El comercio ilícito de bebidas espirituosas como el whisky, ron o vodka aumentó un 6,5% en el Perú durante la pandemia del COVID-19 y un 9,7% más en la región respecto al año anterior, según la firma Euromonitor.
Las cifras del estudio realizado por la compañía revelaron que el Perú es uno de los países de América Latina que consumiría la mayor cantidad de alcohol ilegal per cápita con 1,25 litros. Incluso, la suma es superior a la registrada en Colombia, país con el crecimiento más alto de la actividad ilícita, donde el consumo per cápita a fin de año sería de 1,040 litros.
Según la investigación, el mercado de bebidas espirituosas ilícitas crece en todos los casos, incluso bajo los escenarios más optimistas. Asimismo, se estima que, de darse una lenta recuperación económica, incrementarían las probabilidades de que aumente esta actividad.
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Euromonitor identificó que los propulsores recurrentes de la actividad ilícita en Perú responden a la desigualdad, el desempleo, el crecimiento de la población en edad legal para beber y la venta al por menor. Este último aspecto genera que las plataformas en línea y los proveedores tradicionales se conviertan en blanco de los vendedores ilegales.
Otro aspecto a considerar, es la alta frecuencia de consumo de bebidas tradicionales en el país, pues es una costumbre arraigada. Si bien es un sustituto de bajo precio, también puede causar daños en la salud.
“Vemos con preocupación las proyecciones de un incremento del 9,7% en actividad ilícita en América Latina y el Caribe. Con este estudio buscamos aportar hacia un mayor entendimiento de la problemática del comercio ilícito, específicamente en bebidas alcohólicas, debido al impacto negativo que ha demostrado tener”, expresó Lilian Krohn, Consultora Euromonitor International.
Históricamente, estudios realizados han demostrado que las ventas ilícitas generan un impacto negativo en la sociedad, gobiernos y negocios. Estos datos son importantes para la implementación efectiva de mecanismos de colaboración entre este sector, gobiernos y comunidades con el fin de combatir los efectos dañinos en la salud pública, las pérdidas fiscales y la propagación de bandas criminales, entre otros.
El modelo del estudio se basó en factores predeterminados incluyendo data macroeconómica proyectada en el 2020 como el PBI, ingresos y dinámicas de la población en conjunto con información histórica de estudios relacionados al alcohol ilícito. A eso se sumó un análisis del impacto generado por medidas específicas alrededor de COVID-19 como la disrupción en la cadena de abastecimiento, restricciones y comportamiento del consumidor. La base de la proyección asume una mayor ola de COVID-19 entre el primer trimestre a tercer trimestre del 2020, seguido por oleadas más suaves y mejor controladas en la segunda mitad del año.
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