La actual crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha afectado la economía de los empleadores y trabajadores. Hablamos de una cadena productiva, cada puesto de trabajo perdido afecta a la persona que lo pierde, a su familia y también al resto de negocios, pues pierden un cliente o potencial cliente; consideremos que una persona con ingresos reducidos o sin ingresos dejará de consumir en restaurantes, invertir en vestimenta o gastar en actividades de esparcimiento, entre otros.
Las leyes laborales no pueden estar enfocadas en establecer prohibiciones o incrementar los costos de las empresas. Este es un mal momento para poner más carga en los hombros de los empleadores, sobre todo en un país como el nuestro en el que la informalidad es el principal enemigo de los trabajadores.
Para hablar de sobrecostos, es importante tener en cuenta que en su Anuario Estadístico Sectorial 2020, el MTPE señaló que en la Planilla Mensual de Pagos 2020 (PLAME) figuran solo 786 empresas con más de 500 trabajadores (de las cuales 103 son empresas agrícolas, sector en el que las actividades se realizan solo en ciertas épocas del año), mientras que las empresas que tienen hasta 10 trabajadores son 259,703. Asimismo, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que INEI realizó en 2019 (previa al COVID-19) evidenció que las mypes representan el 95% de las empresas peruanas y que emplearon a 8.7 millones de trabajadores en 2019, lo que equivale aproximadamente al 47.7% de la población económicamente activa al momento del estudio. Se demostró también que el nivel de informalidad en este sector rondaba por el 85%.
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Esto significa que si se legisla pensando que todos los peruanos trabajan para grandes empleadores que pueden asumir estos nuevos sobrecostos, se va a beneficiar a una pequeña porción de trabajadores y se va a perjudicar a un grupo más grande de peruanos, pues estaremos empujando a las pequeñas y medianas empresas peruanas -que, según las cifras vistas, son la mayoría- al borde del precipicio y con ello a caer en la informalidad.
¿Quién pierde si una empresa decide operar desde la informalidad? Pues el trabajador, quien seguirá prestando sus servicios, pero esta vez sin contar con seguro de salud, vacaciones, gratificaciones, CTS, condiciones aptas en seguridad y Salud en el Trabajo, ni licencias por maternidad ni subsidios por enfermedad, entre otros beneficios laborales.
Así pues, medidas como eliminar la suspensión perfecta de labores con ocasión del COVID-19 no generará que las empresas paguen las remuneraciones de trabajadores que no prestan servicios, sino más bien la desvinculación de estos debido al costo que implicará asumir remuneraciones de personas que no están laborando, lo que empeorará la situación de los trabajadores pues además de perder el trabajo, perderán la cobertura en EsSalud que tienen para ellos y sus derechohabientes.
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Pensar que en caso de despidos se podrá recurrir al Poder Judicial para la reposición de estos trabajadores y el pago de sus remuneraciones devengadas a título de lucro cesante podría ser viable, siempre que estemos pensando en una empresa grande que todavía existirá dentro de dos o tres años, tiempo en que se resuelva el litigio. Pero si estamos frente a empresas medianas o pequeñas, la cantidad de deuda por remuneraciones que se generará condenará a la quiebra a esta empresa y dejará sin trabajo a los colaboradores que estuvieron dentro de la medida de suspensión perfecta, pero también dejará sin trabajo a los que venían prestando servicios dentro de las restricciones. Quienes hayan iniciado los procesos judiciales tendrán sentencias de difícil o imposible ejecución.
Muy probablemente, después del cierre “legal”, esta mediana empresa vuelva a prestar servicios desde la sombra de la informalidad, sin ningún tipo de control por parte de SUNAFIL, del Poder Judicial ni SUNAT, sin beneficios laborales, respeto a jornadas máximas de trabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, etc. Este escenario no es para nada exagerado pues ya es la realidad que atraviesan más del 70% de trabajadores peruanos. Si legislamos de forma incorrecta en periodo de crisis, pronto solamente dos de cada diez trabajadores peruanos tendrán derechos laborales. La alarmante estadística actual indica que solo tres de cada diez trabajadores tienen derechos laborales.
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