El Gobierno ha puesto pie en el acelerador en la “modernización” del sistema de salud pública, un sector hasta ahora relegado, con una brecha en infraestructura estimada en unos S/19.000 millones. La intención es activar la inversión mediante obra pública, pero sobre todo vía asociaciones público-privadas (APP).
Se trata de una iniciativa ambiciosa, que involucra al menos S/1.010 millones del Ministerio de Salud y US$280,2 millones anuales del Seguro Social de Salud (Essalud), a partir del 2021.
El mecanismo no es nuevo: este año cumple ocho años, tras la celebración del primer contrato con Salog SA, encargado del almacenamiento, distribución y abastecimiento de medicamentos para los 5,5 millones de asegurados de Essalud, en 362 puntos (hospitales y establecimientos).
Rogerio Marcondes, su gerente general, reconoce que no ha sido una experiencia libre de obstáculos. En efecto, solo desde este año le “han sacado el jugo” al contrato, dice a Día1 e informa que lanzaron tres programas .
Cuenta que la resistencia al cambio y la falta de institucionalidad por parte de Essalud impidieron implementar el control efectivo del sistema de abastecimiento, lo que frenó el ajuste de la tasa de retribución anual desde un inicio. “Es una controversia con Essalud, que está en fase final”, informa con optimismo el ejecutivo, que estima que la misma debería incrementarse en 40%, considerando el incremento de la demanda.
Asimismo, Essalud está actualizando la retribución de los contratos de APP “bata blanca” con Callao Salud SA y Villa María del Triunfo Salud SAC, informa Ismael Núñez, gerente de promoción y control de contratos de inversiones de la entidad. Estos contratos -en vigencia hace 4 años- implican la gestión clínica (con doctores y personal propio) y no clínica de los hospitales Alberto L. Barton Thompson (en El Callao) y Guillermo Kaelin de la Fuente (en Villa María Del Triunfo). “Nos encontramos en una etapa de trato directo”, refieren en IBT Group, socio mayoritario de ambos consorcios.
La cuarta experiencia en curso es la APP bata gris y verde en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja. “Quizá el beneficio más importante es que al no estar preocupado por la gestión no clínica, de los servicios y equipos, el director (del hospital) se aboca más al desarrollo de la gestión clínica”, afirma Diego Venegas, viceministro de prestaciones y aseguramiento de salud.
El INSN es la única APP del Minsa hoy, luego de que la iniciativa en el Hospital Sergio Bernales (Comas) se paralizara como tal para avanzar como obra pública. Venegas atribuye el retroceso a un “desconocimiento” del mecanismo entonces por parte de la población.
La misma suerte ha corrido la torre Trecca, adjudicada como bata blanca al consorcio homónimo (grupo Auna) en el 2010 por Essalud. Núñez informa que han ajustado los contratos y el proyecto vería la luz en el 2021. Día1 buscó obtener la versión de Auna, pero el grupo prefirió no participar.
MENOS BATA BLANCA “No queremos ser dos islas en el seguro social”, dice Carlos Roqués, gerente general de Callao Salud. En efecto, en adelante, el plan del Gobierno está puesto en impulsar las APP gris y verdes, especializadas y en red. Este último esquema -conocido como la tercera generación de APP en el mundo- implica la asociación de un centro de atención primaria a un hospital.
Tanto Venegas como Núñez señalan que se necesita “evidencia” sanitaria de la población en el tiempo para avanzar con bata blanca. Es decir, comprobar que más allá de la gestión y satisfacción, la población se mantiene sana.
Pero Venegas no cierra la puerta. “Donde creemos que sí podría tener un mayor beneficio es donde tenemos una brecha grande en recursos humanos”, dice.
Mientras se construye la evidencia (los operadores lo están haciendo en centros de data), Pro Inversión ya ha comenzado a mostrar los proyectos en cartera a inversionistas en road-shows.
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