El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que habilitan a la Sunat para otorgar información relativa a las empresas Compañía Minera Antapaccay, Minera Yanacocha, Compañía Minera Milpo (ahora Nexa Resources Perú), y Minera Barrick Misquichilca para la defensa del Perú en el proceso arbitral iniciado por Cerro Verde ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La medida fue tomada mediante el Decreto Supremo Nº 239-2022-EF, que se publicó hoy en Normas Legales del diario El Peruano.
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Según la norma, la comisión especial creada por la Ley Nº 28933, debe informar la conclusión del proceso arbitral al Ministerio de Economía y Finanzas en el plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación a las partes, a efectos que este lo comunique a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Cabe señalar que, la empresa SMM Cerro Verde Netherlands B.V. presentó una solicitud de arbitraje ante el CIADI contra el Estado peruano, en el marco del convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y Países Bajos, relacionados a ciertos actos de la Sunat y del Tribunal Fiscal.
“Para una adecuada defensa de los intereses del Estado Peruano en el referido proceso arbitral, resulta necesario solicitar a cualquier instancia de la Sunat, toda información que guarde vinculación con el proceso arbitral iniciado por SMM Cerro Verde Netherlands B.V. ante el CIADI y lo solicitado por el Tribunal Arbitral a través de su Orden Procesal Nº 3″, se lee en la resolución.
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Recordemos que la minera Cerro Verde presentó en el 2020 una segunda demanda arbitral contra el Estado peruano ante el CIADI, luego de que el Poder Judicial ratificara las sanciones que emitió la Sunat por concepto de regalías no canceladas por la minera entre el 2006 y 2011.
Estas regalías impagas tendrían su sustento en la producción de la planta de flotación de sulfuros prima ríos operada por Cerro Verde desde el 2006 y que, según el Estado, no está incluido dentro del contrato de estabilidad tributaria suscrito con la minera en 1998.
En las dos demandas presentadas por los accionistas de Cerro Verde, se cuestiona el cobro de más de S/1.100 millones por concepto de regalías mineras.
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