de 10 kilogramos.
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Se trata del combustible más usado por los hogares peruanos, pero no necesariamente del más barato, abundante o seguro.
De allí que el Gobierno se encuentre comprometido en sustituir su uso por el del gas natural, combustible que el Perú sí posee en abundancia y que ha demostrado ser menos riesgoso, gracias a su composición físico-química (se disipa rápidamente) y a la estricta regulación que lo rodea.
“Frente a la alternativa de usar un combustible que producimos en exceso y otro que debemos importar [el GLP], es que tenemos la intención de masificar a fondo el gas natural”, apunta Juan Carlos Liu, ministro de Energía y Minas.
Objetivo del Minem y del Gobierno es llevar este hidrocarburo a 1,5 millones de hogares en todo el Perú al cierre del 2020. Esto es, 400 mil conexiones domiciliarias más respecto a las 1,1 millones acumuladas a fines del 2019.
¿Significa esto que la masificación del gas natural despegará, finalmente, en las regiones?
¿Y LAS REGIONES?
Hace dos semanas, Día1 tomó conocimiento de que la empresa responsable de distribuir el gas natural en el sur del país, Naturgy (otrora Fenosa), había presentado una solicitud de ‘trato directo’ con el Estado Peruano.
Esto es, el paso previo al inicio de un arbitraje internacional.
En esencia, se trataría de un llamado de atención al Gobierno para que solucione el aparente ‘fracaso’ del proceso de masificación del gas natural en el sur.
Pero no se trata solo de Naturgy. También Quavii, concesionario para el norte del país, viene encajando fuertes pérdidas que amenazan con la viabilidad de sus operaciones.
La principal causa de esto, según el economista Humberto Campodónico, es la costosa logística (léase, licuefacción y transporte en camiones) que ambos concesionarios deben emplear para trasladar el gas natural desde Pampa Melchorita (Mala) hasta sus respectivas jurisdicciones.
Algo que no ocurre en Lima e Ica, únicas regiones que disponen de gasoductos.
Como consecuencia, el gas natural que consumen los hogares del sur y norte del país termina costando el doble que en Lima, con el agregado de que genera poco o ningún ahorro frente a los combustibles alternativos (como el GLP), según señala un reciente estudio de Gas Energy.
“En el caso de Lima, el gas natural sí genera un beneficio, pero en el resto del Perú no podemos hablar de una verdadera masificación”, advierte Álvaro Ríos, socio director de la consultora especializada en gas.
META: 400 NUEVOS HOGARES EN EL 2020
Las estadísticas son elocuentes. De las 1,1 millones de conexiones domiciliarias ejecutadas en todo el Perú al cierre del 2019, 950 mil (el 86%) corresponden a Lima y Callao (Cálidda).
Martín Mejía del Carpio, director general de Cálidda, refiere que la meta de su representada es conectar “por lo menos, 190 mil viviendas este año”, cifra similar a la del 2019.
Esto significa que los demás concesionarios tendrían que ejecutar 210 mil conexiones domiciliarias adicionales, para hacer realidad la meta estatal de llevar el gas a 1,5 millones de familias al cierre del 2020.
Los planes de los concesionarios no alcanzan, sin embargo, para satisfacer esta expectativa.
A saber: Quavii prevé conectar 25 mil domicilios, mientras que Contugas (Ica) visualiza añadir 5 mil y Naturgy tiene aún que resolver su trato directo con el Estado.
¿Cómo planea el Minem cumplir con su objetivo?
ÉNFASIS EN LIMA
Luis Espinoza, ex viceministro de Energía, sostiene que la única manera de conectar 400 mil hogares este año es aprovechar la vasta infraestructura existente en la capital para “enchufar a Lima”.
“En provincias estamos más atrasados porque aún debemos implementar las redes. Pero en Lima es más fácil, porque estas ya existen. Sin embargo, hay un problema, y es que las familias no se conectan porque no pueden pagar las conexiones”, explica.
Por esta razón, Espinoza aconseja usar a discreción los subsidios del Fise (el Bonogás) para redoblar la ejecución de conexiones en la Metrópoli.
Y eso es, precisamente, lo que se propone hacer el Minem, según Mejía del Carpio.
“Esta es una noticia nueva. Nos vamos a sentar con el Gobierno para ver cómo podemos meter más fuerza a la masificación en Lima”, explica el mandamás de Cálidda.
A su entender, se trata de una meta posible de alcanzar. Queda pendiente, sin embargo, el reto de masificar el gas natural en provincias, una aspiración que ya suma 16 años (desde el arribo del gas de Camisea a Lima, en el 2004).
¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar las regiones?
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