La empresa minera Antapaccay anunció la paralización de sus operaciones luego de que ayer un grupo de manifestantes ingresara a sus instalaciones, saqueando las pertenencias de los trabajadores y bienes de la empresa, e incendiando el campamento donde viven los trabajadores. Estas personas, informó la empresa, exigían la paralización de actividades y demandaban que los trabajadores protesten contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
“Un grupo de vándalos ingresó a nuestras instalaciones. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores. Los equipos de emergencia y de seguridad están trabajando para garantizar la seguridad de los empleados que se encuentran en la operación, así como para extinguir los incendios generados. Hasta el momento no se ha reportado ningún herido”, se leyó en el comunicado de la empresa.
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Los actos se iniciaron aproximadamente al mediodía y, a las 4:30 p.m., los manifestantes abandonaron el lugar, encontrándose la situación bajo control.
“Condenamos enérgicamente estos actos de violencia, demandamos respeto a la integridad de personas y de la propiedad privada, e invocamos a las dirigencias sociales a dialogar con las autoridades nacionales para poner fin a la ola de violencia que sacude el país con un lamentable costo de vidas humanas”, añadió la minera.
Ataque reiterativo
El especialista en conflictos sociales Iván Arenas explicó que esta no es la primera vez que la minera es atacada. Así, el pasado 13 de enero, manifestantes entraron e incendiaron tres camiones de la compañía.
“Antapaccay es una empresa que convive y está en buenas migas con las comunidades aledañas”, dijo.
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Según informó la empresa, esta entrega hasta un 3% de sus utilidades anuales antes de impuestos para financiar proyectos de desarrollo sostenible que, en situaciones extraordinarias como la pandemia del COVID-19, se destinaron a través de mecanismos excepcionales para satisfacer las necesidades básicas de la población.
Arenas anotó que los manifestantes no pertenecen a la comunidad. “Son algunos que tienen como consigna principal el que se vayan todos los trabajadores y la empresa pare operaciones cuando estaba ya operando con el mínimo, que es lo que hacen generalmente las mineras en estas circunstancias”, explicó.
Asimismo, aclaró que esta es una de las empresas mineras con mayor cantidad de trabajadores locales. “Un gran porcentaje de trabajadores son de la zona de Espinar, pero también hay de Arequipa, Cusco, Apurímac. No son trabajadores limeños, sino de regiones cercanas”, dijo.
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Desde el 4 de enero, la empresa desarrolla sus actividades en condiciones complejas, ya que los bloqueos viales impiden el ingreso de insumos necesarios para la operación y alimentación de los trabajadores, y la movilización a sus lugares de origen de forma segura.
“Desde entonces, nuestra capacidad operativa está siendo impactada progresivamente en todas sus áreas y proyectos”, anotaron.
Fruto de estas restricciones, la minera venía operando únicamente con el 38% de su fuerza laboral, y suspendió temporalmente el transporte de concentrados.
El ataque se suma al registrado el jueves a la unidad minera Constancia, propiedad de Hudbay Perú, donde un grupo de manifestantes ingresó de forma violenta e incendió equipos y dañó las instalaciones. Perjuicios que afectaron maquinaria importante para la relavera y camiones de transporte de insumos críticos para la operación.
La empresa genera el 70% (canon y regalías) del presupuesto municipal de la provincia.
Contrata servicios con más de 100 empresas locales por cerca de S/220 millones anuales.
Otorga más de 3.000 puestos laborales a los pobladores de Espinar.
Genera el 8% del cobre que el Perú exporta.
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