La semana pasada, el Congreso de la República aprobó un dictamen que establece requisitos mínimos para la designación de funcionarios de confianza. Si bien existen miles de servidores públicos competentes y probos, los cuestionados nombramientos en posiciones de alta dirección durante los seis primeros meses de gobierno han puesto nuevamente los reflectores sobre los problemas por los que atraviesa el servicio civil peruano para contar con gestores públicos íntegros y capaces de atender efectivamente los retos y las necesidades de la población.
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Designaciones sin experiencia
Si bien el inicio de una nueva administración trae consigo inevitablemente la rotación de autoridades en entidades públicas, ello no debería significar el nombramiento de personas sin el grado de especialización que exige el cumplimiento de sus funciones, tal como ha venido ocurriendo.
Por ejemplo, el primer Gabinete de este gobierno estuvo conformado en su gran mayoría por funcionarios sin ningún tipo de experiencia en la administración pública.
En efecto, apenas una de cada cuatro carteras ministeriales fue asumida por personas que alguna vez ocuparon altos cargos dentro del sector público. Esta proporción es la más baja registrada entre los primeros gabinetes al comienzo de una nueva gestión a lo largo de la última década.
Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, indica que los puestos de confianza de las entidades públicas deberían ser encargados a profesionales en función de sus méritos, capacidades y experiencia previa. Según Galarza, la mayoría de estos funcionarios asumirá importantes responsabilidades que requieren un profundo conocimiento técnico y normativo, que les asegure un buen desempeño y un correcto accionar en la gestión pública.
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Las recientes designaciones de funcionarios no idóneos y poco preparados para asumir diferentes cargos públicos solo acentúan uno de los males endémicos de la gestión pública en el Perú. En el 2019, la Contraloría General de la República (CGR) encontró que uno de cada tres funcionarios designados en cargos de confianza no cumplía con las exigencias mínimas para sus puestos.
Además, al cierre del 2021, la CGR identificó a 7.740 funcionarios y servidores públicos, en los tres niveles de gobierno, con presunta responsabilidad en hechos irregulares, los que habrían causado un perjuicio económico al Estado por cerca de S/2.500 millones.
Brechas de capacidades
La falta de mecanismos que aseguren designaciones de personal calificado en los cargos de alta dirección de las entidades gubernamentales deja en evidencia un problema extendido en el Estado: la deficiente atracción y gestión del talento humano en la administración pública.
Según estudios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en el 59% de las 196 entidades públicas analizadas a escala nacional, la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos (ORH) también es un cargo de confianza. Por lo tanto, dicho cargo resulta susceptible a los vaivenes políticos, dificultando la selección y promoción de personal en función al mérito y la evaluación de desempeño. En efecto, según dicho estudio, entre enero del 2015 y setiembre del 2018, menos del 5% de jefes bajo análisis permaneció a cargo de una ORH, sea en la misma entidad o en otra, en similar rol.
Diversas evaluaciones de Servir a funcionarios públicos evidencian bajos niveles de capacidades técnicas, lo cual representa un obstáculo para que los servicios públicos puedan ser provistos de forma óptima.
Según la última evaluación, en el 2020 el 51% de los servidores públicos evaluados en el sistema administrativo de inversión pública carecía de los conocimientos necesarios para implementar adecuadamente proyectos, lo cual requería una capacitación prioritaria en dicha función. Estas limitaciones explicarían, en buena parte, el bajo grado de satisfacción con los servicios públicos que posee la población en el Perú con respecto al promedio de países de América Latina.
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Alternativas
Para Galarza, la construcción de un servicio civil más profesional requiere de una mayor articulación entre el sector público y la academia, la cual podría contribuir a la formación continua y al cierre de brechas de capacidades de los servidores públicos. Además, agrega que resulta clave que los líderes de las instituciones gubernamentales promuevan que más jóvenes puedan desarrollar una trayectoria de crecimiento profesional en la gestión pública, basada principalmente en méritos y resultados.
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En esa línea, Janeyri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, asegura que es muy costoso para el país que personas no idóneas dirijan las instituciones públicas. Por ello, se viene trabajando en un portal de acceso público para el seguimiento y supervisión a las designaciones de puestos de confianza, sobre la base del cumplimiento de los requisitos para estos cargos.
En paralelo, continúa la implementación de la reforma del servicio civil a través de la simplificación de procesos y la reducción de plazos para un tránsito más transversal de las entidades hacia regímenes de contratación de personal más transparentes y basados en méritos.
El desarrollo económico y social del Perú requiere un Estado de primer nivel, el cual solo será posible atrayendo a los mejores servidores públicos, escogidos principalmente por sus capacidades y vocación de servicio.
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