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Hambre, por Carolina Trivelli

“El derecho a la alimentación es incuestionable, pero no es lo único a atender”, señala la asesora de la oficina regional de FAO para América Latina y el Caribe

Carolina Trivelli

8/8/2021 18H56 - ACTUALIZADO A 8/8/2021 18H56

La crisis derivada de la pandemia trajo de vuelta temas que dábamos por superados o en proceso de superación, entre los que destaca el hambre.

De acuerdo con el más reciente reporte de las Naciones Unidas sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición (SOFI, 2021), en América Latina y el Caribe pasamos de 46 millones de personas pasando hambre en el 2019, a 60 millones en el 2020 (34 millones en América del Sur), lo que implica que 9% de la población de la región pasa hambre.

MIRA: Productividad, bonos y pobreza: superando estereotipos, por David Tuesta

En el Perú, el recrudecimiento del hambre es evidente. La aparición de centenares de ollas comunes son una muestra de ello. Según el SOFI 2021, en el 2013-2015 el 5,4% de peruanos pasaba hambre, aumentando a 8,7% en el período actual (2018-2020). Esto implica un estimado de 3 millones de personas con hambre. En el mismo sentido, el Programa Mundial de Alimentos, a través de encuestas telefónicas, encontró en enero del 2021 que un 12% de los entrevistados (que equivale a casi 4 millones de personas) respondieron que “regularmente pasaron un día entero sin comer” y que un 14% adicional “regularmente se saltó una comida o comió menos”.

Un país con hambre no puede progresar; una persona con hambre o una familia que no logra alimentar a sus niños no pueden salir adelante. El derecho a la alimentación es incuestionable, pero no es lo único a atender. Además de superar el hambre, sigue pendiente atender los problemas de malnutrición, como la desnutrición crónica infantil, la anemia, el sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. Nuestro sistema alimentario enfrenta enormes desafíos para combatir el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición, y hacerlo todo a la vez.

Hoy, por supuesto, urge atender la emergencia del hambre. Hay que activar y ampliar toda las acciones posibles desde el aparato público: más donaciones de alimentos a familias, organizaciones sociales, ollas comunes, sin duda; más programas de empleo temporal y transferencias (bonos) para que las familias puedan contar con dinero para comprar alimentos; más programas de asistencia alimentaria (como comedores populares); más alianzas con el sector privado para que se sumen a este esfuerzo (con programas como el Banco de Alimentos); y todo lo que tenga a su alcance para que nadie pase hambre hoy, mañana, pasado.

Atender la emergencia del hambre es imprescindible, pero no resuelve el problema de fondo: que ningún ciudadano pase hambre, ni por su condición económica ni como resultado de un evento adverso o una crisis –de salud, de la economía o por un desastre natural–. Para ello se requiere una estrategia mayor, no de emergencia, sino una política de estado. Y, para que esta exista y cuente con los instrumentos y recursos necesarios, se requiere una institucionalidad responsable de la seguridad alimentaria y nutricional. Hoy no es claro a quién le corresponde esa responsabilidad: ¿al Midis? ¿Al Minsa? ¿Al Midagri? ¿A las municipalidades? Sin un responsable claro es difícil lograr cambios que aseguren que lograremos evitar el hambre y transitar hacia un sistema alimentario eficiente, inclusivo, resiliente y sostenible.


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