Ningún cambio es fácil. Algunos se dan más rápido, y otros son de más largo aliento. Este último caso es el de la reforma del sistema previsional. Actualmente, existen dos espacios en los que se revisa el tema: una comisión del Ejecutivo y un grupo de trabajo de la Comisión de Economía del Congreso. ¿Alguna de ellas impulsará realmente una gestión ordenada –aunque quizá dolorosa– de la esperada reforma?
“Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”. Esta frase, atribuida a Napoléon Bonaparte, de alguna manera describe lo que es y ha sido la discusión alrededor de la necesaria mejora del sistema previsional. Y es que, si en algo todos los involucrados están de acuerdo, es que lo que tenemos hoy debe mejorarse. La pregunta es: ¿cómo y cuándo? El cuándo, dada la turbulencia de los últimos años, parece quedar en un segundo plano. Lo importante, más bien, es el cómo.
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La recordada “comisión Omonte” fue la última que emitió un informe con sugerencias. Durante su funcionamiento, de al menos cinco meses, vio pasar todo el que estuviera interesado en participar de la discusión: la SBS, el BCR, las distintas AFP y la Asociación de AFP, la ONP, la OIT, las Naciones Unidas, académicos, abogados, economistas y hasta la ciudadanía (en audiencias públicas sabatinas). A nadie que hubiera querido participar de esta discusión le fue negada la palabra.
¿Los resultados? Muchas recomendaciones. Buenas, malas, regulares, pero recomendaciones al fin, que hoy son utilizadas como referencia por la nueva comisión del Ejecutivo. Pero, está también el informe de la Comisión de Protección Social creada en el 2017 y la propuesta que la Asociación de AFP llevó a Palacio de Gobierno en junio pasado. Material de revisión hay de sobra.
Además, Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que se hizo público la semana pasada en el que con el voto de 4 magistrados se declaró constitucional la ley que permitió el retiro de 4 UIT de las AFP. Más aún, la sentencia explica que el sistema privado de pensiones –al no tener un componente de solidaridad como sí lo tiene la ONP– no forma parte de la seguridad social. Aunque el fallo no es vinculante (se necesitan 5 votos) la discusión sobre el componente solidario, que está ya sobre la mesa, escala un grado en relevancia. ¿Nos acercamos a un sistema mixto? Ojalá no sea necesario volver a citar a Napoléon en este espacio.
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