El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, aseguró que la actualización de la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) impediría que el consorcio Cosco Shipping, que está a cargo de la construcción y operación del megapuerto de Chancay, abra un arbitraje contra el Perú. Este Diario pudo conocer que la empresa habría planteado un trato directo para buscar solucionar la controversia creada a partir del impedimento para que pueda operar en exclusiva los servicios de la infraestructura. La LSPN actual no contempla esa posibilidad si no existe un contrato que lo autorice.
“El proyecto de ley fue aprobado en primera votación, esperamos que esta semana tengamos la segunda votación con la cual el proyecto estaría expedito para ser promulgado y entrar en vigencia, con lo cual se soluciona el problema de la exclusividad”, afirmó.
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A pesar de esto, el hecho de que se apruebe la ley no detendría de oficio el trato directo ni impediría que el concesionario del puerto de Chancay pueda abrir nuevos arbitrajes basándose en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. Consultado al respecto, el titular del MTC comentó que la empresa estaría en su derecho de abrir una nueva controversia, pero que ello se analizará más adelante.
“Nosotros estamos haciendo el trabajo de promulgar la ley si se aprueba el texto planteado [en segunda votación], que nos parece un muy buen texto. La norma ya va a estar en vigencia. Si el Gobierno Chino o la empresa tienen todavía alguna discrepancia que plantear luego de aprobada la ley, están en su derecho y contestaremos en esa vía cuando lo plantee”, indicó. “[Como MTC] buscamos establecer un marco jurídico para que inversiones como esta, así como otras que esperemos lleguen, se den con reglas del juego claras y que no se basen en base a una interpretación”, agregó.
El texto sustitutorio de la LSPN fue aprobado en primera el pasado 18 de abril en el Pleno del Congreso. La norma permite que la Autoridad Portuaria Nacional pueda otorgar la exclusividad de la operación a empresas privadas a través de habilitaciones o licencias portuarias, situación que no se contempla en la normativa actual aprobada en el 2003. Actualmente Cosco Shipping tiene la licencia portuaria en Chancay.
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La primera etapa del puerto de Chancay se inaugurará en noviembre de este año y requerirá una inversión de US$1.300 millones. El proyecto en su totalidad representará una inversión de US$3.500 millones.
¿Qué es un trato directo?
El trato directo es un mecanismo de resolución de controversias previo a un arbitraje. A este acceden voluntariamente dos o más partes interesadas en resolver una discrepancia para llegar a un acuerdo beneficioso para ambas.
En casos que involucren inversiones extranjeras en el Perú, como en el puerto de Chancay, el camino previo al arbitraje es abrir un trato directo en el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), que se encuentra a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Según la ley que crea el Sicreci, el trato directo es obligatorio para cada controversia que se suscite para que el Estado y la empresa inversora tengan la oportunidad de solucionar sus diferencias directamente.
Gobierno a Gobierno
Por otro lado, Pérez-Reyes participó en el evento “Retos actuales y agenda crítica de las APP en Infraestructura de Transporte”, organizado por Ositrán. Durante su presentación afirmó que las constantes contrataciones del Estado a través de acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) se deben a las complicaciones de este para adjudicar y ejecutar grandes proyectos a través de la obra pública tradicional. Usó como ejemplo al puente Santa Rosa, que no tuvo postores por cuatro años mediante los procesos de contratación habituales, y que por la premura ante la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez fue incluido en el proyecto G2G de la vía expresa Santa Rosa, encargada al gobierno de Francia.
“El G2G funciona por los problemas de contratación pública. Por ejemplo, el Puente Santa Rosa estuvo en cartera cuatro años, tuvo cuatro procesos de selección, dos por obra pública y dos de Obras por Impuestos. Eso por dar un ejemplo. El G2G responde a una mala ley de contratación publica, pero no podemos pensar que el G2G es la solución a todos los problemas del país”, dijo.
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Por otro lado, anunció que el MTC presentará este año una cartera de inversiones ferroviarias que demandarán de una inversión de US$37 mil millones.
“Este año vamos a ver todo el tema ferroviario. Estamos hablando del tren de Lima a Marcona, del proyecto de tren desde Cajamarca a la costa y también hablamos del tren de cercanías de Ica a Huacho. La discusión es si [hacerlos] por obra pública, G2G, o a través de una APP porque el Estado no puede encargarse de ello. Lo intentó en el pasado y no salió bien”, comentó.
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