El nuevo marco normativo para combatir el cibercrimen que el país ha definido este 2019 conllevará, en el mediano plazo, un alza importante en la demanda de soluciones de seguridad, estima Franz Erni, gerente para Perú de Fortinet.
Los cambios legales se iniciaron en febrero, cuando el Perú se adhirió al Convenio de Budapest. Acto seguido se arrancó en el Congreso con la elaboración y posterior aprobación de dos leyes – Cyberseguridad y Cyberdefensa– que son necesarias para el cumplimiento del convenio.
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Erick Iriarte, de Iriarte & Asociados, precisa que luego de promulgadas dichas normas restan aún tres retos más: reformar la legislación penal informática, desarrollar la normativa de informática forense y formar a los jueces, fiscales, policías e investigadores académicos o universitarios en la materia.
En lo inmediato, mientras se concretan las otras normas pendientes, se tienen 90 días para reglamentar las flamantes leyes, precisa Iriarte. Eso quiere decir que recién a fines de año se inicia su aplicación, lo cual conllevará en el 2020 a una mayor inversión en seguridad, tanto en el sector público (que ya le incluyó una partida en el presupuesto), como en el privado.
IMPACTODe acuerdo a las mediciones de Eset, el Perú está entre los países más desprotegidos frente a los ciberataques registrado en América Latina. A la semana, según Secure Soft, se denuncian entre 30 y 35 delitos informáticos, de los cuales más del 50% son fraudes electrónicos, 20% pornografía infantil y 10% suplantaciones de identidad.
Y no solo es un problema de la gran empresa o el Estado, pues más del 25% de las pymes reportaron ser víctimas de virus y pérdidas de información el año pasado.
Ante ese panorama, que viene acompañado de una acostumbrada baja inversión en seguridad informática, las expectativas de mayor demanda son claras. Erni considera que esto es positivo, porque refleja que entramos a una etapa de madurez.
“El impacto será alto, puesto que no solo se deberán mejorar las acciones para ciberseguridad (e invertir recursos de manera adecuada), sino entender que el desarrollo de políticas y regulaciones requiere la participación de todos los actores [relacionados al sector].”, recalca Iriarte.
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