El pleno del Congreso aprobó este jueves un proyecto de ley que plantea la modificación de la Ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional (Ley N°28583). Con esta decisión, el Parlamento dispuso la eliminación del carácter de “no prorrogable” del arrendamiento de naves extranjeras para el servicio de cabotaje e incentivar la construcción de una flota de naves de bandera nacional.Follow@EconomiaECpe
El dictamen modifica la mencionada ley, que establecía que el cabotaje (transporte de carga y personas vía marítima) estuviera reservado para naves mercantes de bandera peruana o navieros nacionales que pudieran arrendar una embarcación de bandera extranjera por un plazo máximo de 6 meses.
El aprobado proyecto de ley, impulsado por la congresista Luciana León, considera que la actual regulación limita el servicio de cabotaje. Por ello se planteó que las empresas o navieras nacionales que operan con embarcaciones extranjeras puedan prestar servicios por un período de tres años con la posibilidad de extender dicho plazo por un año más.
También se propuso que las empresas y navieras nacionales puedan arrendar una nave extranjera con un límite de cinco años mientras reparan o construyen una embarcación en un astillero nacional.
León destacó la aprobación de la norma porque dijo que incentivará un mayor desarrollo del servicio de cabotaje. Mientras en Brasil, Chile y Argentina tienen respectivamente 87, 25 y 22 naves con banderas nacionales para el servicio de cabotaje, en el Perú solo hay 11 embarcaciones de los cuales apenas 2 transportan productos y el resto se dedica al transporte de gas, petróleo y líquidos por ser más rentable, añadió la congresista.
“Con la aprobación de la norma, el 20% de la carga que viaja por tierra pasaría a nuestro mar, es decir cerca de 20 millones de toneladas podrían ser trasladadas por cabotaje. Además, los costos de transporte se pueden reducir en un promedio de 15%”, destacó la León en diáliogo telefónico con El Comercio.
PASO POSITIVOCarlos Posada, director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL, calificó como “positivo” los cambios normativos, porque -dijo- al poner plazos u otras restricciones al cabotaje se limita la actividad empresarial y la generación de empleos, lo que se traduce en menos recaudación.
“Cuando tenemos una regulación cerrada y solamente unos pocos pueden operar, lo que logramos es que el servicio sea limitado, de mala calidad y costoso”, acotó Posada.
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