El azar en el Perú: ¿Negocio rentable o simple fachada para el lavado de dinero?

Una investigación en base a información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que al menos siete offshore panameñas han figurado como accionistas de empresas que operan un total de 89 salas de juegos de azar en el Perú. En estas sociedades se puede identificar a empresarios como Félix Rosenberg Guttman, que fue involucrado en los Panama Papers, y la familia Mustafá, dueña de una cadena de hoteles de cuatro y cinco estrellas.

La revelación sobre estas sociedades offshore, como accionistas en casinos y tragamonedas o vinculadas a empresarios de este negocio, aborda la primera vulnerabilidad detectada por el reciente informe de la UIF: las dificultades de las autoridades para identificar a los reales dueños de los casinos y tragamonedas en Perú.

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En ese sentido, un reportaje elaborado por Connectas y La Encerrona, indica que en el 2018 el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) ya había recomendado al Estado peruano que mejore la fiscalización de las empresas de este sector.

Dicho esto, la UIF detectó en su estudio que “no se estaría cumpliendo con el estándar internacional de asegurar la identificación de los beneficiarios finales” de las empresas que operan este tipo de negocios. Además, la UIF analizó a los accionistas de las operadoras de salas de juego e identificó 271 casos en que no se conoce a la persona natural que debería figurar como dueña real del negocio.

El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.

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¿Cuáles son las regiones más vulnerables?

La Libertad y Puno son consideradas zonas “de riesgo geográfico” para el funcionamiento de casinos y tragamonedas, debido a la presencia extendida de actividades ilícitas, según la UIF. Además, según cifras oficiales del Mincetur en dichas jurisdicciones operan un total de 21 salas de máquinas tragamonedas.

La investigación sostiene que La Libertad es considerada centro de operaciones del narcotráfico por las autoridades desde el siglo pasado. De acuerdo a las cifras oficiales de la UIF, en los últimos 16 años, los dueños de casinos y tragamonedas en esta región han estado involucrados en operaciones sospechosas por más de US$ 201,000.

“Esta región siempre ha sido una prioridad dentro de la estrategia de la lucha contra el lavado de dinero”, dice el general PNP Ángel Toledo, exjefe de la Dirección de Lavado de la Policía. Para Toledo, el incremento de salas de tragamonedas en La Libertad “es un indicador de la disponibilidad de dinero en efectivo [...] y merece una especial atención de las autoridades”.

Puno por su parte, es considerada una región afectada por la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico. Por este motivo, se puede decir que es una de las jurisdicciones de alto riesgo para lavar dinero.

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Dueños de los casinos y tragamonedas

El informe de la UIF alerta sobre el elevado monto de operaciones sospechosas que han sido realizadas por dueños de casinos y tragamonedas o sus empresas. En los últimos 16 años, los dueños de juegos de azar han realizado operaciones sospechosas por US$ 479 millones, según datos oficiales de la organización.

Si bien la identidad de los empresarios involucrados en dichas operaciones sospechosas solo la conocen las autoridades peruanas, el estudio brinda algunos detalles adicionales. “Solo en los reportes emitidos entre 2007 y 2018 están involucradas 54 empresas que operan salas de juegos y 152 accionistas o directivos directos de estas compañías. La mayoría de estas alertas fueron emitidas por entidades bancarias y notarías”.

En esa línea, la corrupción y narcotráfico son las principales fuentes de dinero sospechoso vinculado a dueños de casinos o salas de tragamonedas, según los reportes del sistema financiero en las últimas dos décadas.

En las páginas finales el informe de la UIF concluye que el 35% de los casinos y salas de tragamonedas en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero. “Nosotros pensábamos que el entendimiento del riesgo que había en el sector era distinto y lamentablemente no era así [...] creo que hay un tema casi cultural, de sentir que ‘el problema no es mío, yo cumplo otro rol distinto, no sé por qué me someten a tantas normas’”, dice Sergio Espinosa, jefe de la UIF.