En un comunicado, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN, se pronunció respecto a la entrada en vigencia de la tercera fase del registro de terminales móviles (celulares) el 22 de abril próximo.
Expresó que la implementación de dicha fase implica la creación de una lista blanca de equipos de telefonía móvil, y solo los que están registrados en ella podrán funcionar en las redes de telefonía móvil del país debido a disposiciones sobre seguridad ciudadana.
“La obligación de realizar este registro recae en los importadores de los equipos, sin embargo, es importante dar a conocer que cerca del 80% de la importación de teléfonos móviles en el país no es realizada por las empresas operadoras. Asimismo, no puede dejarse de lado la importación y venta de teléfonos móviles que ingresan a través de la Amazonía, aprovechando el régimen tributario de esa región, así como la problemática de contrabando de teléfonos inteligentes”, añadió.
Asimismo, AFIN alertó que si todos estos teléfonos no están siendo registrados ante Osiptel, a partir del 22 de abril “una cantidad importante de peruanos que adquieran teléfonos móviles podrían verse afectados y perder la inversión realizada en dicha compra, pese a no tratarse de equipos de dudosa procedencia”.
Además, indicó que a la fecha se estima que el 69% de los teléfonos móviles que se activan diariamente no se encuentran en la lista blanca.
AFIN también precisó que no todo equipo móvil que será bloqueado por orden del RENTESEG tiene como origen el hurto de celulares.
“En ese sentido, mostramos nuestra preocupación por el impacto que causará la implementación de esta lista blanca en los usuarios en general, que habiendo comprado legalmente un celular, a partir del 22 de abril, se quede sin servicio y sin otra solución que comprar un nuevo equipo, causándoles un serio perjuicio”.
Por ello, AFIN hizo un llamado a los importadores para que cumplan con registrar los equipos ante Osiptel. Además, solicitó a las autoridades, Ministerio del Interior, Congreso de la República y Defensoría del Pueblo, “evaluar medidas para evitar ese grave impacto a los consumidores”.
“Reiteramos que, mientras no se ataque realmente a la demanda y la oferta de equipos robados y solo se concentren las medidas en la oferta formal que hacen los operadores, estas medidas seguirán sin tener los resultados que el país requiere, resaltando el compromiso y la disposición de la industria de colaborar en este objetivo, como ya lo viene haciendo”, finalizó.
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