La reconstrucción del país no es más solo una consecuencia obvia de las lluvias y huaicos ocurridos semanas atrás. El Gobierno la ha añadido como un nuevo eje para el crecimiento económico, ya que impulsará la inversión pública en infraestructura.
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Así, esta se suma a los otros dos ejes identificados por el Ejecutivo para generar nuevas fuentes de crecimiento distintas a la minería –la infraestructura y la productividad–.
Con este nuevo escenario, cabe preguntarse cuán viable es que la reconstrucción del país se dé en el mediano plazo para que se genere el impacto positivo esperado en la expansión del PBI. La tarea no es menor. Se espera que la labor de reconstrucción se haga más intensa en el 2018 y el estimado de crecimiento del PBI del Gobierno para ese año es de 5%.
NUEVAS REGLASLa inversión para la reconstrucción provendrá, principalmente, del sector público. Por esta razón, son claves las modificaciones hechas recientemente al sistema nacional de inversión pública –conocido antes como SNIP y que pasó a ser Invierte Perú (Invierte.pe)–.
Los especialistas consultados para este informe coinciden en que los cambios hechos simplifican los procesos. Sin embargo, es fundamental que los funcionarios públicos sepan cómo operar estos nuevos mecanismos.
En ese sentido, el Gobierno se encuentra trabajando en las labores de capacitación. A la fecha ya ha realizado 12 talleres sobre Invierte.pe y la próxima semana desarrollará talleres en siete regiones –incluidas, Piura y La Libertad– para brindar asesoría técnica a las entidades en la elaboración de la programación multianual de inversiones en el marco del nuevo sistema.
Sin embargo, el reto es grande, ya que persisten los usuarios del sistema que aún no saben operar a cabalidad las nuevas reglas. “Al menos, en Tacna y Cusco [el sistema] todavía es nuevo. Existe la necesidad de ‘bajarlo a tierra’”, comenta César Guzmán Barrón, de NPG Abogados. El especialista destaca la importancia de que el sector privado también se capacite.
“Creemos que siempre estamos en lo mismo. Pero no es así. [Con los cambios hechos] se está tratando de impulsar métodos transparentes y de control y supervisión durante el proyecto que permitan adecuarse”, detalla Guzmán Barrón.
No obstante, Milagros Mendoza, abogada del estudio Rubio, Leguía, Normand, hace una precisión: hasta ahora no se ha publicado la directiva que regulará el procedimiento para declarar la viabilidad del proyecto de inversión –la experta detalla que la fecha máxima para que se emita es el 9 de mayo–.
“Recién entonces se podrá saber si hay una simplificación real [para la inversión]”, comenta Mendoza. Esto aplica para las modalidades de obras públicas, asociación público-privada (APP) y obras por impuestos.
RESPONSABLE La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) destaca otro factor relevante. “La nueva normativa fue pensada para tiempos y situaciones normales. Atender la emergencia y la reconstrucción requieren establecer nuevos estándares constructivos para las soluciones, y planificar una respuesta integral”, señala Gonzalo Prialé, presidente del gremio.
En ese sentido, el ejecutivo considera que “es necesario establecer una eficaz línea de mando en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y no dejar los recursos en manos de autoridades locales o regionales irresponsables y de casi nula capacidad de gestión”.
Apoyo Consultoría precisa que la mayor parte de la ejecución de la reconstrucción estará a cargo de los gobiernos regionales y municipales, como lo establece la ley de descentralización.
Cabe resaltar que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que la tarea de la reconstrucción recaerá sobre el titular de la PCM, Fernando Zavala.
EXCEPCIÓN El propio sistema de Invierte.pe ha previsto que los proyectos de inversión de emergencia por desastres o peligro eminente pueden pasar por un procedimiento simplificado, anota Mendoza.
La especialista considera que si el Estado utiliza esa herramienta del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se tendrá un procedimiento simplificado (‘fast track’) que acelerará la ejecución de las obras.
Agrega que falta que el Gobierno se pronuncie al respecto, y luego emita una norma en que se identifiquen las zonas perjudicadas por desastres y cuyos proyectos de inversión tendrán un procedimiento simplificado.
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