El Congreso de la República oficializó este martes las tres leyes referidas al presupuesto público, equilibrio financiero y endeudamiento para el 2023, que se aprobó la semana pasada.
Mediante Normas Legales, publicada en el diario El Peruano, se estableció que la Ley Nº 31638 o Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 asciende a S/214.790 millones y comprende créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos de los gobiernos nacional, regionales y locales agrupados en el Gobierno central e instancias descentralizadas.
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Este monto es mayor en 9% (S/17.788 millones) al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2022, siendo el incremento más alto registrado de los últimos cinco años, sostuvo hace unos días el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Además, indicó que es un presupuesto descentralizado para la atención de necesidades básicas de la población, sobre todo de los más necesitados, distribuidas principalmente en los sectores de Educación, Salud, Transportes, y mejorar de la calidad de los servicios de justicia.
También para los recursos en el alivio a la pobreza y protección social, seguridad ciudadana, vivienda, construcción y saneamiento, fortalecimiento de la competitividad agrícola, y para promoción del empleo y productividad.
Equilibrio financiero
También se publicó en Normas Legales la Ley Nº 31639 o Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, que establece las reglas para asegurar el balance entre el ingreso y el gasto en el Estado.
Los ingresos para el financiamiento del presupuesto público 2023 provienen de Recursos Ordinarios (S/141.500 millones), Recursos Determinados (S/39.100 millones), Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (S/28.300 de millones), Recursos Directamente Recaudados (S/5.300 millones) y Donaciones y Transferencias (S/296,7 millones).
Endeudamiento para el sector público
Además, se oficializó la Ley Nº 31640 o Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023, cuyo objetivo es establecer los montos máximos para acordar nuevas operaciones de endeudamiento externo e interno.
En esta norma se incluye el monto de las garantías otorgadas y contratadas por el Gobierno nacional, para atender requerimientos derivados de los procesos de promoción de la inversión privada, mediante asociaciones público privadas.
En el documento se autoriza al Gobierno Nacional acordar operaciones de endeudamiento externo hasta por US$2.508 millones y de endeudamiento interno hasta por S/22.782 millones.
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