El último CADE ha dejado en claro que el gobierno y el sector privado van a retomar las APP como una herramienta para cerrar la creciente brecha de infraestructura nacional y como un mecanismo para promover la inversión privada para reactivar el crecimiento.
Sin duda las APP fueron una de las víctimas más importantes del escándalo Lava Jato. La participación de Odebrecht en muchas concesiones de carreteras, irrigaciones y hasta hidroeléctricas promovidas y adjudicadas por Proinversión a inicios de siglo esparció un manto de suspicacia sobre este mecanismo. Las cifras confirman esta afirmación. De acuerdo a la publicación “Veinte años impulsando infraestructura y servicios públicos” de Proinversión de marzo de este año, los montos de inversión adjudicados en APP, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos entre el 2013 al 2017 ascendieron a US$19.394 millones. Post Lava Jato, entre el 2018 y el 2022 los compromisos de inversión sólo fueron US$4.769 millones. El mecanismo de APP cayó en desagracia y se recurrió a otros mecanismos como colaboraciones gobierno a gobierno para enfrentar otros proyectos de infraestructura como la reconstrucción del norte del país luego del Fenómeno de El Niño.
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En este contexto, los anuncios del premier Otárola en CADE para apostar por el uso de APP para promover la inversión privada con metas similares a los observadas durante 2013-2017 son bienvenidos. Este es un mecanismo idóneo para fortalecer la confianza entre el sector público y privado y reactivar la inversión, tan necesaria en este momento que es preciso reavivar nuestro crecimiento económico.
Si las investigaciones fiscales sobre los distintos procesos de APP que promovió Proinversión y en los que participó Odebrecht hubieran avanzado más rápido, quedaría claro que el problema no estuvo en los procesos de licitación y adjudicación de los proyectos. Los problemas aparecen en las adendas posteriores a las firmas del contrato. La reputación de las APP como un buen mecanismo para promover la inversión se hubiera reestablecido y hubiéramos seguido usando este mecanismo.
Son buenas noticias que se recuperen las concesiones y APP. Sin embargo, el mecanismo todavía debe ser perfeccionado para que sea más ejecutivo y eficiente. Es necesario además que al más alto nivel se apoyen de forma coordinada los planes de inversión de las concesiones ya existentes, muchas de las cuales como la de los aeropuertos regionales tienen más de 10 años y en el nuevo contexto pueden requerir adendas para desarrollar sus nuevas inversiones.
El mecanismo de Mesa Ejecutiva (ME) puede ser una metodología útil para que los diferentes actores involucrados – Proinversión, el MEF, los sectores, los reguladores, la Contraloría General de la República y obviamente el sector privado–, identifiquen mejoras normativas y procedimientos para hacer más agiles y transparentes estos procesos. La ventaja de la ME es que los problemas no se abordan de forma secuencial sino simultánea, apurando los resultados. Sin embargo, hay un límite a lo que pueden hacer las ME dado que cuando hay opiniones discordantes éstas se pueden estancar. Se requiere que alguien asuma la responsabilidad y decida qué hacer cuando las opiniones son divergentes. Se puede ampliar el mandato del Equipo Especial de Seguimiento de la Inversión del MEF y usar el Consejo Directivo de Proinversión para este fin y para no crear nuevas instituciones.
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