¿Qué pidieron los mineros que marcharon hoy en Lima?

Alrededor de unos 30.000 mineros artesanales marcharon este lunes desde el Campo de Marte hacia el Congreso como parte de su pedido de derogar la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, indicó Máximo Bécquer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú).

Dicha disposición establece que las personas naturales o jurídica inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tienen 90 días para presentar al Ministerio de Energía y Minas el contrato de explotación o cesión firmado con el titular de la concesión minera y que esté en registros públicos. Caso contrario, dejarán de formar parte del Reinfo automáticamente.

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Dicho plazo culmina el 20 de marzo, apuntó Aaron Quiñón, investigador afiliado del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico (CEMS-UP).

Con la derogatoria, el plazo máximo será hasta el 31 de diciembre, como lo señala la Ley 31388, aprobada por el actual Parlamento en el 2021. Y con ello, se pedirá el avance y aprobación de un proyecto de ley de la minería artesanal y la pequeña minería, señaló Bécquer a El Comercio.

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Y es que este lunes, los mineros que marcharon se reunieron con los congresistas Alejandro Muñante, Eduardo Salhuana, Jorge Marticorena, entre otros, para tratar esta derogación, agregó el presidente de Confemin Perú. Justamente, en la sesión del martes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, se sustentarán los proyectos sobre este tema y se ha invitado al titular del Minem, Rómulo Mucho, para informar sobre el proceso de formalización.

Para el martes, también, esta confederación va a buscar reunirse con el ministro Mucho. Se no haber acuerdos, se podría llegar a una huelga nacional, señaló Bécquer. Dicha decisión se tomaría el miércoles, añadió.

Formalización fallida

Quiñón sostuvo que, en base a un estudio hecho por el CEMS-UP y la Universidad de Oxford, el proceso de formalización de mineros artesanales y pequeños mineros ha fracasado por distintos factores.

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Algunos son que la legislación no diferencia la minería informal de la ilegal, y tampoco los tipos específicos de minería artesanal en el país; también que la política pública no prioriza en su enfoque a la formalización. Además, hay trabas administrativas y costos altos, explicó el especialista. Por ello, el proceso de formalización puede demorar entre dos a cinco años, costar desde S/6.000 hasta US$60.000 y sin garantizar la formalización, consideró.

Resaltó que una extensión del Reinfo no funcionaría, dado que no se atacarían los temas de fondo. A ello se suma la problemática de la minería ilegal y sus vínculos con el crimen organizado, como se ha notado en los casos de Pataz, en La Libertad.

En ese sentido, Quiñón sugirió iniciar un proceso de formalización nuevo recogiendo problemáticas en el proceso actual de formalización minera y también realizar un censo minero para tener información de las actividades mineras en esa escala a nivel nacional, así como crear puestos de avanzada en zonas donde hay minería informal.