Uno podría pensar que el mal funcionamiento del Estado es fundamentalmente el resultado de políticas públicas llena de muy buenas intenciones, pero que al estar mal diseñadas traen finalmente malos resultados. ¿Pero, alguien podría pensar que el Estado quiera hacerle daño a su gente a propósito? Bueno, eso es lo que venimos observando cuando constatamos que miles de entidades del Estado se han venido apropiando durante décadas del aporte de sus trabajadores a los fondo de pensiones de AFP. Un robo, en toda regla.
La deuda que mantienen entidades del gobierno nacional, municipalidades y gobiernos regionales, con trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) asciende a S/15 mil millones al cierre del tercer trimestre. Son más de 2.500 instituciones públicas que retienen mensualmente el 10% de los sueldos de más de 418 mil trabajadores, y no lo depositan en sus cuentas individuales de capitalización, perjudicando sus fondos para pensión, lo que afecta directamente el derecho a la seguridad social.
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El gran porcentaje de esta deuda se encuentra concentrado en los gobiernos regionales, que se han apropiado de más de S/8,3 mil millones del dinero de los trabajadores estatales. Lideran esta lista de inescrupulosos, los gobiernos regionales de Piura, Puno, Junín y Cajamarca. Los gobiernos locales, no se quedan atrás, pues le han quitado a los trabajadores más de S/3,6 mil millones, liderando la lista los municipios de Lima de La Victoria, San Martín de Porres, Bellavista y Callao. Sin embargo, cabe señalar que de manera individual, la institución que mayor daño le ha hecho a sus trabajadores, comprometiendo sus recursos para la jubilación, es el Ministerio de Educación-Sede Central, quien debe más de S/1,2 mil millones.
Todo esto sin duda se constituye en un escándalo. ¿Un Estado robándole, haciéndole perro muerto a sus trabajadores, incrementando su vulnerabilidad en vejez? ¿Cómo es posible que el Estado de manera consciente, decida hacerles daño? Esto es escandaloso. Se le debe a los trabajadores estatales afiliados a las AFP casi 2 puntos del PBI. ¿Cómo salimos de esto?
Actualmente en el Congreso existen un par de proyectos de Ley que buscan la devolución de este dinero, bajo la figura de los Repro-AFP. Otra alternativa, que sería mucho más efectiva y que daría una clara señal de compromiso de atender esta deuda, es que el responsable directo del pago de las deudas reprogramadas sea el Tesoro Público, concentrando las responsabilidades de miles de instituciones, que pueden verse tentadas a no pagar. Así, internamente, el Tesoro podría establecer mecanismos de detracción vía presupuesto público a las diversas entidades deudoras, con lo cual el mecanismo de pago fluye, y el trabajador estatal, finalmente, vea finalmente que el Estado deja de robarle, y se les devuelve lo que les corresponde.
A futuro, será importante desarrollar mecanismos más certeros de recuperación de estos recursos en favor del trabajador, que evite que esto vuelva a suceder. Esto puede lograrse, por ejemplo, con la incorporación de detracciones automáticas de los fondos de las seguridad social, para asegurar que los fondos no queden nunca en manos de la entidad estatal, sino de que vayan directamente a las cuentas del trabajador en su cuenta de capitalización individual.
Es importante que coincidamos que un Estado está para proteger a sus ciudadanos; no para hacerles daño, y menos para quedarse con el dinero que no es suyo. Dinero que le ha costado un duro esfuerzo ganárselo a cada trabajador para dirigirlo a su fondo de pensiones y no a los bolsillos de un Estado que sigue demostrando así su enorme indolencia.
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